Muchos en Pakistán, incluyendo a los liberales, justifican el golpe de Estado militar que derribó al ex primer ministro Nawaz Sharif, que había sido elegido en forma democrática, alegando que el gobierno depuesto era autoritario.
El retiro de Sharif del escenario político también dio lugar a temores e incertidumbres, porque la experiencia de anteriores gobiernos militares no fue buena para el país.
El gobierno del general Ziaul Haq (1977-1988) y los cambios constitucionales que impuso como presidente autoproclamado en nombre del Islam todavía causan problemas legales.
La situación fue bien resumida por la destacada activista por los derechos humanos y abogada Asma Jahangir, en un comentario divulgado por varios periódicos la semana pasada: "Un primer ministro impopular, autocrático y peligrosamente inepto fue despedido".
"Su salida trajo alivio a todos los que no podían vivir de manera segura en un país donde los derechos humanos básicos eran violados en forma sistemática. Ese alivio llegó a tal grado que excluyó la preocupación sobre el futuro del proceso democrático", comentó Jahangir.
La activista también señaló que por una cuestión de principios no se debe justificar el golpe de Estado, aunque el mal gobierno de Sharif pueda explicar que muchos desearan su destitución.
"La mayor falla del gobierno de Sharif estuvo en la violación de todas las normas de justicia, de la ley y de las tradiciones democráticas. Pero lo mismo ocurre con la acción del general (Pervez Musaharraf, líder del golpe de Estado) al pasar por encima de la Constitución", opinó.
"No puede haber dos estándares para juzgar acciones de la misma naturaleza, uno para los civiles y otro para el ejército", concluyó Jhangir.
Pero en realidad hay dos estándares, en parte debido "al alivio porque el jefe del Estado Mayor del Ejército no tiene barba ni habla el lenguaje del general Ziaul Haq o del movimiento talibán", apuntó el domingo el economista Akbar Zaidi en el periódico The News on Sunday.
Zaidi indicó que los liberales que apoyan el golpe militar son los mismos que apoyaron a Moeen Qureshi, un ex funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cuando fue primer ministro de un gobierno de transición en 1993.
"Esta vez declaran abiertamente que quieren que los militares permanezcan por un tiempo, por lo menos durante dos años, para limpiar los establos democráticos de sus componentes no democráticos", escribió el economista.
Zaidi, uno de los pocos críticos del gobierno militar, advirtió que quienes respaldan "esta intrusión del ejército en la política de Pakistán, la próxima vez podrían recibir la peor parte".
La mayoría de los grupos políticos optó por dar la bienvenida al gobierno militar, pero voces discrepantes como las de Jahangir y Zaidi son apoyadas por pequeños sectores como el Partido Laborista (LPP) y el Movimiento Socialdemócrata, los cuales exigieron el retorno de la democracia.
"Alguien debe defender los principios generales. Si la conciencia general es retrógrada, tenemos que mostrar el camino hacia adelante", declaró Farooq Tariq, secretario general del LPP.
A su juicio hay que dirigirse a la gente, de la cual recibió una buena respuesta durante una reunión pública en el Club de Prensa de Karachi, días después del golpe militar.
Tariq predijo durante esa reunión que el nuevo régimen será "muy represor" y que "los derechos fundamentales que el general Musharraf garantizó no durarán mucho tiempo".
Su pronóstico pareció confirmarse pocos días después, cuando una oficina de su partido en Lahore fue atacada por los militares, quienes interrogaron al editor del periódico del LPP y confiscaron ejemplares de su última edición, en cuya portada decía "No a la ley marcial".
Los ejemplares de los suscriptores ya habían sido distribuidos, y según Tariq eso fue lo que provocó el ataque.
El ataque fue repudiado por varias organizaciones no gubernamentales, incluyendo a la Comisión de Acción Conjunta, de la cual forman parte más de 30 de esas organizaciones en Lahore y que también se pronunció contra el golpe de Estado.
La Comisión de Acción Conjunta estaba a la cabeza de la oposición a una enmienda de la Constitución propuesta por Sharif para dar aun más poderes al gobierno federal, en nombre del Islam. También se ha opuesto con fuerza al desarrollo de armas nucleares en el país.
Musharraf aseguró que su gobierno trabajará para restaurar la armonía entre las cuatro provincias de Pakistán. Sharif se había enfrentado a las autoridades provinciales al favorecer a las de Punjab, donde había nacido el ex primer ministro.
Hay dudas acerca de la capacidad del ejército para promover relaciones más equilibradas dentro de la federación de provincias. "Su carácter básico reside en la centralización de poder", observó un activista en Lahore.
El gobernante militar fijó una ambiciosa agenda, y prometió al pueblo responsabilidad, renacimiento económico y desarrollo de las instituciones.
No será fácil cumplir esos objetivos con rapidez. Quienes esperan milagros de los militares podrían ser los primeros en manifestar su descontento.
"Los dirigentes políticos debería tomar esta situación con mayor seriedad que en el pasado. Ellos se burlaron del sistema que los había llevado al poder y abrieron camino para otro golpe de Estado del ejército", advirtió Jahangir.
"Deben arreglar la situación caótica que crearon junto al propio ejército, y en parte junto al Poder Judicial. Nadie está libre de culpa, y mucho menos quienes bailan al compás de las marchas militares", agregó. (FIN/IPS/tra-en/bs/an/at/mp/ip/99
