El gobierno de Venezuela anunció que considera asunto de Estado el caso de la muerte de dos venezolanos y la detención de cuatro en una operación contrainsurgente en Colombia, frente al que apoyará demandas "en defensa de los derechos humanos".
"Queremos dilucidar esta enojosa situación", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, tras puntualizar que, ante la falta de respuesta de las autoridades colombianas, no pudo "evitar esta declaración".
"Se cometió una iniquidad contra estos compatriotas", dijo.
Rangel se mostró frustrado por la falta de respuesta del gobierno colombiano, ante el que fue planteado el caso "en reiteradas oportunidades". Incluso "hemos enviado mensajes al presidente Andrés Pastrana", afirmó.
Venezuela optó por hacer una declaración pública el lunes debido a que la respuesta de Colombia "ha sido deplorable", dijo el canciller, aunque aseguró que la intención es abordar este caso sin dañar las relaciones bilaterales.
"Queremos las mejores relaciones con la hermana república de Colombia", aseguró, al sostener que el gobierno de Hugo Chávez ha "tratado por todos los medios de evitar polémicas y debates" con el país vecino.
Cuatro venezolanos están detenidos en Bogotá y dos murieron como resultado de una acción antiguerrillera cerca de la frontera, denominada "Operación Llanura" y realizada el 26 de mayo.
Autoridades colombianas aseguran que esos venezolanos trabajaban con la guerrilla, pero sus familiares argumentan que sólo habían ido a participar en una jornada de reflexión sobre el conflicto de ese país y las perspectivas de paz.
Rangel dijo que el gobierno venezolano está convencido de la inocencia de estas personas y que "descartamos la versión de la parte colombiana". Afirmó que en Bogotá hubo manipulaciones y que "el expediente fue forjado de manera deliberada".
"La cancillería venezolana asume a través de los familiares de presos y muertos la responsabilidad de plantear a organizaciones internacionales la situación que afecta los derechos humanos de estos compatriotas", agregó.
El canciller insistió en que el caso está relacionado al tema "delicado" de los derechos humanos, en vista de versiones difundidas en Caracas según las cuales las muertes ocurrieron en circunstancias no aclaradas, mientras que los detenidos habrían sido torturados.
"Vamos a darles asistencia jurídica plena y a apoyarlos logísticamente", dijo Rangel al referirse a los familiares de las víctimas. Agregó que el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Rangel cuestionó la operación que incriminó a los venezolanos, argumentando que el jefe de las fuerzas que la realizaron, el capitán colombiano Dickson García, tiene auto detención en su país por delitos de homicidio y extorsión.
El expediente que maneja la justicia militar colombiana también cita a un testigo muerto hace dos años, dijo el canciller venezolano.
"No podemos ignorar este caso", agregó Rangel, quien desde hace semanas sigue con atención el rumbo de este proceso en Colombia. A fines de agosto dijo que sería capaz de hablar "hasta con el diablo" para resolver la situación de los cuatro venezolanos detenidos.
La justicia militar colombiana, entretanto, confirmó la detención de los venezolanos. "Allá se dice que son delincuentes", se lamentó Miguel Salazar, uno de los familiares invitados a la declaración de la cancillería este lunes.
Salazar dijo que el veredicto se conocerá a mediados de noviembre y que los venezolanos detenidos podrían ser condenados a seis años de prisión sin derecho a indulto. (FIN/IPS/lc/ff/ip hd/99
