Cuba logró sumar hoy nuevamente a la comunidad iberoamericana al rechazo del embargo de Estados Unidos contra la isla, menos de una semana después de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyara por mayoría esa demanda.
"El proyecto de Declaración de La Habana expresa una contundente exhortación a poner fin al bloqueo", confirmó este lunes el canciller cubano Felipe Pérez Roque, quien anunció además que la IX Cumbre Iberoamericana prevé la aprobación de otros siete documentos.
Pérez Roque habló con los periodistas minutos después de finalizar la reunión en la cual los ministros de Relaciones Exteriores de América Latina, España y Portugal dieron su visto bueno a los textos que serán aprobados este martes por los jefes de Estado y de gobierno de Iberoamérica.
El canciller del país anfitrión de la cita aseguró que el proyecto de declaración final expresa absoluto consenso y todo el trabajo previo a la Cumbre se desarrolló "en un clima de cooperación y apertura".
En el párrafo tres del documento, los mandatarios insisten en su exhortación a Washington a cesar la aplicación de la ley Helms- Burton "de conformidad a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU al respecto".
La ley Helms-Burton habilita a los tribunales de Estados Unidos a sancionar a empresas de terceros países que "trafiquen" con activos estadounidenses confiscados por el gobierno de Fidel Castro. Pero La Habana asegura que no ha logrado detener la llegada de capitales extranjeros al país.
El rechazo a esa medida viene siendo expresado en términos más o menos similares desde la VI Cumbre, realizada en 1996 en Chile, que declaró al embargo estadounidense a Cuba contrario a los principios de la convivencia internacional.
La Asamblea General de la ONU aprobó el día 9 por 157 votos una resolución contra el embargo a Cuba presentada por el presidente del parlamento cubano Ricardo Alarcón, quien en la misma ocasión anunció una posible demanda contra Washington por los daños que esa medida causó en 40 años a la isla.
La Habana presentó por primera vez el caso en la ONU en 1992, y desde entonces logró aumentar cada año la cantidad de países favorables a esa resolución.
Las asociaciones con capital extranjero en Cuba llegaban hasta julio a 370 y más de la tercera parte se organizaron con posterioridad a la aprobación de la ley Helms-Burton.
La mitad de esas inversiones procede de la Unión Europa, aunque por país Canadá ocupa el primer lugar en cuanto a volumen de capitales.
Una de las primeras firmas a las cuales se le aplicó la legislación estadounidense fue justamente la empresa canadiense Sherritt International, a cuyos directivos y sus familiares se les prohibió ingresar a Estados Unidos.
En la actualidad pende una amenaza similar contra la compañía española Sol Meliá, que gestiona o administra 14 hoteles en Cuba.
El presidente del gobierno español, José María Aznar, y la delegación que lo acompaña a la Cumbre decidieron alojarse en uno de los dos hoteles que Sol Meliá tiene en La Habana, en evidente muestra de apoyo a los inversionistas de su país en Cuba.
La Habana amplió en 1995 las oportunidades de negocios en el país, respecto de regulaciones que databan de 1982, y estableció que las inversiones extranjeras pueden adoptar la forma de empresa mixta, contrato de asociación económica internacional o empresa de capital totalmente extranjero.
Las normas vigentes indican que el inversionista no puede ser expropiado, "salvo en casos extremos de interés social y con la correspondiente indemnización".
El mayor interés del capital extranjero se concentra en la minería, prospección e inversión petrolera, turismo, la industria ligera, alimentaria y siderúrgica y mecánica, telecomunicaciones y, en los últimos años, en el sector inmobiliario.
Las autoridades cubanas defienden la inversión extranjera como un complemento al desarrollo económico del país, que descansa básicamente en el Estado. (FIN/IPS/pg/dm/if ip/99
