La expulsión de México de un ciudadano estadounidense que participó en la fiesta de fin de año organizada por simpatizantes zapatistas de Chiapas es vista como una muestra de endurecimiento de la política migratoria del gobierno.
Appel Kerry Andrew se convirtió el martes en la primera persona expulsada del país en el 2000, de entre quienes visitan el estado sureño, donde hace seis años surgió el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con su declarado propósito de defender los derechos de 10 millones de indígenas.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre la medida, mientras interrogaba esta semana a una treintena de extranjeros a quienes citó desde el primer día de este año.
La convocatoria es con el fin de determinar si los visitantes, todos ingresados a México con visa de turistas, realizaron actividades no autorizadas por las leyes migratorias.
Algunas decenas de argentinos, canadienses, estadounidenses, franceses e italianos, entre otras nacionalidades, celebraron la llegada del nuevo año en la comunidad de Oventic, junto con unos 5.000 simpatizantes y bases de apoyo del EZLN.
"Al parecer, hay una tendencia a endurecer la ya cuestionada regulación de los observadores de derechos humanos" que visitan México, declaró el miércoles a IPS Edgar Cortés, director del Centro Agustín Pro Juárez.
El titular de la organización humanitaria jesuita afirmó que la expulsión de Andrew significa que "continúa la arbitrariedad de las autoridades a la hora de determinar lo que está o no permitido a los extranjeros".
Desde que hizo su aparición el EZLN, el primero de enero de 1994, Chiapas ha sido foco de atención de representantes de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.
Entre enero de 1994 y mediados del año pasado, el gobierno mexicano expulsó del país a unos 400 extranjeros que visitaron alguna de las comunidades consideradas bastión de los zapatistas, señaló Cortés.
Sin embargo, la cifra exacta es imposible de cuantificar, debido a que muchos de ellos son "invitados elegantemente a abandonar el país, lo cual cumplen para descartar el riesgo de que les sea prohibido retornar", precisó.
Para ingresar a México como observadores los delegados de organizaciones humanitarias extranjeras deben "cumplir con engorrosos trámites, que pueden llevar incluso meses, y que solo les permitiría realizar sus labores durante escasos 10 días", añadió.
En razón, de ello los observadores llegan a México en calidad de turistas, "lo cual evidencia la tendencia oficial a dificultar la gestión" de los extranjeros "preocupados por la situación de los derechos humanos en el país", aseguró Cortés.
Miles de indígenas tozotziles de la región de los Altos de Chiapas festejaron desde el 31 de diciembre y hasta las primeras horas del 2000 el sexto aniversario de la irrupción del EZLN en la historia de México.
Con música, baile y teatro, los indígenas vivieron varias horas de fiesta pacífica, con vivas al máximo dirigente del grupo armado, el subcomandante Marcos, y al héroe de la revolución mexicana de principios del siglo pasado, Emiliano Zapata.
Jóvenes tzotziles sorprendieron, además, con una satírica representación teatral acerca de las situaciones que viven las comunidades zapatistas por la presencia del ejército en la zona.
La militarización de los Altos de Chiapas y de la selva Lacandona, incrementada desde los primeros meses de 1999, alcanzó su nivel más alto a comienzos de diciembre, denunciaron distintas organizaciones humanitarias.
Cortes dijo que la expulsión de Andrew y los interrogatorios a extranjeros que celebraron con los zapatistas son, además, una prueba de las dificultades del gobierno para precisar cuales son, a su entender, actividades políticas.
"La discrecionalidad permite a las autoridades migratorias determinar que un turista que acude a una fiesta efectúa de esa manera un acto político, aún a costa de atropellar las garantías de los extranjeros", afirmó.
El INM citó el lunes a ocho estadounidenses, dos argentinos, tres franceses y dos italianos, y el martes fueron convocados tres italianos, tres franceses, tres estadounidenses, entre otros.
La política migratoria del gobierno, "más que de regulación, es de persuasión para que los observadores decidan no visitar México", y los interrogatorios "permiten suponer que el número de expulsados será más de uno", indicó Cortés. (FIN/IPS/pf/dm/ip hd/00
