El presidente electo de Chile, Ricardo Lagos, reafirmó el viernes 21 que en su gobierno el Poder Judicial tendrá plena independencia y que corresponde a los tribunales resolver sobre las querellas contra el ex dictador Augusto Pinochet, cuyo regreso al país es inminente.
Lagos se reunió con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Alvarez, como parte del ciclo de saludos y contactos previos a su investidura presidencial, que tendrá lugar el 11 de marzo.
El actual mandatario, Eduardo Frei, cumplirá al parecer su propósito de lograr, antes de que finalice su administración, el retorno a Chile del ex dictador Pinochet (1973-90), arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998.
El ministro británico del Interior, Jack Straw, comparecerá probablemente el martes próximo ante la Cámara de los Comunes para ratificar su disposición a negar la extradición a España de Pinochet por motivos humanitarios, debido a su deteriorada salud.
El general retirado y actual senador vitalicio, de 84 años, podría retornar a Santiago entre martes y jueves, según las estimaciones que se manejan en el gobierno y en círculos del alto mando del ejército.
En los últimos 15 meses el gobierno de Frei mantuvo un conflicto político y judicial con España, donde el juez Baltasar Garzón abrió un proceso por crímenes contra la humanidad a Pinochet, el cual motivó su arresto en Londres y el pedido de extradición.
El regreso del anciano general pondrá término al ámbito internacional del caso Pinochet, pero a la vez obligará a la justicia chilena a un pronunciamiento de fondo sobre las causas abiertas en Chile en contra del ex dictador.
El juez Juan Guzmán concentra las 57 querellas criminales que desde enero de 1998 se han presentado para reclamar las responsabilidades penales de Pinochet en violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura.
Tras su entrevista con el presidente de la Corte Suprema, Lagos dijo que el caso Pinochet debe ser uno más entre los procesos por crímenes represivos contra militares retirados que se tramitan en los tribunales.
"Desde el punto de vista judicial, todos los chilenos somos iguales ante la ley", dijo el mandatario electo, tras señalar que durante su mandato de seis años respetará escrupulosamente la independencia del Poder Judicial.
Lagos le garantizó a Alvarez que desde el futuro gobierno no habrá presiones hacia los tribunales ni en el caso Pinochet ni en ninguna causa, respetando la autonomía de los jueces.
El mandatario electo desestimó las interpretaciones que ven el recibimiento que el ejército prepara a Pinochet como una suerte de protesta de la institución armada por los juicios contra su ex comandante en jefe.
El ex dictador será esperado en el aeropuerto internacional de Santiago sólo por jefes militares y apenas aterrice en Chile se le trasladaría en helicóptero al Hospital Militar.
Según versiones de prensa, Pinochet permanecería una semana en el hospital, donde se la practicarán minuciosos exámenes, y luego sería trasladado a la casa de descanso que posee en Bucalemu, un balneario costero a unos 100 kilómetros de Santiago.
El lugar está circundado por terrenos del ejército, lo cual indica que el ex dictador contará con un resguardo permanente mientras permanezca allí en compañía de sus hijos y nietos. Se estima que estará al menos un mes en Bucalemu.
Lagos se reunió este jueves con la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), opuesta a los esfuerzos que el gobierno de Frei desplegó para impedir la extradición de Pinochet a España.
Según la AFDD y otros organismos humanitarios, en Chile no hay condiciones políticas para juzgar y condenar a Pinochet, por la inmunidad que le brinda su condición de senador y la presión que las Fuerzas Armadas y la derecha pueden ejercer sobre los jueces.
La AFDD, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y otros grupos de víctimas de la represión apoyan los esfuerzos de Amnistía Internacional y el juez Garzón para impedir la repatriación del ex dictador y conseguir su extradición a España.
Todas las señales procedentes de Madrid y Londres apuntan a que Straw mantendrá su negativa a publicar los exámenes médicos a Pinochet y a autorizar que lo analicen otros profesionales, para dejarlo finalmente en libertad.
Viviana Díaz, presidenta de la AFDD, señaló que el diálogo con Lagos fue muy franco y que espera del nuevo gobierno una disposición distinta que la del de Frei, quien durante largo tiempo se negó a entrevistarse con las directivas de la agrupación.
"Nosotras no vamos a cambiar y vamos a seguir exigiendo algo que nos pertenece, y que es conocer el destino de cada uno de nuestros seres queridos y que se haga justicia", dijo Díaz.
Durante los casi 17 años de la dictadura militar encabezada por Pinochet hubo 3.190 casos documentados judicialmente de crímenes contra los derechos humanos, entre asesinatos de presos políticos y desapariciones forzadas. (FIN/IPS/ggr/ag/ip hd/00
