El gobierno de Panamá emprenderá una cruzada contra la marginalidad e intentará reducir la pobreza a 30 por ciento en el año 2003, pese a enfrentar dificultades presupuestarias.
El desafío fue aceptado por autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, luego de completar varios estudios y análisis de los proyectos que sustentan la agenda social de la presidenta Mireya Moscoso.
"Estoy seguro que vamos a cumplir la meta de reducir la pobreza", con el apoyo de organismos internacionales que colaboran con el esfuerzo de desarrollo humano, dijo el viceministro de Economía, Ricardo Quijano.
Unas 54.000 personas pertenecientes a 80 comunidades en áreas con mayor concentración de pobreza serán beneficiadas a través de un agresivo programa, que propone su incorporación a las actividades productivas, de salud y educación, para hacerlas sustentables en materia económica, añadió el funcionario.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), grupos privados e instituciones estatales.
Quijano precisó que el gobierno negocia con el BID un préstamo por 72 millones de dólares a favor del estatal Fondo de Emergencia Social (FES), para mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones marginadas.
Un estudio de niveles de vida realizado en marzo pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), reveló que la pobreza total afecta a 37,3 por ciento de la población, estimada en 2,8 millones de habitantes.
De acuerdo con el estudio, la pobreza extrema, acentuada en las áreas rurales, alcanza a 18,8 por ciento.
Sin embargo, un informe preparado con métodos alternativos por el Instituto de Estudios Nacionales (IDEN) de la Universidad de Panamá estimó que la pobreza absoluta afecta al 41 por ciento de los hogares y al 53 por ciento de los menores de cinco años.
En la actualidad, el Estado ejecuta programas y proyectos con objetivos sociales por el orden de 850 millones de dólares, de los cuales están pendientes de desembolso unos 508 millones.
La mayor parte de los proyectos vigentes para erradicar la pobreza surgieron durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y se espera que los mismos sean reforzados por la presidenta Mireya Moscoso, quien asumió en septiembre con una oferta para privilegiar las políticas de desarrollo social.
No obstante, los analistas económicos señalan que la pobreza en Panamá es un problema complejo y no se erradicará con un programa permanente de transferencia de ingresos a los pobres.
Rosa De La Cruz, coordinadora nacional de Estudios de Niveles de Vida del Ministerio de Economía y Finanzas, dijo a IPS que "la lucha en este sentido implica un conjunto de acciones que generen equidad, inversión y, a su vez, empleos y soluciones a los problemas de la gente".
"Si la economía no crece, no se puede reducir la pobreza", precisó De La Cruz.
La economía panameña creció en 3,5 por ciento en 1998, pero De La Cruz opinó que se requieren mayores niveles de crecimiento y de productividad.
Un estudio de la Comisión de Libre Competencia del Comsumidor indicó que la canasta básica para una familia promedio es de 207 dólares al mes.
Los estudios oficiales confirman que 44 por ciento de la población del país vive en el área rural e indígena, mientras que el 77 por ciento de todas las personas pobres habitan en esas áreas, lo mismo que el 91 por ciento de los habitantes en condiciones de pobreza extrema.
Uno de los factores que agudiza el problema, es que el 55,2 por ciento de los hogares pobres rurales no tienen acceso a tierras propias para uso agropecuario, mientras que el 70 por ciento de los hogares pobres que disponen de tierras para este fin poseen menos de 10 hectáreas.
Por ello, el gobierno privilegió un programa nutricional en las escuelas y otro para la organización de granjas rurales sustentables, que producirán y comercializarán sus productos.
La primera de esas granjas fue inaugurada en octubre en el distrito de Capira, al este de la Ciudad de Panamá, con el patrocinio de una empresa privada del ramo de los seguros.
Se estima que 100 granjas de ese tipo podrían ser creadas durante el mandato de Moscoso, si se obtienen los fondos necesarios para su funcionamiento.
Sin embargo, a causa de los ingresos limitados y a desembolsos realizados a principios de este año, el gobierno reconoció que existen dificultades para cubrir los presupuestos ministeriales correspondientes al año 2000.
El proyecto de presupuesto del Estado para el próximo año prevé ingresos por 5.093 millones de dólares, con una igual cantidad de egresos.
En los últimos años, el Estado panameño se ha visto en la necesidad de recurrir a los organismos internacionales de crédito, en procura de fondos que permitan atender los graves problemas sociales, como el déficit de unas 200.000 viviendas y la construcción de acueductos en áreas rurales.
A principios de este año, la deuda del gobierno central y de entidades descentralizadas alcanzó los 7.166 millones de dólares.
De la Cruz destacó que toda la sociedad debe contribuir a erradicar la pobreza, bajo el criterio de que "el crecimiento de la economía va a sustentar la inversión".
Cifras oficiales confirman que el 48 por ciento de las personas que trabajan en el comercio se ubican en el sector informal de la economía y De La Cruz estimó que las mismas podrían mejorar sus condiciones de empleo si recibieran capacitación.
Quijano reiteró, por su parte, que el gobierno se dispone a fortalecer los comités de créditos regionales, con la participación de las propias comunidades, con el propósito de promover la autogestión y la sustentabilidad.
No obstante, el funcionario advirtió que el descenso de precios internacionales en rubros como café y azúcar, y la pérdida de 60 por ciento en la industria pesquera, que en 1998 generó ingresos por unos 160 millones de dólares, podrían tener un efecto adverso en los planes de desarrollo. (FIN/IPS/dc/ag/dv/99
