LONDRES – En el acto más destacado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de este año, Donald Trump reflexionó públicamente sobre su «gran decisión» acerca de si «aniquilar» a Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras decenas de delegados abandonaban la sala, tildó de «cobardes morales» a quienes condenan el genocidio en Gaza.
La ONU se fundó tras las devastadoras secuelas de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo explícito de «liberar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra». Su Carta compromete a todos los miembros de la ONU a resolver las controversias de forma pacífica.
Sin embargo, en la sesión anual de alto nivel de la81 Asamblea General de la ONU, celebrada en septiembre, varios líderes nacionales utilizaron una tribuna destinada a la paz y la cooperación internacional para justificar y amenazar con la violencia.
El tono belicoso de muchos discursos puso de manifiesto una crisis más amplia del multilateralismo. Los autócratas están imponiendo su voluntad, decididos a demostrar que la fuerza hace la razón o, como dijo Trump al alardear del control estadounidense sobre el petróleo venezolano, «al vencedor le corresponde el botín».
A esos líderes les importan muy poco las leyes, las normas, las instituciones y los procesos internacionales.
Los Estados poderosos se están retirando de las instituciones, les retiran la financiación, se niegan a cooperar y forman agrupaciones rivales, más selectivas y menos formales. La negociación descaradamente transaccional está sustituyendo a la acción colectiva, fragmentando el sistema multilateral.
A medida que un orden basado en normas da paso a algo más caótico, las oportunidades de participación de la sociedad civil se están desvaneciendo.
Todo esto ocurre mientras se acumulan enormes problemas transnacionales, como la crisis climática, la desigualdad económica, la impunidad ante las atrocidades de los conflictos y la represión del espacio cívico.
La carrera por suceder a Guterres
En este contexto, alguien nuevo tomará el timón. El segundo mandato del secretario general, António Guterres, expira a finales de año, y los Estados están eligiendo ahora a su sucesor desde el 1 de enero de 2027.
La sociedad civil reclama una líder feminista que dé prioridad a los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos apenas tienen cabida en el debate. La exalta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se ha retirado porque las encuestas informales realizadas entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad —una etapa determinante del proceso— revelaron que carecía de apoyo.
En cada sondeo, los Estados pueden «apoyar» o «desaprobar» una candidatura, o bien manifestar «sin opinión». Hasta ahora, las cinco rondas realizadas no han sido concluyentes.
La exvicepresidenta de Costa Rica y actual directora general de ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), Rebeca Grynspan, se ha situado como favorita, pero en el último sondeo recibió seis votos de «desaprobación», frente a los tres de la ronda anterior. Ningún candidato cuenta con un respaldo abrumador y es posible que se presenten otros candidatos.
La sociedad civil está intentando participar, pero, en última instancia, los Estados no tienen que justificar públicamente sus decisiones.
Dado que el Consejo de Seguridad es fundamental en el proceso, la última palabra la tienen sus cinco miembros permanentes —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia—, cualquiera de los cuales puede vetar a un candidato que no le guste.
Por lo tanto, es probable que las opacas negociaciones den lugar a un candidato de compromiso que China, Rusia y Estados Unidos consideren lo suficientemente inofensivo.
A medida que la carrera se recrudece, hay indicios de que los candidatos están evitando hablar de temas que puedan considerarse polémicos por miedo a perder apoyos. Los Estados que respaldan a determinados candidatos pueden decidir no plantear preguntas difíciles que les costaran votos.
Como resultado, se están dejando de lado cuestiones importantes como el genocidio de Israel en Gaza y los derechos de los grupos excluidos. Cualquiera que se considere un líder mundial debería abordar estas cuestiones, pero la negativa de los candidatos a hacerlo demuestra hasta qué punto los Estados poderosos llevan la batuta.
Una de las candidatas, Carolyn Rodrigues-Birkett, ha sido objeto de un artículo difamatorio de The Wall Street Journal por unos comentarios en los que condenaba las acciones de Israel en Gaza como genocidio, realizados en su calidad de embajadora de Guyana ante la ONU.
La intención es claramente animar a Estados Unidos a bloquear su candidatura, cuando en los últimos sondeos dentro del Consejo de Seguridad aparece como la tercera en liza.
La sociedad civil espera una voz global de la conciencia, alguien dispuesto a ir más allá de servir a los Estados y a alzar la voz sobre los temas que los candidatos están eludiendo ahora.
La historia demuestra que, incluso en tiempos difíciles, la personalidad y el estilo de liderazgo del secretario general pueden marcar la diferencia.
Quienquiera que resulte elegido tendrá que guiar a la ONU a través de la crisis y reconstruir el respeto por la institución y la promesa más amplia del multilateralismo, y eso significa dar prioridad a los derechos humanos.
Acceso necesario
En su próxima reunión, los líderes nacionales tendrán la oportunidad de dar forma al futuro del desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el conjunto de 17 objetivos interrelacionados acordados por todos los Estados miembros de la ONU en 2015, expiran en 2030. La Cumbre de los ODS del próximo año analizará qué debe suceder a continuación.
En estos tiempos difíciles, la sociedad civil se enfrenta al reto de defender una visión progresista e impulsar objetivos que marquen una diferencia real. Pero la sociedad civil sigue excluida. Una vez más se ha visto relegada a un segundo plano en esta sesión de alto nivel.
Las acreditaciones de las organizaciones que han superado los obstáculos de acreditación y que normalmente tienen acceso a la sede de la ONU quedan suspendidas durante estas reuniones anuales.
Esto pone de manifiesto una exclusión más amplia. La ONU no ha logrado impulsar ni siquiera propuestas modestas para reconocer el papel de la sociedad civil, como la instauración de un día de la sociedad civil de la ONU o el nombramiento de un enviado para coordinar la participación de la sociedad civil.
Mientras tanto, la crisis de financiación de la ONU sigue afectando a la participación de la sociedad civil. Estados Unidos es el principal culpable, con una deuda de alrededor de 4200 millones de dólares en contribuciones.
Estados Unidos y otros Estados poderosos están recortando la financiación y marginando las funciones de la ONU en materia de derechos humanos, que son las que más interesan a la sociedad civil. El resultado son recortes de puestos de trabajo, mandatos reducidos y menos oportunidades para la participación de la sociedad civil.
La llegada de un nuevo secretario general y el debate sobre los nuevos objetivos de desarrollo traen consigo no solo retos, sino también oportunidades. Para aprovecharlas, la sociedad civil deberá forjar coaliciones más sólidas y colaborar más estrechamente que nunca.
Debe interactuar de forma constructiva con el próximo secretario general, al tiempo que plantea expectativas más ambiciosas y pone sobre la mesa un mayor acceso y asociaciones más sólidas.
Una ONU centrada en los Estados está abocada al fracaso. Una ONU que aspire a marcar la diferencia ante los grandes problemas, a restablecer el respeto por los derechos humanos y a ganar un debate cada vez más reñido sobre el valor del multilateralismo no puede seguir excluyendo a la sociedad civil.
El próximo secretario o secretaria general debe defender una ONU abierta y responsable que reconozca a la sociedad civil como un socio esencial.
Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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