Indígenas de la comunidad embera de Colombia iniciaron una campaña en demanda de un Tribunal Internacional Indígena para Colombia, que juzgue las violaciones de los derechos humanos cometidas por grupos armados irregulares y miembros de cuerpos de seguridad del Estado.
La propuesta, que es parte de la campaña "Embera vive" para sensibilizar a la comunidad internacional y nacional, sobre el exterminio de que están siendo víctimas, es impulsada por la Organización Indígena de Antioquia (OIA), un departamento del noroeste del país,
El presidente de la OIA, Gerardo Jumí, dijo a IPS que la presión de un organismo internacional especial que juzgue y condene políticamente a los grupos armados y el Estado puede detener la espiral de violencia, que en 1998 causó la muerte a 700 dirigentes y el desplazamiento forzoso de 3.000 personas.
La campaña busca también abrir una "gran corriente de opinión que motive a los actores armados" a concertar y firmar un acuerdo humanitario "en el que se respete la integridad indígena, su organización y su autonomía", añadió.
Jumí visitó Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Gran Bretaña y España, donde logró el respaldo del juez Baltazar Garzón, quien cobró notoriedad internacional al reclamar la extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Durante una visita a Bogotá a principios de octubre, Garzón condenó a los grupos paramilitares de derecha y las organizaciones guerrilleras por su acción genocida contra los pueblos indígenas.
La OIA denunció que los nueve indígenas emberá asesinados este año en su territorio por grupos armados han quedado impunes.
La última denuncia de la OIA se refiere al desplazamiento de unos 500 indígenas de la localidad de Mungudó a mediados de octubre, tras una acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor fuerza guerrillera del país, en la que fueron asesinados los hermanos Luz Eneina y Orlando Domicó.
También denunció las órdenes de ejecución contra 20 indígenas dada por presuntos paramilitares y la violación de dos mujeres indígenas por supuestos militares en la localidad de Mutatá.
En el occidental departamento de Chocó, donde habitan además de 20.055 nativos emberá, fueron asesinados 22 dirigentes de la localidad de Avive en agosto pasado.
"El común de la gente no se logra imaginar lo que significa la muerte de un indígena (en Antioquia), donde somos apenas el 0,32 por ciento del total de la población del departamento", dijo a IPS el secretario general de la OIA, Guillermo Tascón.
En la época colonial habitaban en Colombia cerca de 10 millones de indígenas, según los investigadores. Actualmente viven 1,5 millones, pertenecientes a 94 etnias, lo que representa 0,5 por ciento de la población del país, de 38 millones de habitantes.
El pueblo embera, conformado por unos 50.000 habitantes de los que 42.000 habitan en Colombia, en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba y Risaralda, se extiende por toda la costa del océano Pacífico hasta Panamá, de acuerdo con el Instituto Antropológico.
La ofensiva de los grupos armados en la zona donde habitan los embera ha sido atribuida por organismos defensores de derechos humanos a la disputa de un territorio rico en recursos naturales y a la existencia de sus costas de fácil acceso para la entrada clandestina de armas y el narcotráfico.
En 1994, la Asamblea Departamental de Gobernadores Indígenas de Antioquia declaró la neutralidad en el conflicto armado interno, en el que intervienen organizaciones guerrilleras, grupos para militares y el ejército, pero esto no ha sido respetado, aseguró Jumí.
Además de los embera, también han sido afectados por la violencia los indígenas korewajes y witotos, del sudoriental departamento de Caquetá, los paeces y guambianos, establecidos en el sudoeste del país, y los u'wa, en el noreste.
La Organización Nacional Indígena (ONIC) destacó que, además del conflicto armado, el narcotráfico está causando muertes en las comunidades indígenas.
Edilberto Imbachí, director de paz de la ONIC, dijo que el crecimiento de los cultivos ilicitos, que ocupan cerca de 150.000 hectáreas, ha obligado al desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas.
También han sido afectadas por las empresas petroleras, como ocurre con los u'wa, que reclaman el territorio asignado por el gobierno a la Occidental Petroleum para la exploración de hidrocarburos, o los emberá-katíos del departamento de Córdoba, donde se contruye una central hidroeléctrica. (FIN/IPS/yf/ag/hd/99
