MEXICO: Autoridades descabezan guerrilla

Las autoridades judiciales de México presentaron en una cárcel de máxima seguridad al "comandante Antonio", cuya captura golpeó el corazón del grupo rebelde que hace un mes causó cuatro bajas al ejército.

Jacobo Silva, considerado fundador y dirigente máximo del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), fue detenido el fin de semana junto a tres de sus compañeros en Chilpancingo, capital del empobrecido estado de Guerrero, en el sur.

Silva, su compañera y esposa Gloria Arenas ("coronela Aurora"), Carlos García y Ofelia Flores, miembros del ERPI, fueron trasladados y presentados a los medios el domingo en la prisión de Almoloya de Juárez, en el estado de México, lindante con la capital del país.

La organización insurgente admitió en un comunicado conocido este lunes la detención de sólo dos de sus miembros y denunció que las autoriades mantienen privados de su libertad a cinco niñas y niños de entre tres y 17 años.

Según el comunicado número 17 del grupo, firmado por el "comandate Hermenegildo", fueron aprehendidos Flores y García, mientras los menores "son mantenidos sin comer" en la casa donde ocurrieron las detenciones.

El ERPI, que ha extendido sus actividades a los estados de Oaxaca y Morelos, surgió de una escisión en las filas del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que irrumpió en México el 28 de junio de 1996 en demanda de cambios radicales en el sistema político.

La organización armada tiene gastos de operación de unos 30.000 dólares mensuales, informó en Almoloya Lourdes Martínez, portavoz de la Policía Federal Preventiva.

Cuando apareció en el mapa de la violencia en el conflictivo Guerrero, en enero de 1998, la capacidad financiera del ERPI ascendía a 500.000 dólares.

Según Martínez, los recursos de las dos princpales organizaciones rebeldes de Guerrero son producto de asaltos a comercios y bancos y secuestros de personas acaudaladas.

El "comandante Antonio" fue señalado como cómplice de sonados secuestros, como el del millonario banquero Alfredo Harp Helú (1993) y de los empresarios Angel Losada (1994) y Jorge Sekiguchi (1989).

Al momento de la detención, las fuerzas de seguridad se incautaron de siete armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, 150 uniformes militares, equipos de imprenta y computación, así como instrumental médico para cirugía menor.

El fundador del EPR y a la postre del ERPI y la "coronela Aurora" habían sido los dirigentes más activos en tareas de difusión y propaganda rebelde.

Ambos ofrecieron varias entrevistas en la clandestinidad y fueron quienes confirmaron la escisión del EPR por diferencias en los métodos de lucha e ideológicas.

El procurador de Justicia de Guerrero, Carlos Vega, declaró que Silva admitió 20 años de participación en actividades guerrilleras.

El jefe insurgente detenido integra la dirección nacional del ERPI, junto con los comandantes "Hermenegildo" y "Santiago" y los coroneles "Cuauhtémoc" y "Emiliano".

Hasta el 22 de septiembre último, el ERPI había reducido sus actividades a actos propagandísticos en comunidades rurales de Guerrero y Oaxaca, eludiendo la severa militarización en la región.

En esa fecha, un convoy del ejército fue emboscado por una columna rebelde, con un saldo de cuatro efectivos muertos y 10 heridos.

El gobierno, que al convocar a la prensa a Almoloya anunció la presentación de "delincuentes peligrosos", llamó desde el 7 de septiembre al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), guerrilla que opera en el estado de Chiapas, a restablecer el diálogo, roto en 1996.

Sin embargo, el EZLN ignoró la convocatoria, sobre la cual no formuló hasta ahora comentarios, mientras mantiene sus denuncias por la presencia de unos 70.000 soldados en Chiapas, según organizaciones no gubernamentales.

Con huellas de golpes en el rostro, el "comandante Antonio" apareció impasible ante los medios, al tiempo que la "coronela Aurora", intentaba levantar la mano haciendo la señal de la victoria. Un custodia se lo impidió.

A señas, la guerrillera dio a entender que había sido golpeada y que desconocía el paradero de sus hijos.

En su comunicado, el ERPI dijo que sus compañeros "están siendo torturados" y pidió a las organizaciones de derechos humanos interceder por los menores supuestamente detenidos.

Persecuciones, torturas y hostigamiento contra campesinos e indígenas han persistido a manos del ejército en las zonas donde es sabido que operan los dos principales grupos armados, según organizaciones no gubernamentales.

Fuentes de seguridad de Morelos afirmaron este año que en la región actúan con discreción unas 14 organizaciones guerrilleras, que sólo esperan la mejor ocasión para saltar a la luz pública. (FIN/IPS/pf/mj/ip/99

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