Dirigentes mapuches acusarán al gobierno de Chile ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por atropellos a las minorías étnicas, tras incidentes en que fueron detenidos más de 40 indígenas.
Alihuén Antileo y José Huenchunao, de la organización mapuche Meli Wikan Mapu, anunciaron este lunes que el 25 de marzo se presentarán ante la comisión de la ONU, con sede en Ginebra, para pedir que designe un observador en Chile.
Los incidentes más graves entre indígenas y policías se produjeron la semana pasada en las regiones del Biobío y la Araucanía, pero en esta última persisten focos de tensión, agravados por incendios forestales y actos de amedrentamiento.
El viernes último hubo 28 detenidos en una manifestación de ecologistas, estudiantes e indígenas pehuenches opuestos a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en la octava región del Bíobio, unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
Al día siguiente, la policía de Carabineros desalojó a mapuches que ocuparon el fundo (hacienda) maderero Santa Rosa en Traiguén, unos 650 kilómetros al sur de Santiago en la novena ragión de la Araucanía, arrestando a 13 indígenas.
Este domingo se desataron 40 focos de incendios forestales en el fundo, presuntamente provocados por grupos mapuches que reivindican para sus comunidades la propiedad de ese predio, en represalia por la acción policial, según el diario El Mercurio.
La tensión en el lugar se ve acrecentada por disparos esporádicos que se escuchan por las noches y la circulación de vehículos no identificados con gentes armadas en su interior, de acuerdo a los informes periodísticos.
José Paillal, portavoz de la Coordinadora Mapuche de Santiago, negó que los indígenas fueran autores de los focos de incendios y sostuvo que las acusaciones al respecto son parte de una campaña contra los grupos étnicos del gobierno y empresarios madereros.
El dirigente rechazó así mismo las versiones que atribuyen a los grupos mapuches la posesión de escopetas artesanales, vinculadas por medios de prensa a los disparos nocturnos y al ataque a un helicóptero que combatía los incendios.
"Hay un complot de los distintos entes del Estado chileno para criminalizar las demandas del pueblo mapuche, hacernos aparecer como que tenemos armas y estamos llamando a la violencia, cuando en realidad no es así", señaló Paillal.
"Las comunidades se tienen que defender con lo que tienen a mano, pero no existen armas. Eso es lo que quiere hacer creer el gobierno para justificar después la represión. La única arma que tenemos es la denuncia", agregó el portavoz.
La representación indígena que viajará a Ginebra llevará una completa documentación sobre hechos ocurridos desde 1998 que a juicio de los mapuches constituyen un atropello a los derechos de esta etnia, que cuenta con más de un millón de personas en Chile.
Alihuén Antileo señaló que pedirán a la comisión especializada de la ONU la condena de Chile "como país violador de los derechos humanos" y le solicitarán que designe un observador para los conflictos étnicos.
En los incidentes en las cercanías de la construcción de la central Ralco, en el curso superior del río Bíobio, participaron indígenas pehuenches, una subrama de la etnia mapuche que habita ancestralmente esas tierras cordilleranas.
La empresa Endesa, controlada por el consorcio chileno-español Enersis, cuenta con el apoyo del gobierno del presidente Eduardo Frei para la construcción de la gigantesca central de Ralco, rechazada por familias pehuenches y ecologistas.
El día 19, el Grupo de Acción por el Bíobio (GABB), que encabeza el Premio Nobel Alternativo Juan Pablo Orrego, convocó a una manifestación que bloqueó el camino de acceso a las obras de Ralco, lo cual motivó la represión policial.
En la manifestación participaron pehuenches, ecologistas y estudiantes y entre los 28 detenidos hubo dos extranjeros, una española y un estadounidense, que podráin ser expulsados del país en los próximos días por disposición gubernamental.
Un estudiante francés detenido antes de los incidentes en Traiguén portando un arma podría correr igual suerte, bajo cargos de agresión a la policía, al igual que a los detenidos en Ralco, donde hubo cuatro carabineros entre los lesionados.
El conflicto por la construcción de la central hidroeléctrica y las movilizaciones indígenas por recuperación de tierras que ocupan empresas madereras son actualmente los principales motivos de discordia entre el gobierno y los grupos étnicos.
El diputado Alejandro Navarro, del cogobernante Partido Socialista, dijo que en Ralco se ha demostrado el fracaso de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), creada en 1992 con representación del gobierno y las etnias.
El gobierno de Frei intervino ya dos veces en 1998 a la Conadi y cambió a sus directores para facilitar un respaldo a las permutas de tierras pehuenches para la construcción de la central, pero ocho familias se niegan a abandonar sus tierras.
Conadi se ha transformado "en un ente burocrático que lo único que hace es perjudicar a los mapuches, pues no los defiende de las grandes empresas", dijo Navarro, quien recomendó crear una comisión especial para solucionar el conflicto de Ralco. (FIN/IPS/ggr-dg/hd/99
