El gobierno de Chile informó hoy que llevará el litigio con España por el ex dictador Augusto Pinochet a la Corte Internacional de Justicia, y revisará todas sus relaciones con el país europeo, incluyendo las económicas.
Las medidas fueron anunciadas por el canciller Juan Gabriel Valdés, en una dura réplica a la negativa del gobierno español a un arbitraje que determine si Chile tiene prioridad para juzgar a Pinochet según la Convención Internacional contra la Tortura.
Valdés calificó de patética la posición de su par español, Abel Matutes, atribuyéndola a "paternalismo y arrogancia", y lo emplazó a declarar desde ya si aceptará el dictamen que emita finalmente la Corte Internacional, radicada en La Haya.
La crisis diplomática con Madrid se produce cuando faltan menos de dos semanas para el inicio en Londres, el día 27, del proceso de extradición a España de Pinochet, detenido en la capital británica desde el 16 de octubre de 1998.
El presidente Eduardo Frei podría llamar a Santiago al embajador en Madrid, Sergio Pizaro, a la vez que se replantearán todas las relaciones con España, revisando incluso convenios bilaterales de carácter económico, indicó el canciller.
El senador Jaime Gazmuri, miembro como Valdés del Partido Socialista (PS), calificó de "desproporcionada" la reacción del gobierno y consideró "absurdo" suspender o romper relaciones con España, aunque estimó normal que se llame al embajador.
El socialista Ricardo Lagos, candidato de la coalición gobernante para las elecciones presidenciales del 12 de diciembre, señaló igualmente que la detención del ex dictador no amerita dificultades en los vínculos con España.
Gazmuri rechazó la revisión del convenio de inversiones y otros acuerdos bilaterales, advirtiendo una escalada en el litigio con España por el caso Pinochet puede dañar las relaciones de Chile con toda la Unión Europea.
El senador reprobó igualmente que el ex dictador se convierta en eje de la política exterior chilena. "El país no debe pagar excesivos costos por Pinochet, ya que fue culpa suya ir donde no debía ir", dijo, aludiendo a su viaje y arresto en Londres.
El Estado chileno "debe andarse con cuidado" antes de recurrir a la Corte de La Haya. "¿Qué pasará si se pierde en esa instancia? Ganar un juicio internacional por Pinochet es muy difícil", añadió el senador socialista.
Gazmuri enfatizó que el caso Pinochet es controvertido incluso en Chile y recordó la mala imagen internacional del ex gobernante y actual senador vitalicio, considerado "uno de los dictadores más brutales de América Latina".
El contencioso con España se empezó a gestar el 24 de marzo, cuando la Cámara de los Lores dictaminó en Londres que el ex dictador era imputable para su extradición a España sólo a través de la Convención Internacional contra la Tortura.
Ese instrumento entró en vigor casi simultáneamente en Chile, España y Gran Bretaña a fines de 1988, y el gobierno de Frei invocó su artículo 30 para reclamar la prioridad de los tribunales chilenos en el juzgamiento de Pinochet.
El gobierno de Chile propuso igualmente la aplicación de un tratado bilateral de arbitraje suscrito entre los dos países en 1927, pero hace una semana denunció (canceló) ese instrumento, argumentando que España dilataba una respuesta a su demanda.
Matutes entregó finalmente su respuesta oficial el lunes, en la cual reiteró la posición del gobierno español de no interferir en la labor de los tribunales y señaló que no es posible resolver la controversia por arbitraje o negociación diplomática.
Valdés dijo que la respuesta era patética, porque al mismo tiempo Matutes se mostró dispuesto a conversaciones sobre el tema, lo cual muestra, a su juicio, que el gobierno español "es incapaz de tomar una decisión en esta materia".
La posición del gobierno de Frei es que una vez echado a andar el mecanismo procesal de la convención sobre la tortura, y en ausencia del arbitraje, habrá que llevar el caso a la Corte Internacional de La Haya, "en el momento que corresponda".
Valdés admitió que este camino no llevará a una liberación inmediata del ex dictador, pero reivindicó el procedimiento como parte de la posición chilena de aplicar todos los recursos jurídicos previstos en el derecho internacional.
El ministro aclaró que se mantiene igualmente la carta de apelar a razones humanitarias para conseguir el retorno a Chile del ex gobernante de 83 años, por lo cual se informa regularmente a las autoridades británicas sobre su estado de salud.
Valdés comentó que España se atribuye la "misión sacrosanta" de juzgar a Pinochet, desconociendo que en Chile se han presentado más de 40 querellas penales en su contra, la mitad de las cuales están en pleno trámite en la justicia.
Casi todas esas demandas han sido presentadas por partidos de izquierda y organizaciones de víctimas de la represión que apoyan la extradición a España del ex dictador, protegido en Chile por la ley de amnistía de 1978 y su inmunidad como senador. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/99
