La tortura y el abuso físico se practican en forma cotidiana contra los presos en Azerbaiján, cuyo sistema penal está plagado de corrupción, denunció la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El gobierno de Heydar Aliyev demuestra poco interés en limitar los excesos policiales, asegura HRW en el informe "Impunidad para Torturar", que se basa en una visita realizada por un equipo de la organización estadounidense a Azerbaiján a fines de 1997 y en posteriores entrevistas.
"La consecuencia es que los funcionarios de menor jerarquía reciben el claro mensaje de que la tortura es una práctica aceptable durante las investigaciones criminales", agrega el informe divulgado este jueves.
Numerosos países industrializados, entre ellos Estados Unidos, siguen apoyando a Azerbaiján, un productor de petróleo en el corazón de la región del Caspio, rica en energía.
A su vez, el gobierno azerí pretende atraer a los intereses occidentales, en parte como forma de contrarrestar la influencia de Rusia que apoya a Armenia en su disputa territorial con Azerbaiján.
En enero, Bakú invitó a Washington a construir una base militar en territorio azerí. Pero el gobierno estadounidense está limitado por la influencia política de la comunidad armenia, de mucho poder en Estados Unidos.
Con su influencia en el Congreso, los armenios-estadounidenses impidieron que el gobierno de Bill Clinton brinde ayuda a Azerbaiján mientras Aliyev continúe el bloqueo de alimentos contra el enclave armenio de Nagorno-Karabaj.
Así mismo, las compañías estadounidenses ya no ven con tanto optimismo al mercado azerí, en parte porque no se concreta la construcción de un oleoducto del mar Caspio al Mediterráneo vía Turquía.
El informe de HRW se suma a la impresión de que el país no se rige por el imperio de la ley, al menos en lo que concierne a la justicia penal.
"Hay una falta de confianza abrumadora en el sistema de justicia penal de Azerbaiján", según Holly Cartner, directora de la División de HRW para Europa y Asia Central.
"Los ciudadanos son perseguidos por la policía corrupta y abusadora, y no tienen a quién recurrir", dijo.
Testimonios de víctimas, sus familiares y abogados indican que hay un "patrón sistemático de abuso físico y tortura" que padecen los presos políticos y comunes, indica el informe.
El problema se divulgó por primera vez en 1996 y 1997 cuando cientos de personas fueron procesadas por terrorismo o por intentar derrocar al gobierno desde que Aliyev llegó al poder en 1993.
Muchos de los acusados declararon que la policía y otras fuerzas de seguridad los torturaron en el Departamento de Policía de Bakú y en otras instalaciones, sobre todo en el Departamento Especial de la Presidencia, una unidad de contrainteligencia militar, para hacerlos confesar y brindar falso testimonio.
En el caso de los presos comunes, los detenidos son sometidos a golpizas, se les niegan alimentos y agua, así como el acceso a familiares y abogados, denuncia HRW.
Una parte fundamental del problema es que el sistema otorga amplios poderes a los fiscales, incluso la capacidad de detener a los acusados durante largos períodos antes del juicio, y de limitar el acceso a la evidencia y a los abogados.
La libertad bajo fianza o anterior al juicio casi nunca se otorga en Azerbaiján, precisa HRW.
El Ministerio del Interior alienta la tortura al mantener a los detenidos durante largos lapsos sin poder ver a sus familiares ni a sus abogados. Ese período hace posible que las heridas provocadas por las torturas se curen, al menos en forma superficial, antes de que los acusados vean al juez, asegura.
Así mismo, la ley azerí deja a merced de la policía o los fiscales la posibilidad de aprobar o rechazar exámenes médicos pedidos por los detenidos.
Antes del juicio, los presos prácticamente no tienen acceso a los tribunales para indagar por qué son acusados o para protestar por el tratamiento que reciben, sostiene HRW.
En más de 20 casos que investigó la organización, ninguno de los jueces dictaminó que eran inadmisibles confesiones o testimonios supuestamente obtenidos con torturas.
La corrupción también es parte integral del sistema. En un caso, un habitante de Bakú dijo a HRW que la policía mató a golpes a su hijo detenido antes de que el padre pudiera obtener el dinero para pagar el soborno que se exigía para liberarlo.
La policía también hace lo posible por evitar que los detenidos consigan un abogado, y aun cuando lo logran, rara vez se les permite visitar a sus clientes o a la evidencia forense en poder de la policía.
Entre otras recomendaciones, HRW exhorta al Banco Mundial a que participe en la revisión del sistema judicial y de los procedimientos penales y que fije condiciones para otorgar préstamos en estas áreas.
Si no se logran mejorías, los donantes deben suspender la entrega de dinero, sugiere la organización. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/ip-hd/99
