La falta de acceso de pequeños y medianos productores agropecuarios a préstamos bancarios y el cierre de instituciones financieras incentivó el desarrollo de créditos alternativos promovidos por organizaciones no gubernamentales.
La crisis financiera de Ecuador, que llevó a la quiebra a 10 bancos en los últimos seis meses, obligó a las entidades sobrevivientes a ajustar su sistema crediticio, eliminando préstamos a medianos y grandes productores rurales, que tienen una cartera vencida de 1000 millones de dólares.
Los pequeños productores, ya discriminados por la banca comercial que restringía sus préstamos a las actividades rurales sin riesgo financiero, dejaron de recibir el ya escaso crédito que se les otorgaba.
Como consecuencia, las organizaciones no gubernamentales de crédito alternativo se convirtieron en la única salida para el campesinado. En los últimos dos meses, el pedido de préstamos a estas organizaciones aumentó 40 por ciento.
José Tonello, director del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), la organización no gubernamental de microcrédito más importante del país, dijo a IPS que el microcrédito ha ido generando una nueva cultura en el medio rural ecuatoriano.
Antes de la crisis financiera, el FEPP ya otorgaba créditos a organizaciones campesinas en condiciones diferentes a las de la banca comercial.
"Las diferencia está en la agilidad, el respeto al campesino, la confianza sin necesidad de garantías y la tasa de interés más baja", aseguró Tonello.
El Grameen Bank de Bangladesh, creado hace 21 años por el economista Muhammad Yunus, es el primer ejemplo mundial exitoso de microcrédito rural, e inauguró un movimiento que se diseminó por el mundo en desarrollo.
Con cinco millones de clientes, 4.000 millones de dólares en activos y 2.000 agencias, el Grameen Bank tiene asociados en decenas de países de cuatro continentes.
En América Latina, algunos de sus émulos son la Caja Social de Colombia, el BancoSol de Bolivia y el Federación Nacional de Centros de Apoyo a Pequeños Emprendedores, de Brasil.
En Ecuador, hasta la década del 80, cuando se desarrollaron este tipo de instituciones, la alternativa de crédito rural eran los "chulqueros" o prestamistas, que aplicaban tasas muy superiores a las del sistema financiero.
Para los indígenas, era difícil acceder a un crédito comercial pues, al carecer de títulos de tierras para hipotecarlas en garantía y tener sus algunas de sus propiedades en litigio con terratenientes, no cumplían los requisitos.
Incluso los que tenían posibilidades de acceder a esos préstamos debían afrontar trámites largos y costosos, dado que los bancos estaban lejos de los campos que cultivaban.
En la actualidad hay 21 organizaciones no gubernamentales que promueven el crédito alternativo, con una cartera de 6,5 millones de dólares diversificada en préstamos para el sector artesanal, producción agropecuaria, infraestructura productiva, adquisición de tierras y capital de trabajo.
Hasta hace tres años concedían préstamos con la condición de controlar las actividades de los agricultores desde la producción hasta la comercialización del producto. Muchas experiencias fallidas los llevaron a admitir que esa práctica limitaba la libertad y aprendizaje del productor.
Un ejemplo fue el crédito otorgado a indígenas del Puyo en el oriente ecuatoriano para introducir la ganadería en zona selvática.
Otro crédito malogrado se destinó a la plantación extensiva de naranjilla en la misma zona, transformando zonas de cultivos múltiples en territorios de monocultivo, con graves consecuencias para el ambiente.
El primer proyecto fracasó porque el ganado no resistió vivir en potreros. Además, era criado por indígenas que no estaban acostumbrados a esa actividad.
El error del segundo proyecto fue el exceso de producción de naranjilla, que provocó una caída de precios. La inversión no se recuperó el dinero y los campesinos no pudieron afrontar su deuda.
El FEPP trabaja con 900 organizaciones campesinas y su cartera total llega a los cuatro millones de dólares repartidos en 1.100 créditos.
Para Tonello, la experiencia del FEPP le ha dejado varias enseñanzas que sirven para ir mejorando el sistema de crédito alternativo.
"Algo que hemos aprendido para desterrar el paternalismo y hacer que la gente se esfuerce en su trabajo es que un crédito sin intereses es mejor que una donación", comentó Tonello, para quien un crédito con tasa de interés subsidiada es mejor que un crédito sin intereses.
"Pero lo mejor es un crédito con tasa de interés positiva, que cubre la depreciación causada por la inflación, un porcentaje de cartera incobrable y los costos administrativos", dijo.
La tasa de interés aplicada por el FEPP varía entre 18 por ciento anual para la compra de tierras y forestación y 42 por ciento para el desarrollo ganadero. Mientras, la tasa de la banca comercial se ubica en 68,97 por ciento.
"Para mantenerse no es necesario cobrar intereses altos como la banca porque ahí sería una tasa especulativa. Lo que está en discusión es la racionalidad económica y la ética de las tasas cobradas por el sistema financiero convencional", aseguró.
Otra experiencia interesante es la Fundación de Apoyo Comunitario y Social (FACES) de la provincia de Loja, fronteriza con Perú, que con una cartera de 200.000 dólares concede crédito a 1.000 mujeres dedicadas a la artesanía, fabricación de mermeladas, de pan y otras actividades.
Los préstamos de FACES van acompañados de un programa de capacitación en gestión empresarial, producción, tecnología y género.
El diputado indígena Gilberto Talahua elogió la labor de estas entidades, pero manifestó que el Estado debe ser obligado a otorgar créditos a campesinos e indígenas.
Talahua reivindica un proyecto de ley presentado en 1997, en la legislatura anterior, por el ex diputado indígena Miguel Lluco que propone crear una Corporación Financiera del Campo (Corfinca).
Con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania se realizaron una serie de talleres en todo el país, que dieron la base para la elaboración del proyecto de ley, pero los sectores mayoritarios del Congreso legislativo no quisieron tratarlo en esa oportunidad.
"Los créditos bancarios están cerrados y las organizaciones no gubernamentales de microcrédito no dan abasto para atender todo los requerimientos de indígenas y campesinos. Es el momento de obligar al Parlamento que trate la creación de Corfinca", aseguró Talahua.
El proyecto de ley propone que Corfinca se inicie con 100 millones de dólares del Fondo de Solidaridad, creado para administrar el dinero obtenido por la venta de las empresas privatizadas.
"Lo que se necesita para iniciar CORFINCA es quince veces menos de lo que el gobierno dio a los bancos quebrados en los últimos meses", aseguró Talahua. (FIN/IPS/kl/mj/if dv/99
