Un grupo de discapacitados físicos de Campinas, Brasil, empezó a destruir las aceras de los principales cruces de calles de la ciudad para defender sus derechos a golpe de pico.
"No aguantamos más seguir esperando la solución prometida por la alcaldía", explicó el concejal Marcelo Sanches, paralítico de las piernas, que decidió encabezar el movimiento luego de desbaratar su silla de ruedas en un intento por subir una acera sin rampa.
El grupo amenazó romper una acera por día en Campinas, ciudad de un millón de habitantes a 100 kilómetros de Sao Paulo, con el fin de que se construyan los planos inclinados necesarios para que los parapléjicos puedan trasladarse por las calles.
La acción directa iniciada la semana pasada refleja indignación contra la construcción urbana, que los excluye, y la impaciencia ante la demora de las correcciones. Pero indica también el avance de su lucha en Brasil.
Rebeliones así ocurren porque esa minoría conquistó últimamente conciencia de sus derechos, legislación suficiente para defenderlos y, desde 1993, una política de integración oficializada por un decreto.
La Coordinaduría Nacional para Integración de la Persona Portadora de Deficiencias (CORDI), creada en 1987 y hace cinco años incorporada a la Secretaría de Estado de los Derechos Humanos, elabora actualmente un plan de acciones interministerial.
Hubo grandes progresos en todas las áreas en Brasil en los 10 últimos años, coinciden Tania de Almeida, jefe de la CORDI, y Geraldo Nogueira, director del Centro de Vida Independiente (CVI) de Río de Janeiro, una organización no gubernamental con congéneres en todo el mundo, 500 solo en Estados Unidos.
El movimiento asocia esfuerzos gubernamentales y de la sociedad. La acción del gobierno es orientada por un Consejo donde los discapacitados tienen igual cantidad de representantes que las autoridades, señaló Almeida.
Pero todo tiene que realizarse en el nivel local y la dificultad es que las leyes y políticas tengan aplicación práctica en las ciudades. Por eso la CORDI y el CVI tratan de actuar junto con los gobiernos municipales, con incentivos, programas y cursos específicos.
Para eso hay que "preparar la sociedad para la inclusión de los portadores de deficiencias, aceptando las diferencias", y que los discapacitados se autoafirmen como personas y ciudadanos plenos, según el abogado Nogueira, parapléjico hace ocho años a consecuencia de un accidente automovilístico.
Otro problema es que la situación exige tratamiento global, involucrando a distintos órganos públicos y sectores de la sociedad, agregó Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, ciego y Procurador de Justicia del Trabajo en Campinas.
La accción en una sola dimensión nada soluciona. Hay, por ejemplo, muchas empresas dispuestas a emplear a discapacitados, pero tal oferta muchas veces se hace inútil porque los posibles beneficiados no tienen cómo desplazarse de sus casas al trabajo, explicó.
Es fundamental escucharlos en la planificación de obras públicas, el diseño de equipos urbanos y otros bienes de uso común, y en cualquier iniciativa de apoyo a esa minoría o que afecte la población en general, añadió el Procurador.
Es necesario un cambio radical en el enfoque de la cuestión, pasando del asistencialismo a la defensa de los derechos en todas las áreas, tanto en las calles como en las escuelas, transportes públicos, asistencia médica y previsión social, señaló Da Fonseca.
Este procurador afirma que fue discriminado en un concurso para la designación de un juez a causa de la ceguera.
Eso exige un largo e intenso trabajo, en un país que aún no dispone de estadísticas sobre discapacitados, observó Patricia Audi, coordinadora del Programa Nacional de Derechos Humanos impulsado por la SNDH.
Diez por ciento de la población de los países en desarrollo sufre algún tipo de incapacidad, sea mental, física, visual o auditiva, estimó la Organización de las Naciones Unidas. Ese porcentaje en Brasil corresponde a 16 millones de personas.
El censo ofical del próximo año permitirá una mayor exactitud, ya que por primera vez incluirá ese rubro, por iniciativa del CORDI y del Ministerio de Educación, preocupado en promover una enseñanza que atienda a las necesidades de esa minoría.
El CVI de Río de Janeiro, uno de los 20 existentes en Brasil, atiende directamente a unas 250 personas portadoras de todas las deficiencias, además de ofrecer orientaciones por teléfono, cartas y "acciones multiplicadoras", como cursos, charlas y asesoría a las autoridades, explicó su director.
Su acción para mejorar el acceso de los portadores de deficiencias a todos los locales públicos es reconocida por Tania de Almeida.
Para eso trata de diseminar en Brasil el concepto de "diseño universal", para que los bienes comunes atiendan a todas las personas, en sus diferencias y limitaciones, especialmente los olvidados, como niños, mujeres y discapacitados. (FIN/IPS/mo/mj/hd/99
