Los consumidores de América Latina y el Caribe declararon un virtual alerta ante la Ronda del Milenio, cuyo lanzamiento se aguarda durante la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que comenzará el 30 de este mes en Seattle, Estados Unidos.
Se trata de evaluar el papel de la OMC antes de aceptar nuevos acuerdos que profundicen la liberalización de la economía mundial, señaló Marcela Ortiz, coordinadora del Programa de Comunicaciones de la oficina regional de Consumers International (CI).
CI, la mayor federación mundial de organizaciones de consumidores, con más de 240 miembros en un centenar de países, tiene su sede central en Londres y su oficina regional para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile.
Las negociaciones de la llamada Ronda del Milenio serían lanzadas en la Tercera Reunión Ministerial de la OMC, que se realizará en el puerto de Seattle, capital del estado de Washington, en el noreste de Estados Unidos.
El objetivo de este proceso es definir normas para una total liberalización del comercio internacional, según los principios que el 1 de enero de 1995 dieron nacimiento a la OMC.
La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales condujo a la creación de la OMC, la cual tiene hoy un papel protagónico en la promoción de la globalización y la liberalización de la economía mundial, indicó Ortiz.
CI señala que en la Ronda Uruguay predominaron los intereses comerciales y de las transnacionales, y finalmente se ignoraron compromisos de protección de los consumidores de los países más pobres, temiéndose que ocurra otro tanto en la Ronda del Milenio.
El 16 de agosto CI lanzó desde Bangalore, India, una campaña mundial con el objetivo de que "la OMC lleve a cabo las acciones necesarias para asegurar que los derechos de los consumidores tengan el mismo estatus que los intereses comerciales".
Los grupos de consumidores latinoamericanos y caribeños se pronunciaron sobre el tema en su cuarta conferencia regional, convocada por CI, que se realizó entre el 11 y el 15 de octubre en Panamá.
En la conferencia participaron unos 200 delegados de organizaciones nacionales de consumidores de toda la región, que previamente realizaron conferencias en sus respectivos países sobre los temas a debatir en Panamá, informó Ortiz.
La reunión tuvo como título "Desafíos y Estrategias del Movimiento de Consumidores de América Latina y el Caribe. Perspectivas para el Siglo XXI" y fue patrocinada por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor de Panamá.
Este encuentro regional "dejó en claro que el rol de las organizaciones de consumidores no se circunscribe sólo a una lucha por el precio y la calidad de los productos", dijo la coordinadora del Programa de Comunicaciones.
La conferencia aprobó entre sus propuestas la revisión de las políticas de la OMC, promover audiencias públicas para la regulación de los servicios, instancias de coordinación entre servicios de salud y usuarios y normar el comercio electrónico.
Todas estas propuestas tienen en última instancia un denominador común en las críticas a los aspectos negativos de la globalización y a la forma en que los gobiernos latinoamericanos se insertan en este fenómeno mundial.
Las privatizaciones de los servicios públicos de telefonía, energía eléctrica, redes de gas, agua potable y alcantarillados, así como de previsión social, salud y educación, fueron evaluadas críticamente en Panamá.
La conferencia acordó promover una ley modelo de Servicios Públicos e iniciar sondeos para la elaboración de un Tratado Interamericano de Protección del Consumidor, con vistas a regular la gestión del sector privado en ese ámbito.
La participación de los consumidores en audiencias públicas sobre servicios es clave, ya que "aumenta la legitimidad de los procesos regulatorios, otorga transparencia a la utilización de los fondos de las concesiones y genera información útil para el proceso regulatorio", dijo Ortiz.
La conferencia abogó en particular por la participación de los usuarios en los servicios privatizados de salud y recomendó realizar estudios que evalúen el impacto de la privatización de la salud en la población.
En ese sentido se denunció que los sectores más pobres están siendo marginados de una atención de salud de calidad y carecen de acceso a los medicamentos, los cuales a su vez deben ser controlados en las instancias de producción y comercialización.
Los acuerdos de Panamá ratifican, según CI, que el papel del movimiento de consumidores no se circunscribe a la lucha por el precio y calidad de los productos, sino que también promueve el desarrollo humano, la solidaridad y la responsabilidad con el ambiente. (FIN/IPS/ggr/ag/if/99
