Un generalizado rechazo encontró en Chile la propuesta de un senador derechista de amnistía para los crímenes políticos hasta 1991 como forma de alcanzar la hasta hoy imposible reconciliación nacional.
La idea, presentada por Hernán Larraín, senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue desechada incluso por Joaquín Lavín, del mismo grupo que el proponente y candidato presidencial de la Unión por Chile, alianza de los dos grandes partidos de derecha.
El gobierno de Eduardo Frei se abstuvo de comentar oficialmente la iniciativa de Larraín, conocida como el "perdonazo", pero hizo trascender que la considera inconveniente, según informó este jueves el diario estatal La Nación.
La fórmula del senador implicaría ampliar por 13 años la ley de amnistía que la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) promulgó en marzo de 1978 y que cubrió violaciones de los derechos humanos desde marzo de 1973 hasta esa fecha.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos optó, al igual que el gobierno, por ignorar la iniciativa de Larraín, mientras miembros de base de esa entidad dijeron a IPS que se trata de "otra inmoralidad de la derecha".
El parlamentario planteó su propuesta el martes como un gesto de generosidad, ya que favorecería a tres militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), prófugos desde diciembre de 1996, que el 1 de abril de 1991 dieron muerte al senador Jaime Guzmán, líder de la UDI.
El "perdonazo" abarcaría asímismo a una decena de militantes del FPMR, también prófugos desde febrero de 1990, que el 7 de agosto de 1986 tendieron una emboscada al entonces dictador Pinochet, matando a cinco de sus escoltas e hiriendo a otros 11.
Pero en rigor implicaría el perdón para los autores de crímenes represivos cometidos con posterioridad a marzo de 1978 por agentes civiles y uniformados de la Central Nacional de Informaciones (CNI) y de otros cuerpos de seguridad.
La justicia condenó en 1994 a cadena perpetua y otras penas mayores a policías de Carabineros y a un agente civil que en marzo de 1985 secuestraron y degollaron a tres militantes del entonces proscripto Partido Comunista.
Pero en los tribunales continúan ventilándose otros casos aún sin sentencia, como el asesinato en 1983 del sindicalista socialdemócrata Tucapel Jiménez y en 1986 del periodista José Carrasco y de tres activistas de izquierda.
En junio de 1987, agentes de la CNI mataron en cuatro operativos casi simultáneos en Santiago a 12 miembros del FPMR, en lo que constituyó otro grave crimen represivo, objeto todavía de investigación judicial.
La polémica proposición de Larraín surgió tras la frustrada celebración por primera vez, el lunes último, del Día de la Unidad Nacional, instituído en 1998 para reemplazar el feriado conmemorativo del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El nuevo feriado se debe a un acuerdo político en que participó Pinochet, quien desde marzo de 1998 ostenta la condición de senador vitalicio, según una cláusula de la Constitución de 1980.
La población chilena ignoró el Día de la Unidad Nacional, mientras su principal gestor, Pinochet, completaba casi 11 meses de arresto en Londres, donde se verá enfrentado desde el día 27 a un juicio de extradición a España.
Dirigentes del cogobernante Partido Socialista, de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y de otros organismos humanitarios reprobaron el nuevo feriado, ya que a su juicio no hay unidad ni reconciliación, pese a la mesa de diálogo sobre derechos humanos instalada a fines de agosto.
En ese foro, creado por iniciativa del ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, participan algunos abogados de derechos humanos, personalidades académicas, religiosas y culturales, y delegados de las Fuerzas Armadas y de la policía de Carabineros.
La Agrupación de Familiares se negó a acudir al diálogo, argumentando que es una maniobra para favorecer la imagen de Pinochet y de las Fuerzas Armadas, luego de que los militares insistieran en que no cuentan con información sobre la suerte de unos 1.200 desaparecidos.
La UDI sugirió, como otra propuesta a favor de la reconciliación y la unidad nacional, que se levante un monumento conjunto al senador Guzmán, al ex ministro Edmundo Pérez Zujovic y al ex canciller Orlando Letelier.
Pérez Zujovic, padre del actual titular de Defensa, fue ministro del Interior del gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964- 1970) y murió baleado en 1971 por un comando de la Vanguardia Obrera del Pueblo, un extinguido grupo de extrema izquierda.
Letelier, embajador y ministro del gobierno de Salvador Allende (1970-1973), fue asesinado en septiembre de 1976 en Washington por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), policía represiva de Pinochet.
La idea del monumento tampoco encontro acogida, al igual que el "perdonazo" promovido por Larraín.
Lavín dijo que la mesa de diálogo es el "buen camino" para avanzar hacia la reconciliación, en tanto Ricardo Lagos, candidato presidencial oficialista, señaló que no corresponde una nueva amnistía, ya que "la base de cualquier reconciliación es la verdad". (FIN/IPS/ggr/ff/ip hd/99
