El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) advirtió que puede agravarse la crisis en la Cárcel Modelo, la más grande del país, en la que hubo tres motines en tres días, y pidió al gobierno medidas urgentes para evitar un episodio sangriento.
Los desórdenes de este semana en la Cárcel Modelo causaron la destitución de todos los jefes del establecimiento y evidenciaron las graves contradicciones entre civiles y militares del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
La Cárcel Modelo, ubicada en la periferia de la ciudad de Tipitapa, 26 kilómetros al norte de Managua, alberga a unos 2.500 reclusos, más de 40 por ciento del total del país, distribuidos en 10 galerías con capacidad para sólo 1.800 internos.
William Frech, el primer civil que dirige el SPN en los 20 años de existencia de ese organismo, relevó al jefe del penal, subcomandante Ramiro Jáenz, y a otros siete militares que dirigían la Cárcel Modelo.
Frech, un abogado penalista, acusó a los oficiales destituidos de reprimir "sin necesidad" a los reclusos amotinados, de violar frecuentemente los derechos humanos de los detenidos y de "sabotear el trabajo disciplinario con los reos".
Agregó que el SPN intenta aplicar "un plan humano" en las cárceles, "acorde a la Constitución y a las Naciones Unidas", pero "los militares que no quieren los cambios ni la nueva autoridad civil".
Los funcionarios destituidos informaron de seis incidentes en las últimas seanas en la Cárcel Modelo y de tres entre el domingo y el martes.
El más grave ocurrió el domingo, cuando unos 200 presos de alta peligrosidad se amotinaron para protestar porque un oficial ignoró una concesión realizada por Frech, sin que los 35 oficiales a cargo del penal en ese momento pudiesen controlar la situación.
El motín fue finalmente sofocado por una brigada especial de la policía. Más de 25 reclusos resultaron gravemente heridos, cinco oficiales fueron vapuleados y quedaron destruidas la peluquería, la cafetería y la clínica del penal.
Jáenz consideró injusta su destitución, pues, según dijo, debió pedir la intervención de la Policía porque no contaba con instrumentos para sofocar un motín, sino sólo con armas letales, cuyo empleo habría causado varias muertes.
"No quiero cargar muertos sobre mis hombros", dijo el militar.
El subdirector del CENIDH, Xavier Pérez Ríos, advirtió el peligro de aumento de los desórdenes y que puede haber asesinatos en la Cárcel Modelo.
"Ante ese peligro, el CENIDH ya envió un informe" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional y a la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica, informó Pérez Ríos.
Dos reclusos, Pedro Calderón Sánchez y Germán Mairena, denunciaron después de los disturbios del domingo haber recibido amenazas de muerte de un grupo de internos de la galería siete, recinto de presos considerados de alta peligrosidad.
El Nuevo Diario advirtió que las discrepancias entre Frech y los militares del penal agravaron la crisis en la Cárcel Modelo, "al extremo que ya se han conformado grupos de internos dentro de las galerías que han amenazado de muerte a los custodios y a los mismos reos".
Muchos guardias "temen ingresar a las galerías, porque los presidiarios están armados de varillas y objetos punzantes", dijo a El Nuevo Diario un oficial no identificado.
Esos recluos "se sienten protegidos por Frech y no desperdician ninguna oportunidad para agredirnos", aseguró el oficial. En la noche del lunes hubo otra tentativa de motín, pero los funcionarios controlaron la situación lanzando siete bombas de gas lacrimógeno en la galería siete.
Frech afirmó que no había motivo suficiente para emplear gases lacrimógenos contra los presidiarios. "Creo en el diálogo y la persuasión en sustitución de las medidas coercitivas" agregó.
El martes, los internos en la galería siete celebraron el relevo de Jáenz con un nuevo conato de motín, gritando e insultando a todo el personal de la cárcel.
La destitución de las autoridades de la Cárcel Modelo determinó a 197 de los 340 guardias de servicio en el penal a pedir su baja. Los renunciantes acusaron a Frech "de promover la anarquía, el caos y la desobediencia entre los reos".
Los funcionarios afirman que las requisas a los reclusos y sus familiares fueron suspendida por Frech, y la consecuencia ha sido el ingreso de mayor cantidad de drogas.
"Sin embargo, él (Frech) dice que (ese hecho) es responsabilidad nuestra", expresó uno de los oficiales.
"La ley me asiste para hacer cambios de militares por civiles" en la dirección del penal, dijo Frech, y anunció que espera un informe de una comisión especial para proceder a otras sustituciones.
Los militares dicen que no se oponen a trabajar a las órdenes de un mando civil ni a medidas educativas que beneficien a los reclusos. Pero "no estamos dispuestos a exponer la vida debido a la violencia carcelaria" que causaron las políticas aplicadas por Frech, señaló uno de ellos. (FIN/IPS/wg/ff/hd ip/99
