El sistema carcelario de Uruguay padece una profunda crisis, y sus problemas no parecen ser muy distintos a los que se registraban a comienzos del siglo XIX.
"La humedad que vierten los pisos de los calabozos donde se hacinan hombres y mujeres exige, por elementales razones de humanidad, instalar un tablado, donde puedan acostarse los infelices presos y presas, aliviándoles en algo esta pobre penalidad", decía un informe de 1810 al Cabildo de Montevideo.
Todas las cárceles de Uruguay están superpobladas, 189 años después. En celdas inicialmente previstas para dos o tres reclusos, conviven entre cuatro y seis, y muchos deben dormir en el piso.
El lunes 14, los presos en la principal cárcel de Uruguay realizaron un motín, pidiendo mejores condiciones de vida, y tomaron diez rehenes, incluyendo a los integrantes de un equipo periodístico que estaban realizando un informe para la televisión.
La imagen en directo del periodista Yuri Gramajo, con un cuchillo en su garganta, conmovió a los uruguayos y centró la atención de la opinión pública en el penal de Libertad, ubicado cerca de la ciudad del mismo nombre, en el que más de 90 por ciento de los internados son considerados "peligrosos".
Los reclusos también mantuvieron como rehenes a un camarógrafo, un iluminador y siete policías, durante cuatro horas, hasta que se llegó a una solución negociada.
En ese lapso destruyeron las instalaciones de la cárcel, incluyendo el sistema sanitario, y forzaron al gobierno a un complejo mecanismo de traslado de reclusos para proceder a su refacción.
La revuelta fue la quinta en la misma cárcel desde abril de 1996, y en una de ellas también habían resultado destruidas las instalaciones.
"El sistema carcelario está en crisis y se requiere una revisión a fondo de las instalaciones, los mecanismos de seguridad y los reglamentos internos", dijo a IPS un portavoz del ministro del Interior, Guillermo Stirling.
La mayoría de los presos del penal de Libertad permanecen en sus celdas casi 23 horas por día pese a que el sistema prevé cuatro horas de recreo diarias.
La atención médica es deficitaria, al igual que las actividades laborales y educativas para los reclusos, han denunciado varias organizaciones humanitarias.
Esas organizaciones reclaman que la administración de las cárceles deje de ser responsabilidad del Ministerio del Interior, y pase a un organismo independiente.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Alonso de Marco, declaró poco después de que comenzara el motín que el penal de Libertad "es un mero depósito de seres humanos", y reclamó su cierre.
La reacción de Stirling no se hizo esperar. La afirmación del prsidente del máximo organismo judicial "fue por lo menos inoportuna, cuando aún no habíamos retomado el control del penal", dijo el ministro del Interior a IPS.
"Lamentablemente no podemos pensar en dejar de utilizar el penal, porque es el único de alta seguridad que tiene el país", agregó Stirling.
Su predecesor, el actual canciller Didier Opertti, había dicho poco antes de dejar el cargo que el gobierno exploraría ante organismos internacionales la posibilidad de obtener un crédito para construir cárceles adecuadas.
Las autoridades se proponen construir tres o cuatro centros de reclusión regionales para "descomprimir" a los grandes centros carcelarios. Para ello han recibido ofertas de compañías extranjeras.
A esas nuevas cárceles se añadirá un centro de reeducación para delincuentes primarios sin peligrosidad, que se está construyendo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por otra parte, el gobierno considera la posibilidad de que los militares, que ya están a cargo de la custodia externa de las cárceles, se integren definitivamente al control de los reclusos.
La jueza Raquel Landeira y la fiscal Beatriz Scapusio advirtieron, en un reciente trabajo histórico-técnico sobre las cárceles, que si no se producen "transformaciones profundas" en el sistema, la sociedad "comenzará a recorrer el camino del descremiento" en el derecho.
También señalaron que existe "un expandido sentimiento colectivo de inseguridad en la población", como resultado del "magro resultado preventivo y del sistema carcelario".
Las expertas señalaron que el sistema político buscó responder a ese sentimiento de inseguridad con la tipificación de nuevos delitos y el establecimiento de penas de reclusión más prolongadas, con lo cual aumentó el número de reclusos.
Actualmente, más de 80 por ciento de los presos no han recibido sentencia definitiva por los delitos de que se les acusó, y por lo tanto son, formalmente, inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.
A juicio de Landeira y Scapusio, es preciso establecer penas alternativas a la prisión para los delitos leves, y reservar las cárceles para los culpables de crímenes que "afecten gravemente bienes jurídicos esenciales", como los homicidios, las rapiñas y las violaciones. (FIN/IPS/rr/mp/ip hd/99
