Europa debe garantizar que la alimentación y la protección de la biodiversidad predomine sobre los intereses comerciales que impulsan los cultivos transgénicos, advirtió una coalición internacional de organizaciones católicas.
Las patentes de cultivos transgénicos, estimulados por la liberalización comercial y sus partidarios como la Unión Europea (UE), beneficia a grandes corporaciones a expensas de los campesinos en países pobres, según el grupo Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Seguridad (CIDSE).
El último informe de CIDSE, "Biopatentes y amenazas a la seguridad alimentaria: una perspectiva cristiana y de desarrollo", será enviado a funcionarios clave de la Dirección de Comercio y Desarrollo de la Comisión Europea, a los miembros del Parlamento Europeo y a los gobiernos de sus 15 países.
La UE apoya las reglas de comercio mundial en materia de patentes, que podrían permitir a grandes compañias controlar los recursos genéticos de la Tierra, advirtió Jef Félix, secretario general de CIDSE, alianza de 15 organizaciones católicas de Europa, América del Norte y Nueva Zelanda.
"Esas reglas resultan en la marginación y empobrecimiento de campesinos y comunidades de países en desarrollo. Eso contradice y afecta la política de desarrollo de la UE, que está dirigida a la erradicación de la pobreza y la promoción de la seguridad alimentaria", expresó.
"Europa debe asegurar que los compromisos internacionales de desarrollo, formulados en varias conferencias de la ONU en la década pasada, incluso en materia de seguridad alimentaria y protección de la biodiversidad, tengan prioridad sobre los intereses comerciales", agregó.
También urgió a la comunidad internacional a revisar las normas multilaterales de comercio con el fin de prohibir las patentes de organismos vivos, como postulan numerosos países en desarrollo en Africa, Asia y América Latina, y muchas organizaciones no gubernamentales.
La oposición a la propuesta de prohibición ha surgido, entre otros, de la Comisión Europea y estados miembros de la UE", apuntó CIDSE, agregando que existe una desigualdad fundamental en la formulación y revisión de las normas de comercio internacional.
CIDSE señaló que el actual sistema de patentes no compensa a pueblos indígenas por el conocimiento acumulado y la experiencia ancestral que hicieron posible esas supuestas invenciones.
El informe cuestiona el registro de sustancias basadas sobre el conocimiento tradicional, tendencia que impide a las comunidades indígenas que desarrollaron esos productos comerciarlos en los países donde fue otorgada la patente.
También expresa que la comercialización de variedades tradicionales de productos de granja es arrastrada a posiciones marginales del mercado, por lo cual los campesinos caen en la dependencia de variedades comercialmente uniformes.
Eso perjudica los cultivos de subsistencia de pequeña escala y los sistemas de producción basados en mercados locales.
"Esa es una seria amenaza a la agricultura en pequeña escala, con sus múltiples funciones, que podría afectar la seguridad alimentaria de millones de personas pobres", sostiene el informe.
Importantes protagonistas, como los campesinos pobres, la mayoría de los cuales son mujeres, son sistemáticamente excluidos de las negociaciones sobre comercio multilateral, a las cuales las grandes corporaciones tienen acceso ilimitado, agregó CIDSE.
"Por el momento, las corporaciones transnacionales tienen los medios para fijar precios, solicitar patentes en cualquier parte que quieran (cuyos costos serían demasiado altos para campesinos pobres), entablar batallas legales y patrocinar estudios privados de desarrollo basados en su estrategia comercial", dijo.
Según CIDSE, 80 por ciento de las patentes de alimentos genéticamente modificados pertenecen a solo 13 corporaciones transnacionales, y las cinco primeras compañías agroquímicas controlan casi "la totalidad del mercado global de semillas".
"Lo que es inaceptable es la creciente concentración del abastecimiento mundial de alimentos cada vez en menos corporaciones", opinaron Jef Félix y Justin Kilcullen, presidente de CIDSE, en el prefacio del informe.
Bajo el Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionado con el Comercio (TRIPS), Estados Unidos y algunos países europeos han ejercido presión para una protección más estricta de la propiedad intelectual, incluyendo cultivos transgénicos.
TRIPS es uno de los convenios básicos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) negociados en la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales y firmado por más de 130 países en Marrakesh, Marruecos, en 1994.
En los últimos años, numerosos países en desarrollo han manifestado su creciente preocupación de que las poderosas corporaciones del Norte estén "robando" y patentando sus recursos genéticos, y algunos de ellos pretenden que el patentamiento de organismos vivos sea quitado del acuerdo.
Pero los países pobres del Sur representan solo una pequeña fracción del comercio mundial y a duras penas pueden comprometerse eficazmente en negociaciones multilaterales sobre intercambio porque a menudo carecen de recursos.
Igualmente, la asistencia está condicionada a cambios en sus políticas comerciales.
"Algunos países no tienen representación en Ginebra (sede de la OMC, en Suiza) y dependen de la cooperación internacional para asistir a las reuniones", indicó CIDSE.
Numerosas organizaciones no gubernamentales impugnaron secciones del TRIPS, en conflicto, según ellas, con otros pactos internacionales, entre ellas la Convención sobre Biodiversidad, que garantiza el derecho de las comunidades a administrar sus recursos y materiales genéticos, como cultivos y sementeras.
Bajo el TRIPS, los países deben conceder patentes a cualquier invención por un lapso mínimo de 20 años, incluyendo cultivos genéticamente modificados, y otras manufacturas pueden obtener licencias para reproducir el producto patentado.
TRIPS da un plazo de 10 años, hasta el 2005, a los países en desarrollo para enmendar sus legislaciones sobre patentes, y podrán ser denunciados ante la OMC en caso contrario. (FIN/IPS/tra- en/ns/sm/ego/dv if/00
