En su afán de impedir el juicio de extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet, iniciado finalmente el lunes en Londres, el gobierno de Chile dio pasos que le pueden traer un alto costo para su política exterior.
Las presiones ejercidas a través del canciller Juan Gabriel Valdés sobre las empresas españolas con inversiones en Chile y la reiterada decisión del presidente Eduardo Frei de no asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en La Habana, son las acciones más revelantes en este frente.
El semanario Qué Pasa, cercano a los sectores pinochetistas, señaló el 24 de septiembre que existe preocupación en los empresarios españoles por eventuales represalias económicas que puedan afectar sus grandes negocios en este país.
Según Qué Pasa y el diario La Tercera, Valdés transmitió "duros recados" a los ejecutivos españoles, a los que convocó a su despacho el 16 de septiembre, luego de que el gobierno de José María Aznar rechazara someter el caso Pinochet a un arbitraje.
España es el segundo mayor inversionista externo en Chile, detrás de Estados Unidos, con capitales que controlan empresas clave de este país en los sectores de la energía eléctrica, las telecomunicaciones y la banca comercial.
El gobierno de Frei invocó el artículo 30 de la Convención Internacional contra la Tortura para reclamar su mejor derecho a juzgar a Pinochet, pero el canciller español Abel Matutes desechó someter esa reclamación a un arbitraje bilateral.
La posición española hizo que arreciaran las presiones de la derecha política y empresarial, así como de los círculos de militares retirados, sobre el gobierno de Frei, en términos de responder al "atropello" de España a la soberanía chilena.
El caso Pinochet es la principal preocupación política de Frei, quien desearía tener al anciano senador vitalicio de regreso en Chile antes de las elecciones presidenciales del 12 de diciembre.
El presidente chileno se comprometió el 21 de mayo a hacer todos los esfuerzos para que el ex dictador (1973-90) retorne "para ser juzgado" antes de que finalice su mandato de seis años, el 11 de marzo del 2000.
El gobierno de Aznar y el juez español Baltasar Garzón, gestor del arresto de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, aparecen como los responsables del hasta ahora frustrado compromiso del mandatario chileno.
Valdés acusa a Garzón de pretender enjuiciar la transición iniciada en 1990, objeto de críticas no sólo en el exterior sino también en Chile, por la virtual impunidad en que permanecen la mayoría de los crímenes represivos de la dictadura.
El canciller sostiene que las 40 querellas presentadas en Chile contra Pinochet desde enero de 1998, de las cuales han sido acogidas a trámite judicial unas 20, son una demostración palpable de que se puede enjuiciar aquí el período dictatorial.
El gobierno de Frei parece irritado por el implícito escepticismo que España, Gran Bretaña y otros países europeos que requieren también al ex dictador, muestran hacia la posibilidad de que Pinochet responda por los actos de la dictadura en Chile.
La apuesta a revertir la situación mediante presiones económicas contra los inversionistas españoles fue riesgosa y pareció más bien un mensaje hacia el interior del país, dirigido a aplacar el descontento de la derecha y los militares.
El vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras, Eduardo Moyano, transmitió un mensaje conciliador al asegurar que el gobierno no prevé desahuciar el Tratado de Protección de Inversiones con España.
Héctor Casanueva, director de ProChile, entidad promotora de las relaciones económicas internacionales, aseguró a su vez que pese a la expectación política, las relaciones económicas con España muestran un gran dinamismo.
En 1998 ingresaron a Chile capitales españoles por 4.000 millones de dólares, en comparación con 1.500 millones en 1997, y sólo en el primer semestre de este año se llegó a 3.896 millones de dólares, destacó Casanueva.
Hay señales claras de que el gobierno chileno no puede extralimitarse en sus presiones sobre España al punto no sólo de comprometer las relaciones económicas con ese país, sino con toda la Unión Europea (UE).
Así lo advirtió hace dos semanas el senador Jaime Gazmuri, del Partido Socialista como el canciller Valdés, quien recordó la proyección estratégica del tratado de libre comercio e integración que Chile negocia con la UE.
El 21 de mayo quedó de manifiesto la solidaridad paneuropea, cuando todos los países de la UE amenazaron con no concurrir a la ceremonia de inauguración de la Legislatura en Chile, si se excluía de ella a los embajadores de España y Gran Bretaña, como exigía la derecha.
El otro vector de la protesta chilena contra España apunta a la Cumbre Iberoamericana de noviembre en La Habana, a la cual Frei no asistirá aduciendo que España incumple compromisos de defensa de la territorialidad de la justicia asumidos en la cumbre de 1998, en la ciudad portuguesa de Oporto.
En esa misma cumbre, el presidente de Cuba, Fidel Castro, expresó el 17 de octubre el que fuera tal vez el primer respaldo a la posición de Frei sobre la detención de Pinochet, al señalar su impacto sobre la política chilena.
En los más de 11 meses transcurridos desde entonces, el gobierno cubano reiteró en varias oportunidades su rechazo al enjuiciamiento internacional del ex dictador chileno, mientras los anticastristas valoran este hecho como un buen precedente en función de sus propios objetivos.
La cancillería chilena recalca que la inasistencia de Frei a La Habana, a la cual se sumó el presidente de Argentina, Carlos Menem, es una protesta contra España y no hacia el sistema político cubano, argumento este último que motivará el boicot a la cumbre de algunos mandatarios centroamericanos.
Pero más allá de esta precisión, lo cierto es que la ausencia de Frei y Menem disminuirá la jerarquía de la cumbre y será en los hechos un castigo a Cuba, en un implícito respaldo al aislamiento de la isla propiciado por el gobierno de Estados Unidos. (FIN/IPS/ggr/ag/ip/99
