Las negociaciones entre el gobierno de México y los guerrilleros zapatistas del sureño estado de Chiapas permanecen interrumpidas al cumplirse tres años del único acuerdo firmado por las partes, que no fue cumplido por las autoridades.
En los últimos tres años, mientras se discutió cómo poner en marcha el acuerdo y retomar el diálogo, 150 indígenas murieron asesinados en Chiapas, 15.000 se desplazaron por la violencia, 300 extranjeros fueron expulsados del estado y la comisión que mediaba en el conflicto quedó disuelta.
El camino hacia la paz está abierto, dijo el gobierno al suscribir los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena, documento en el que se reconocen espacios de autonomía a las etnias
Sin embargo, los observadores estiman que la paz en Chiapas, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantó en armas en 1994, parece ahora más lejana que nunca.
El recelo y la desconfianza de los zapatistas pareció exagerado el 16 de febrero de 1996 cuando firmaron los acuerdos de San Andrés, "pero hoy veo que tenían razón", señaló Gonzalo Ituarte, ex secretario de la Comisión Nacional de Intermediación, instancia de pacificación para Chiapas disuelta en junio de 1998.
Cumpliendo con los compromisos entre el EZLN y el gobierno, los acuerdos de San Andrés fueron transformados en un proyecto de ley por una comisión del Congreso en agosto de 1996. Los guerrilleros aceptaron el proyecto, pero el gobierno consideró que tenía errores y que podía "balcanizar" el país.
El EZLN acusa desde entonces al gobierno de faltar a su palabra y pone como condiciones principales para volver a las negociaciones de paz que se acepte el proyecto de ley, desmilitarice parte de las zonas donde asienta sus tropas y que se elimine a los grupos armados irregulares.
Por su parte, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que en marzo de 1997 presentó al Congreso su propio proyecto ley sobre derecho y cultura indígena, que según su versión "sí recoge el espíritu de San Andrés", acusa a la guerrilla de negarse al diálogo.
Como ha sucedido en otros países del mundo con presencia indígena, autoridades, políticos y toda clase de profesionales de la ciencias sociales discuten la validez y los alcances de la autonomía indígena, que según los partidos de oposición mexicanos, el gobierno aceptó en 1996 y ahora reniega de ellos.
Unos temen con la autonomía la división del país en pequeños estados, mientras otros sostienen que ese es un derecho intrínseco a pueblos de cultura diferente.
Con el objetivo de convalidar los acuerdos de San Andrés y oponerse a la posición del gobierno, el 21 de marzo se realizará en varias zonas del país una consulta nacional convocada por el EZLN y organizada por varios grupos humanitarios y no gubernamentales.
Emilio Rabasa, coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas por parte del gobierno, sostiene que a tres años de San Andrés el problema "ya no es tanto quién tiene la razón, sino qué podemos hacer para destrabar la suspensión unilateral del diálogo".
Según el funcionario, la tesis del gobierno es que ningún desacuerdo puede estar por encima del propósito de "elevar a rango constitucional los derechos de todos los pueblos y comunidades indígenas".
Pero la guerrilla y sus seguidores aseguran que al gobierno simplemente no le interesa la autonomía ni los derechos de los indígenas.
En 1997, el presidente Zedillo declaró que "los indígenas deben tener exactamente los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos y sería un error pensar que sus problemas se resolverán estableciendo una distinción en nuestra Constitución, tratándolos como si no fueran iguales".
En 1989, la Organización Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 169, ratificado por México, en que se garantizan derechos de cultura y territorio a las etnias, bajo la tesis de que son pueblos diferentes.
Mientras se resuelve cómo destrabar el diálogo de paz en Chiapas y hasta dónde se reconocerán los derechos de los indígenas, en el estado sureño, vecino de Guatemala, la pobreza y la violencia continúan incrementándose.
El EZLN y los militares no se enfrentan desde el 12 de enero de 1994, cuando el entonces gobierno del presidente Carlos Salinas (1988-1994) ordenó una aministía e inició el diálogo de paz.
No obstante, la acción de grupos armados irregulares, las divisiones religiosas y políticas entre campesinos y la presencia masiva de militares hace de Chiapas uno de los estados más conflictivos y violentos de México, afirman grupos humanitarios locales y extranjeros. (FIN/IPS/dc/mj/ip/99
