Organizaciones indígenas y el Foro Boliviano de Medio Ambiente observan el grave impacto negativo que tendrá la construcción de un gasoducto entre Bolivia y Brasil, que atravesará el Bosque Chiquitano, considerado uno de los últimos bosques secos del mundo.
Esas organizaciones, a las que se sumaron las alcaldías, comités cívicos y foros regionales ambientales de las provincias Angel Sandoval, Chiquitos y Germán Busch, emitieron un comunicado en el que expresan su oposición al gasoducto entre San Miguel (Bolivia) y Cuiabá (Brasil) y reclaman una ruta alternativa.
La construcción de la tubería comenzó el día 19 por el trazado original y se prevé que estará concluida a fines de enero del año 2000, anunció Steven Hopper, presidente y gerente general de Transredes, una de las accionistas de la sociedad de empresas que realizan la obra.
Ese proyecto energético es ejecutado por la empresa Gas Oriente Boliviano, constituido por las transnacionales Transredes (60 por ciento), Enron Corp (20 por ciento) y Shell (20 por ciento).
Hopper informó que en la obra se invertirá 120 millones de dólares en el lado boliviano y 380 millones en el brasileño, que incluye la construcción de una planta termoeléctrica.
Desde enero del 2000, el gasoducto San Miguel-Cuiabá transportará 2,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, de fuente boliviana y argentina.
La tubería tendrá una extensión de 610 kilómetros, un diámetro de 18 pulgadas y un potencial de transporte de 7,5 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, y su recorrido comenzará como un desprendimiento del gigante gasoducto de más de 2.000 kilómetros que va de Río Grande (Bolivia) a Sao Paulo (Brasil).
Ese gasoducto entró en operaciones el día 1.
Hopper dijo que las empresas propietarias del gasoducto disponen de un financiamiento de unos cuatro millones de dólares para apoyar proyectos de desarrollo comunitarios y de los pueblos indígenas a lo largo del trayecto de la tubería, que en el lado boliviano tendrá 335 kilómetros y 275 en el brasileño.
Pero los pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas del este de Bolivia consideraron deficiente el estudio de impacto ambiental elaborado por las empresas Entrix y PCA y que dio luz verde a la construcción por el trazado original.
"Varias organizaciones han clasificado la región como bosque primario tropical, pero la Enron la clasificó como bosque secundario, pretendiendo minimizar así los impactos negativos directos sobre este frágil ecosistema que abarca seis millones de hectáreas", afirman.
Cuestionaron también insuficiente el proceso de consulta a las poblaciones locales cercanas a la ruta de la tubería e indicaron que faltó información sobre el estudio de impacto ambiental y los planes de manejo.
Los pueblos indígenas y las organizaciones ambientales denuncian en el documento que grupos conservacionistas de Estados Unidos y de Bolivia negociaron con los promotores del proyecto para "dar su aval a cambio de dinero".
Entre las organizaciones que supuestamente hicieron negociaciones paralelas mencionan a World Wildlife Found (WWF), Word Conservation Society (WCS), Misouri Botanical Garden, Fundación Amigos de la Naturaleza y el Museo Noel Kempff Mercado.
Las poblaciones locales y pueblos indígenas son responsables del estado de conservación del área y dueños de los recursos naturales de la región, por lo que sólo a ellos les corresponde definir y decidir acerca de los proyectos que se pretenden implementar en la región, afirman.
"¿Con qué respaldo legal se han atrevido a negociar nuestros recursos naturales? ¿Acaso ellos los han cuidado y conservado? ¿Viven en la región? Nadie los conoce. ¿Son compensables los recursos naturales? ¿Se puede poner un precio a la destrucción de las últimas reservas forestales del planeta?", cuestionan.
Finalmente advierten que mientras no se atiendan sus demandas, las comunidades y pueblos indígenas asentados en esa región no permitirán la construcción del gasoducto a Cuiabá.
Bolivia es uno de los principales proveedores de energía limpia, como el gas natural, del Cono Sur de América. Actualmente vende gas a Argentina y a la región de Sao Paulo, y prevé extender este negocio a otras regiones de Brasil y Paraguay. (FIN/IPS/ac/ag/en/99
