Altos mandos militares de Colombia pidieron hoy al procurador Jaime Bernal que explique cómo llegó a manos de la guerrilla un documento reservado que vincula a 10 generales y un coronel con grupos paramilitares de derecha.
El comandante en jefe del ejército, general Fernando Tapias, expresó su malestar por la divulgación del documento que dio base a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo guerrillero del país, para suspender el diálogo con el gobierno hasta el 20 de abril.
Las FARC, que divulgaron la lista el 25 de enero, dieron plazo hasta esa fecha al gobierno del presidente Andrés Pastrana para que tome "medidas concretas" contra los grupos paramilitares.
Con divulgación de la lista, parte de investigaciones preliminares que lleva a cabo la Procuraduría, se violaron "los derechos fundamentales de los miembros de la fuerza pública" a los que se les atribuye vínculos con los paramilitares, y los coloca en peligro de "posibles retaliaciones", dijo Tapias.
El ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda, pidió al Procurador que sustente el informe, en el que se hace una "mención genérica" a militares relacionados con grupos de "justicia privada al margen de la Ley".
Bernal indicó que, "a petición del gobierno", entregó al comisionado presidencial para la paz, Víctor Ricardo, una lista de miembros de las Fuerzas Armadas investigados por presuntos vínculos con paramilitares y violaciones de los derechos humanos.
A su vez, Ricardo remitió a las FARC la lista, con una carta en la cual se explicaban las acciones que el gobierno estaba llevando a cabo para enfrentar a estos grupos ilegales.
Entre los casos denunciados está la masacre cometida el 16 de mayo de 1998 en la localidad de Barrancabermeja, en el noreste del país, donde fueron asesinadas nueve personas por grupos paramilitares con la presunta complicidad de militares.
La Procuraduría investiga también las masacres cometidas entre el 7 y el 12 de enero en cinco departamentos, en las que murieron 137 personas.
Según el jefe de las FARC, Manuel Marulanda, el paramilitarismo en Colombia "es una política de Estado" y tiene que ser el mismo Estado el que la combata.
Los grupos paramilitares fueron creados por hacendados a comienzos de la dédaca del 80 con el apoyo del ejército para combatir a la guerrilla y, según Marulanda, "desde entonces han sido utilizados para asesinar a líderes de oposición, sindicalistas y dirigentes populares".
Los grupos paramilitares, que reúnen a cerca de 5.000 hobres armados, fueron declarados ilegales en 1989 por sus violaciones de los derechos humanos y sus vínculos con el narcotráfico.
El jefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, declaró este lunes "objetivo militar" a las organizacionws no gubernamentales (ONG) que trabajan en la defensa de los derechos humanos, por su presunta complicidad con la guerrilla.
Castaño se atribuyó el secuestro de cuatro miembros de la Corporación de Promoción Popular, de la noroccidental ciudad de Medellín, una ONG dedicada al estudio del conflicto armado y sus soluciones, que "estaban al servicio de una organización guerrillera". (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/99
