EL SALVADOR: Calderón concluye presidencia con tareas pendientes

El presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol, dejará este martes a su sucesor Francisco Flores un sector educativo mejorado y un sistema financiero fuerte y en crecimiento, pero las tareas de consolidar la paz y acabar con la pobreza quedarán a medio resolver.

Cuarenta y siete por ciento de los niños tienen hoy acceso a la educación preescolar. La cobertura nacional de la educación básica pasó de 77 a 95 por ciento. El analfabetismo se redujo de casi 50 por ciento en 1992 a 16 por ciento en 1997.

La columna vertebral de esta reforma fue el programa denominado Educo, financiado al principio por el Banco Mundial y que ha recibido reconocimientos internacionales. La tarea pendiente ahora es mejorar el acceso al ciclo intermedio de educación.

Pero, por otra parte, los tres pilares sobre los que debía construirse la democracia tras los acuerdos de paz de 1992 se debilitan. Policía, justicia y derechos humanos hoy son puestos en duda, aseguró Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Calderón Sol abandona el poder con una mayoritaria opinión favorable, según la última encuesta de la firma Cid Gallup encargada y divulgada este lunes por El Diario de Hoy, periódico al que se atribuye afinidad a la gobernante y derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Según este sondeo, 45 por ciento de las personas entrevistadas a mediados de mes dieron una opinión favorable a la gestión del mandatario y solo 10 por ciento juzgó que su trabajo fue deficiente.

A la vez, los salvadoreños consideran que los principales logros en cinco años de gobierno de Calderón Sol son la construcción de infraestructura y la mejora de la calidad de la educación y de los servicios de salud pública.

Los entrevistados consideran que el mandatario no tuvo éxito en la lucha contra la delincuencia, ni en hacer llegar los beneficios del crecimiento económico a la población más necesitada.

De hecho, 68 por ciento de los salvadoreños piensan que los más favorecidos por el gobierno de Calderón Sol fueron los ricos y los empresarios y 61 por ciento creen que a quienes menos ayudó fueron los pobres.

La firma Synthesis Consultores consideraron que durante la gestión de Calderón Sol se lograron avances notables en el alivio de la pobreza urbana, pero no de la rural. Sesenta por ciento de la población rural es pobre, mientras en las ciudades ese porcentaje es de 40 por ciento, según esta empresa.

Synthesis sostuvo que los principales logros del gobierno en materia económica son el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la modernización del sector de telecomunicaciones a través de la privatización y la reforma previsional, que puso en marcha sistemas privados de administración de pensiones.

Otros analistas consideraron que, en el plano político, el gobierno de Calderón Sol, iniciado en 1994, consolidó el proceso de paz y democratización de El Salvador.

Pero Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, sostuvo que en El Salvador no hay paz, porque no puede haberla en un país donde ocurren entre 15 y 20 asesinatos diarios. Esta situación tiene varios orígenes: desde la delincuencia común, hasta los asesinatos políticos y los escuadrones de la muerte.

"En El Salvador aún no podemos hablar siquiera de derechos humanos económicos, que se violan permanentemente. Nosotros aún estamos hablando del derecho a la vida, a la libertad de asociación, y de la construcción de la institucionalidad", dijo el experto a IPS.

Los tres pilares de la institucionalidad democrática, acordados en 1992 con el fin de la guerra civil (la salida de la Policía Nacional Civil del control militar, el fortalecimiento de la justicia y la Procuraduría de los Derechos Humanos), están en crisis, agregó.

La misión de la Policía Nacional Civil, dijo, es proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, así como prevenir y combatir toda clase de delitos y mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública en todo el territorio nacional.

"Pero la institución policial no ha cumplido con su mandato imperativo, y eso resiente a la sociedad, al darse cuenta de que los niveles de violencia y delincuencia no se han logrado reducir significativamente pese a algunos intentos puntuales y ciertos resultados positivos", sostuvo.

Cuéllar recordó que en octubre de 1998 varias organizaciones sociales dieron cuenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la participación directa de policías en ilegalidades como implantación de pruebas, presentación de testigos falsos e indebida administración financiera.

Otro informe, de febrero de 1998, elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, expresa preocupación por una serie de rasgos que no corresponden al carácter civil de la institución, como maltratos, actitudes propias del ámbito castrense y falta de integración a la comunidad.

A las deficiencias en el funcionamiento de la policía se suman los problemas del sistema judicial, básicamente vinculados con casos de corrupción, que le quitan credibilidad.

La Comisión Coordinadora del Sector Justicia reveló en noviembre que 53 por ciento de la población tiene poca confianza en el sistema judicial y 31 por ciento no le tiene confianza alguna.

Según esa investigación, 75 por ciento de la población considera que en El Salvador no hay seguridad jurídica, "entendida como la certeza que tiene la persona sobre el imperio de la ley", agregó Cuéllar.

"El Estado tiene el deber de garantizar el cumplimiento de la normativa en cuanto a los derechos y las obligaciones de todas y todos", afirmó.

Esto se demuestra en el uso que hacen los habitantes de estas instituciones. Solo 18 por ciento de la población recurrió alguna vez a los Tribunales de Justicia, a la Procuraduría General de la República o a la Corte Suprema de Justicia.

El tercer pilar de la democratización es la Procuraduría de Derechos Humanos, que llegó a convertirse en la institución con mayor credibilidad en El Salvador, hasta que en 1998 la Asamblea Legislativa designó como procurador a un abogado que había enfrentado demandas precisamente por violar los derechos humanos. (FIN/IPS/mso/mj/ip hd/99

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