BRASIL: Aumenta represión de tala y quema de árboles en Amazonia

Las autoridades ambientales de Brasil lanzaron una ofensiva contra la destrucción de bosques de la Amazonia por parte de madereros y hacendados, aplicando leyes que elevaron mucho las multas por daño ambiental.

La Ley de Delitos Ambientales, vigente desde el 21 de septiembre, multiplicó por hasta más de mil las multas aplicadas por la tala o quema de árboles en forma ilegal, que siguen ocurriendo en gran escala en la Amazonia.

Hace dos semanas se aplicó al grupo empresarial Juary una multa sin precedentes de unos 4,7 millones de dólares, por haber incendiado un área de bosques primarios de 9.000 hectáreas en el sur del estado septentrional de Pará, el más afectado por la eliminación de árboles.

Una suma más elevada aun alcanzó el total de penas impuestas a otras haciendas, empresas madereras y productores de carbón vegetal en la región durante la última quincena de octubre.

La ley anterior no permitía multas de más del equivalente a 2.600 dólares por cada infracción.

La extracción ilegal de maderas como la caoba y el cedro es uno de los blancos principales de los inspectores del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), órgano ejecutor de la política ambiental en el país, con poderes policiales.

Las empresas del sector maderero fueron multadas por más de dos millones de dólares en los dos últimos meses. La sanción más costosa se aplicó a la firma Cella por talar árboles de caoba, cuya madera, muy demandada y cara, se prohibió explotar ante el riesgo de extinción.

El movimiento ambientalista, que considera a las madereras como una de las peores amenazas a los bosques amazónicos, aplaudió el aumento de la acción represiva de las autoridades, pero tiene dudas sobre su eficacia.

Sin continuidad, el esfuerzo no será efectivo, y por eso es demasiado temprano para una evaluación, según Roberto Smeraldi, coordinador en Brasil de la organizacin no gubernamental Amigos de la Tierra.

Además, "la sola vigencia de una ley más severa es insuficiente para cambiar los hábitos de las madereras", sostuvo Smeraldi, basado en su larga experiencia de defensa de los bosques. Hay muchas formas de burlar la legislación, explicó.

Durante el año pasado, sólo dos por ciento de las multas impuestas a madereras en la Amazonia fueron efectivamente pagadas. Recursos judiciales, postergaciones y variadas maniobras permiten eludir las sanciones, señaló.

Las maderas incautadas a quienes actuaron al margen de la ley se pierden o vuelven a caer en manos de los infractores, a veces adquiridas en subasta pública, a precio irrisorio, por la misma firma a la cual fueron requisadas, apuntó el ambientalista.

Si la política represiva tiene continuidad y se impide que sea burlada, se logrará un fuerte factor de inhibición de los infractores, porque las multas encarecerán el costo de la explotación ilegal, haciendo más competitivas a las madereras que cumplen la legislación, razonó Smeraldi.

Un control eficaz de la actividad exige "que las inspecciones no sean esporádicas" ni realizadas por agentes que no conocen la realidad local, sino que haya una vigilancia permanente y "sin excesos represivos", para que la autoridad ambiental "no aparezca sólo como enemiga" de las empresas, añadió.

De todas formas será una tarea gigantesca. La quema de árboles es una técnica tradicional de los agricultores brasileños que preparan tierras para la siembra, y durante la época de sequía se practica en forma generalizada en una extensa área al Este y al Sur de la Amazonia.

Expertos como Eduardo Martins, ex presidente del IBAMA y también militante ambientalista, afirmaron que 80 por ciento de la madera proveniente de la Amazonia que se comercializa es extraída en forma ilegal.

Parte de las grandes ganancias que genera el negocio son empleadas para corromper a las autoridades y a grupos indígenas cuyos territorios poseen árboles de gran valor comercial.

Además, el IBAMA sólo dispone de 380 inspectores para vigilar la inmensa extensión amazónica, y la escasez de recursos técnicos y de dinero se ha agravado por las dificultades financieras del Estado brasileño. (FIN/IPS/mo/mp/en ip/99

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