La responsabilidad de Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador del estado mexicano de Chiapas, en la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997 será investigada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informaron activistas.
Organizaciones no gubernamentales se unen así a las críticas de Amnistía Internacional por la designación de Ruiz como representante de la Secretaría (ministerio) de Agricultura en la Embajada de México en Estados Unidos.
Ruiz Ferro ejerció la gobernación de Chiapas cuando el campamento de refugiados de Acteal fue atacado por supuestos paramilitares con un saldo de 45 indígenas tzotziles muertos y dejó el cargo después de la matanza.
El funcionario fue enviado a la Embajada en marzo, pero su designación sólo tomó estado público esta semana, cuando la denunció Amnistía Internacional.
Edgar Cortés, de la organización humanitaria Miguel Agustín Pro, señaló a IPS este viernes que "la presencia de Ruiz Ferro en Estados Unidos evidencia la falta de voluntad política del gobierno mexicano para esclarecer los dolorosos hechos de Acteal".
Esa situación, "justifica la posibilidad de que se recurra" ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para "acabar con la impunidad que ha protegido a los responsables materiales e intelectuales del crimen masivo", agregó Cortés.
Pocos días antes de la matanza, diversas organizaciones no gubernamentales advirtieron en persona al entonces gobernador sobre la amenaza que representaban las actividades de grupos paramilitares en la región de Chenalhó.
La ausencia de medidas para prevenir la tragedia "nos hace deducir que los autores materiales contaron con la complicidad del gobierno", declaró Cortés.
La investigación sobre el caso de Acteal permanece abierta y, como Ruiz Ferro "está implicado en su calidad de ex gobernador", su nombramiento "en una de las embajadas más importantes supone falta de voluntad para que las averiguaciones vayan hasta sus últimas consecuencias", señaló Cortés.
El centro Fray Bartolomé de las Casas pugnará para que Ruiz Ferro sea juzgado en México por su responsabilidad penal y administrativa en la masacre. En su momento, las imágenes de los indígenas asesinados estremecieron al país y al mundo.
Las autoridades judiciales de Chiapas mantienen hasta ahora a 85 indígenas procesados por su supuesta participación en la matanza.
Ante la "pérdida de credibilidad de las instituciones oficiales, pensamos en recurrir a instrumentos internacionales de derechos humanos, para que se haga justicia y se castigue al ex gobernador", afirmó la directora del centro Fray Bartolomé de las Casas, Mariana Jiménez.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Benito Mirón, dijo el jueves que la cancillería mexicana debe solicitar el retiro inmediato de Ruiz Ferro de la Embajada de Estados Unidos, para evitar "que los cargos diplomáticos sean utilizados para conseguir impunidad".
Mirón añadió que la presencia del ex gobernador en Washington "representa la impunidad hasta la exageración, no sólo porque no se le juzga, sino porque se le otorga un cargo de nivel que evidentemente favorece la impunidad".
El director ejecutivo de Amnistía Internacional, William F. Schulz, consideró el miércoles "completamente inaceptable" el nombramiento del ex gobernador de Chiapas en Estados Unidos.
Schulz pidió al gobierno estadounidense "una investigación plena sobre el papel de Ruiz Ferro en la matanza de Acteal y determinar si debería permanecer" en Washington.
En su último informe, Amnistía Internacional denunció el amplio uso de la tortura y otros abusos por parte del ejército y la policía de México.
Schulz afirmó que México es uno de los tres países en el mundo con apariencia de estables donde los abusos podrían llevar al "conflicto y al caos".
Amnistía Internacional acusó al Ejército y a la policía de Chiapas de recurrir a las redadas como forma de "castigo colectivo" en comunidades que simpatizan con el insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se levantó en armas en ese estado el 1 de enero de 1994.
Organizaciones no gubernamentales han denunciado este mes las ocupaciones militares de zonas indígenas chiapanecas, de donde huyeron cientos de habitantes para refugiarse en los montes, sin ninguna garantía de seguridad.
Como en ocasiones anteriores en que ha recibido críticas de Amnistía Internacional, el gobierno mexicano se defendió con el argumento de que esa organización "ignora completamente los cambios y acciones (oficiales) para mejorar la situación de los derechos humanos del país".
El subsecretario de Relaciones Exteriores Juan Rebolledo consideró "infundada y alarmista" la opinión de Amnistía Internacional en el sentido de que México puede caer en el caos por la situación de los derechos humanos en el país.
Hace tres meses, Amnistía Internacional declaró que los mecanismos legales destinados a proteger a las víctimas de derechos humanos en México son "simplemente soslayados". (FIN/IPS/pf/mj/ip hd/99
