Ninguna actividad oficial fue programada hoy en Perú por el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a pesar de la marginación y discriminación que soportan los nueve millones de nativos de este país.
La Organización de las Naciones Unidas estableció la fecha en 1995, en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (1994-2004), cuyo fin es fortalecer la respuesta a los problemas de las poblaciones indígenas en áreas como los derechos humanos, ambiente, educación y salud.
Perú es un país multiétnico de 25 millones de habitantes, 49 por ciento de los cuales son mestizos, 14 por ciento descendientes de europeos, africanos y asiáticos y 36 por ciento de indígenas, que hablan idiomas nativos.
Los nativos soportan duras condiciones de marginación social, económica y cultural.
El gobierno suprimió "los dispositivos legales de protección" a los indígenas porque concibe sus problemas "como un asunto que debe resolverse en el marco del modelo económico liberal", señaló el sociólogo Flavio Solorzano, de la organización no gubernamental Población y Desarrollo.
La Constitución de 1993, que fue promovida por el presidente Alberto Fujimori, significa un retroceso en materia de derechos indígenas, según los juristas Ana María Tamayo, peruana, y Roque Roldán, colombiano.
"Perú fue uno de los países de vanguardia en la protección de los derechos de la población indígena. Su Constitución de 1930 reconoció el derecho de las comunidades indígenas a tener tierras propias y un margen razonable de autonomía para el manejo de sus propios asuntos", dijo Tamayo.
"La Constitución de 1993 es un paso atrás, porque abolió la inenajenabilidad de las tierras de poblaciones y comunidades indígenas, dejando sus territorios como espacios abiertos a la expansión de las empresas multinacionales sin una estrategia jurídica y política para defenderlas", precisó luego.
Ismael Vega, antropólogo del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), sostuvo que los indígenas de esa región "siguen a la espera de una mayor participación en la adopción de políticas que comprometen el destino de sus territorios".
A pesar de su peso político potencial, los nueve millones de indígenas peruanos carecen de metas comunes y de organización adecuada para superar las desventajas sociales y la discriminación que soportan.
Esta situación es más acentuada en las etnias indígenas mayoritarias, los quechuas y aymaras de la región andina, que reúnen 8,7 millones de personas y cuyos impulsos de desarrollo son en general individuales o familiares, orientados a integrarse en la economía y la sociedad del mundo mestizo y blanco.
En cambio, en las últimas décadas se ha advertido una mayor afirmación de la identidad cultural y los valores de los 300.000 indígenas de la Amazonia, divididos en unas 1.200 comunidades y 65 grupos étnicos, cada uno de los cuales con su propia lengua.
Expertos atribuyen el mayor desarrollo político y cultural de la población selvícola, a pesar de que su nivel económico y educativo es más deprimidos que el de quechuas y aymaras, se debe, en cierto modo, a la difusión de los conceptos ecologistas.
La inserción de aspectos sociales y étnicos en la defensa del ambiente permitió a organizaciones ecologistas incorporar en sus agendas los derechos de los selvícolas no solo a preservar sus formas de vida y trabajo, sino también aspectos como la propiedad de la tierra, el territorio y la educación bilingüe.
Este avance revirtió la situación que hasta hace 30 años existía en Amazonia, donde en el medio siglo anterior habían desaparecido 11 grupos étnicos como consecuencia de la sobreexplotación y las enfermedades traídas por colonos, que eran desconocidas para los aborígenes indefensos.
Dieciocho de los 65 grupos étnicos existentes en la Amazonia peruana se encuentran en situación de "vulnerabilidad", según expertos.
Pero Sin embargo, nuevas disposiciones ambientales obligan a las empresas interesadas en instalarse en la región para explotar hidrocarburos o minerales a consultar con las organizaciones indígenas de los territorios afectados.
"Esto era impensable hace 30 años, porque no había conciencia ecológica ni mecanismo legal que posibilitara una negociación", dijo Vega.
El antropólogo mencionó como ejemplo las negociaciones que debió realizar la compañía transnacional Shell, para su proyecto de explotación de los yacimientos de gas a orillas del río Camisea, en la selva de Cusco, con las comunidades indígenas que habitan la zona.
"Aún falta mucho por hacer, pero los dirigentes de las comunidades de la selva han establecido un diálogo con la sociedad occidental afirmando sus propios valores, defendiendo sus tradiciones y costumbres y asimilando las cosas nuevas que consideran provechosas", dijo Norma Vasquez, psicóloga de CAAAP.
En cambio, en las comunidades indígenas andinas los expertos encuentran una difundida tendencia a la desculturización, caracterizada por la asimilación a patrones de conducta e imagen de la sociedad occidental como un mecanismo de protección social frente a la discriminación y la marginación.
"Casi podríamos hablar de una voluntad de blanqueamiento o amestizamiento con el propósito de esconder la identidad indígena, que origina discriminación desventajosa", expresó Solorzano.
Ochenta y un por ciento de los indígenas de Lima dijo haber sufrido o sido testigo de discriminación racial en una investigación dirigida por el profesor Federico Dejo, de la Universidad Agraria.
Los centros de trabajo fueron señalados en la encuesta como el ambiente social más sujeto a discriminación (o sea donde "los blancos y mestizos claros tienen ventaja"), seguido de los lugares públicos y los establecimientos educativos.
El psicólogo Ramón León, autor del libro "El país de los extraños", dijo que la discriminación racial no se basa únicamente en los rasgos físicos propios de cada raza.
"Aquí la discriminación es étnico-social. Aunque la situación está cambiando, aún suele vincularse el status alto a las tonalidades de piel más claras. Y los colores de tez más oscuros, propios de las raíces andinas o africanas, a los niveles sociales más bajos", comentó la socióloga Imelda Vega.
"En cierto modo, la estratificación social de A, B, C y D expresa una escala cromática", agregó Vega, integrante de la Comisión de Estudios de Historia de las Iglesias en América Latina.
En Perú se advierte un cambio de escenarios en donde se ejerce la discriminación racial, sostuvo la experta. "Ya no puede hacerse en los lugares públicos, porque el discriminador se arriesga ser respondido con un insulto o una agresión, y se circunscribe a espacios cerrados o privados", explicó.
"Por ejemplo, las discotecas racistas no prohiben el ingreso a los cholos, indios o negros por ser tales sino que el portero les dice que no hay sitio. La discriminación es vergonzante", concluyó Vega. (FIN/IPS/al/mj/pr/99
