Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay coordinarán información para controlar posibles acciones terroristas de grupos islámicos en los países del Mercosur, dijeron a IPS fuentes policiales y diplomáticas.
El mecanismo entre los cinco países se activó el 21 de enero, cuando la policía de Uruguay detuvo al egipcio El Said Mokhis, cuando pretendía ingresar al país con un pasaporte malayo falso.
Con ese documento, Mokhis intentó pasar el control de migración tras dejar la pequeña localidad brasileña del Chuy, en la frontera con Uruguay, 500 kilómetros al este de Montevideo.
Sobre Mokhis pesa una requisitoria de Egipto, que le atribuye los delitos de "conspiración criminal, utilización de pasaportes falsos, atentados contra la seguridad y tenencia de armas y expolosivos", aunque en forma genérica, sin detallar las imputaciones.
La justicia uruguaya procesó al egipcio por uso de documento falso, un delito menor del que será excarcelado en las próximas semanas si Egipto no formaliza un pedido de extradición.
Hasta ahora ese país sólo pidió la detención como paso previo. Mientras tanto procesa la extradición a través de las respectivas cancillerías, la cual deberá fundamentar con pruebas, porque la justicia uruguaya es muy rígida a la hora de conceder extradiciones.
Fuentes policiales uruguayas confiaron el martes pasado a IPS que los servicios de intelegencia fueron alertados por sus colegas británicos del MI-5, que consideran a Mokhis como un miembro importante de la organización Al Gama' at Yama Islamiyya (Asamblea Islámica).
Sin embargo, el egipcio, en breves declaraciones que formuló al diario El Observador, aseguró que no actúa al margen de la ley, que se dedica al comercio y que vive desde 1990 en Brasil, donde se casó y tuvo un hijo.
Su mayor actividad comercial se desarrolla, según dijo, en la triple frontera entre Argentina (Puerto Iguazú), Brasil (Foz de Iguazú) y Paraguay (Ciudad del Este).
En cambio, para los británicos Mokhls responde directamente al líder de Asamblea Islámica, Osama Bin Laden, y según Estados Unidos, está vinculado con la masacre que provocó ese grupo en la histórica ciudad egipcia de Luxor el 17 de noviembre de 1997.
Ese día, fueron asesinados 58 turistas (34 suizos, ocho japoneses, cinco alemanes, cuatro británicos, un francés, un colombiano, un búlgaro y cuatro que no pudieron ser identificados).
Al retirarse del lugar los homicidas arrojaron panfletos identificándose como miembros de la organización y pidiendo la liberación del jeque Omar Abdel-Raman, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Las acciones del grupo islámico, que se iniciaron en la década de los años 70, apuntan a derrocar al régimen del presidente egipcio Hosni Mubarak y reemplazarlo por un estado islámico.
La semana pasada, el diario británico The Sunday Times, citando fuentes oficiales, sostuvo que Mukhlis realizó desde Foz de Iguazú y desde Chuy diversas llamadas telefónicas a Londres, donde Asamblea Islámica tiene su centro de operaciones en Europa.
Según el diario, para los servicios de intelegencia británicos esas llamadas arrojan "fuertes evidencias" de que Mokhis mencionó a las sedes diplomáticas británicas como "blancos fáciles".
Cuatro meses atrás fue detenido en Londres Khalid al Fauwaz, considerado como la mano derecha de Bin Laden. "Mukhlis estaba encargado de ejecutar la venganza", dijeron fuentes de inteligencia al diario británico.
La decisión de Londres, Washington, Montevideo y Brasilia de que sus servicios de inteligencia coordinen información sobre la eventual actividad de organizaciones terroristas en Chuy se apoya en que la mayoría de los comerciantes que trabajan en esa ciudad son de origen palestino.
También se acentuó el control en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, donde según algunas fuentes operarían células de grupos terroristas islámicos.
A mediados de 1998, los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) acordaron en Montevideo buscar la forma de realizar un control migratorio y de posibles operaciones de esos grupos en Ciudad del Este, Foz de Iguazu y Puerto Iguazú.
El mayor impulso lo dio el gobierno de Argentina, donde en 1993 y 1994 la embajada de Israel y una mutual judía fueron blanco de sangrientos atentados.
Ni la policía ni la justicia argentinas han logrado ubicar a los culpables de esos atentados, que causaron la muerte de más de 120 personas.
Hasta ahora, ni en Chuy ni en la triple frontera del Mercosur se ha probado la acción de células terroristas. (FIN/IPS/rr/dg/ip/99
