El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, parece dispuesto a imponer la convertibilidad monetaria para superar la crisis económica, en medio de intensas protestas sociales.
Las medidas económicas anunciadas este jueves por Mahuad, al finalizar cuatro días sin actividad bancaria, parecen preparar el terreno para el establecimiento de una caja de conversión, eventualidad que había sido rechazada por el actual mandatario, entonces alcalde de Quito, en 1996.
Ese año, el entonces presidente de Abdalá Bucaram había invitado a Ecuador al ex ministro argentino Domingo Cavallo, quien impuso en su país esta política monetaria.
Esta estrategia consiste en fijar el precio de la moneda nacional a la del dólar a través de una caja de conversión que contendrá un monto en la divisa estadounidense equivalente o mayor al del dinero circulante, como respaldo.
Esta política monetaria rige en Argentina y en Hong Kong. En el caso del país sudamericano, la caja de conversión contiene un monto en dólares que duplica al de pesos argentinos en circulación, y fue necesaria una ley para establecerla.
Mahuad decidió este jueves, mientras regía en todo el territorio del país el estado de emergencia por las protestas sociales, 100 por ciento de aumento al precio del combustible, 20 por ciento al de la electricidad y otros a diversos servicios públicos.
El mandatario también enviarán al Congreso legislativo de un proyecto urgente para incrementar el impuesto al valor agregado de 10 a 15 por ciento y el inicio inmediato del proceso de privatización de las empresas de teléfonos, electricidad y petróleo.
También se prevén recortes a los salarios del sector público y flexibilización de las leyes laborales, así como un saneamiento del sistema bancario para que sobrevivan las instituciones más fuertes.
Para evitar un retiro masivo de dinero de los bancos como consecuencia de las medidas anunciadas, se congelan los depósitos a largo plazo y se establece un cupo máximo para los retiros.
Este paquete económico crea condiciones para imponer la convertibilidad, sobre la base del asesoramiento de técnicos del Fundación Mediterránea, grupo de expertos conducido por Cavallo, que se encuentran en Ecuador, informaron fuentes del gobierno.
Distintos voceros gubernamentales, como el propio secretario de la Administración, Jaime Durán Barba, admitieron que la convertibilidad podría ser una de las salidas a la crisis que enfrenta el país.
En 1996, cuando Bucaram invitó a Cavallo, el actual presidente y entonces alcalde de Quito se opuso a la posibilidad de imponer la convertibilidad e incluso contribuyó con la campaña que derivó en la caída del gobierno de Bucaram.
La crisis económica que vive Ecuador desde 1996 empeoró en los últimos tres meses. Las medidas implementadas por el gobierno no lograron controlar el déficit fiscal y propiciaron un proceso inflacionario que parece irreversible, según diversos analistas.
La primera medida fue la eliminación del subsidio al gas, con lo que el balón de 11 kilogramos pasó de costar 0,70 centavos de dólar a cuatro dólares. Luego se elevaron las tarifas de electricidad 50 por ciento.
En diciembre se estableció un impuesto de uno por ciento a la circulación de capital, que grava todas las transacciones bancarias. Al mismo tiempo, se eliminó el impuesto a la renta.
El diputado del Partido Social Cristiano y ex candidato presidencial Jaime Nebot afirmó que lo recaudado cada año por el nuevo impuesto rondaría los 600 millones de dólares, mientras que lo obtenido con el impuesto a la renta ascendía a 350 millones.
Mahuad anunció que el impuesto a la circulación de capital acabaría con el déficit, que, de todos modos, continuó.
Como respuesta inmediata la mayoría de los comerciantes aumentaron los precios entre cinco y diez por ciento para contrarrestar el nuevo impuesto, lo que contribuyó con un proceso inflacionario difícil de detener.
Al mismo tiempo, aumentó la demanda de dólares, a tal punto que la divisa estadounidense trepó en tres meses de 6.540 sucres a 13.200, con un pico de 18.000.
Aunque el Banco Central vertió dólares al mercado para aumentar la oferta, no logró parar el alza que superó las previsiones del gobierno. El comercio decidió dolarizar sus precios e incrementarlos 100 por ciento.
Mientras, el gobierno gastó más 1.000 millones de dólares en el salvataje de varios bancos quebrados. Sin embargo, la cadena de quiebras siguió: al Banco de Préstamos se sumó el Filanbanco, luego el del Azuay, Finagro y el Occidente.
El gobierno preveía que el sistema bancario quedaría saneado, pero la semana pasada se anunció que el Banco del Progreso, uno de los más importantes de la costa del Pacífico, también está en problemas, y que el gobierno ya no tiene dinero para salvarlo.
Temiendo una depreciación desmedida del sucre a raíz de los nuevos problemas bancarios, la Superintendencia de Bancos decretó el lunes un el feriado bancario que luego se extendió al martes.
Organizaciones sociales y los partidos de oposición convocaron a un paro nacional con movilizaciones el miércoles y este jueves, lo que llevó a las autoridades a mantener el sistema financiero paralizado toda la semana hasta este viernes.
El gobierno también declaró estado de emergencia nacional durante 60 días, por lo que las Fuerzas Armadas están habilitadas para reprimir cualquier acto público y allanar viviendas sin necesidad de orden judicial.
El presidente tiene la potestad de subir el precio de los servicios sin necesidad de consultar al parlamento y decretar recaudación anticipada de impuestos nacionales o locales para hacer frente a la crisis.
Tanto el miércoles como este jueves, las más importantes ciudades de Ecuador permanecieron paralizadas y se produjeron enfrentamientos entre la polícia y los huelguistas.
Hasta el momento, más de 150 personas fueron detenidas en todo el país. En el medio rural, todas las carreteras de la región de la sierra y del oriente permanecen cortadas por los indígenas y campesinos.
La protesta se extendería hasta el viernes debido a las medidas económicas anunciadas. (FIN/IPS/kl/mj/if/99
