El presidente yugoslavo Slovodan Milosevic fue procesado por crímenes de guerra por el Tribunal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la antigua Yugoslavia, ante el que también han sido acusados los líderes de la OTAN.
El Tribunal de la ONU informó este jueves el procesamiento penal de Milosevic, del presidente de Serbia, Milan Milutinovic, y de otros tres altos funcionarios yugoslavos por el asesinato de 340 albanokosovares y la deportación de 740.000 personas del mismo grupo étnico.
Se trata de una decisión sin precedentes, ya que afecta a un jefe de Estado en funciones, Milosevic, sobre el que desde ahora pesa una orden internacional de captura.
El tribunal internacional radicado en la ciudad holandesa de La Haya dio a conocer los procesamientos cuando el negociador especial ruso para el conflicto de los Balcanes, Victor Chernomyrdin, era esperado por Milosevic en Belgrado.
El encausamiento del presidente yugoslavo fue comunicado en conferencia de prensa por la fiscal del tribunal, la jueza canadiense Louise Arbour, a quien en enero, Belgrado le impidió investigar el asesinato de 45 personas de origen albanés en Kosovo.
El auto de procesamiento fue firmado el 22 de este mes, pero se mantuvo en secreto para evitar represalias contra los integrantes de una misión humanitaria de la ONU en Yugoslavia, explicó Arbour.
Antes del encausamiento de Milosevic, 17 abogados canadienses, estadounidenses y de otras nacionalidades habían acusado formalmente ante el mismo tribunal a los jefes de gobierno de los 19 países que integran la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
La demanda penal se dirigió también contra los cancilleres y los ministros de Defensa de los mismos países e invocó crímenes de guerra.
Los 17 abogados señalaron a principios de este mes, en una presentación ante la Fiscalía del Tribunal de la ONU, que hay fundamente legal y suficiente evidencia para someter a juicio a los líderes de la OTAN por violación del derecho internacional humanitario en el conflicto de Yugoslavia.
La lista incluye "asesinatos, lesiones físicas causadas con premeditación, destrucción masiva de propiedades no justificada por necesidades militares, el empleo de armas tóxicas y de otras para causar sufrimiento innecesario y destrucción gratuita de ciudades y aldeas".
Chernomyrdin, ex primer ministro de Rusia, advirtió este jueves en el diario estadounidense The Washington Post que la OTAN se concentra ahora en la destrucción de obras de infraestructura civil, como las líneas de transmisión eléctrica, las tuberías de agua y fábricas, y que esas operaciones afectan a la población civil.
"Tarde o temprano, la comunidad internacional pedirá a la OTAN que pague el daño causado a Yugoslavia, para compensar a las familias de las víctimas inocentes y para castigar a los pilotos que bombardearon a civiles y a sus comandantes, por impartir órdenes criminales", advirtió Chernomyrdin.
Un punto de vista semejante fue expuesto en el diario Los Angeles Times por el profesor estadounidense Jonathan Miller, un experto en derecho humanitario.
La fiscal Arbour ha dicho que el tribunal internacional ha "aceptado las seguridades proporcionadas por la OTAN en cuanto a que intenta conducir sus operaciones en Yugoslavia de acuerdo con la ley humanitaria internacional".
Pero "la decisión de privar temporalmente a la mayoría de (la población de) Serbia de energía eléctrica y de bombardear una fábrica de cigarrillos, una emisora de televisión y la sede de un partido político difícilmente puede ser aceptadas como necesidades militares", observó Miller.
La OTAN atacó la semana pasada aldeas y una cárcel,k arguyendo que eran utilizadas como puestos de mando del ejército serbio, y plantas generadoras de electricidad. Esas operaciones afectaron el suministro de electricidad a ciudades.
Un abogado griego, Alexander Lykourezos, presentó a principios de este mes en La Haya una acusación contra la OTAN en la que detalla bajas civiles y destrucción de propiedades.
"La conducta criminal de los líderes políticos y militares de la OTAN fue intencional y gratuita. El grado de responsabilidad penal de cada uno de los que contribuyeron a la decisión debe ser determinado por el Tribunal", señaló Lykourezos.
El Tribunal Internacional fue creado para juzgar crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia, y especialmente en Bosnia- Herzegovina y Croacia, y tiene el reconocimiento de los países miembros de la OTAN.
Al intervenir militarmente en Yugoslavia, esos estados "se sometieron voluntariamente a la jurisdicción del tribunal", cuya autoridad prevalece sobre todo órgano de justicia de carácter nacional, señaló Arbour.
En cambio, la República Federal de Yugoslavia (Montenegro y serbia), nunca lo reconoció, y en enero rechazó la solicitud de visado de Arbour, arguyendo que no había guerra en Kosovo.
En opinión del jurista italiano Giorgio Tosi, la operación militar en Yugoslavia es ilegal.
Al eludir la instancia del Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN no sólo desconoció la carta de la organización mundial, sino también sus propios tratado de origen, dijo Tosi.
El artículo quinto de ese tratado admite la acción militar sólo como medio de defensa, y el séptimo reconoce la responsabilidad suprema del Consejo de Seguridad en materia de seguridad internacional, destacó.
También Yugoslavia presentó denuncia contra la OTAN, aunque no en el Tribunal para la antigua Yugoslavia, cuya autoridad no reconoce, sino ante la Corte Internacional de Justicia, por crímenes de guerra y genocidio.
Belgrado pidió en la misma demanda reparaciones por el daño causado desde el comienzo de la operación de la OTAN, el 24 de marzo.
Los abogados de la OTAN rechazaron las acusaciones, y el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia se aguarda para la semana próxima. (FIN/IPS/tra-en/mb/ak/ff/ip hd/99
