El juez español Baltasar Garzón recibió más pruebas contra el presidente de Bolivia, Hugo Banzer, y los ex dictadores Jorge Videla, de Argentina, y Augusto Pinochet, de Chile, informó hoy en Madrid la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
El secretario ejecutivo de la APDHB, Sergio Llorentty Soliz, detalló en rueda de prensa los documentos y testimonios presentados a Garzón el jueves y según los cuales Banzer fue un precursor de la Operación Cóndor durante su dictadura (1971-1978).
Banzer se incorporó formalmente a la Operación Cóndor, como se denominó a la coordinación de los aparatos represivos en las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70, tras el golpe de estado que encabezó en Chile el general Pinochet, el 11 de septiembre de 1973.
En Bolivia, hoy gobernada por Banzer como presidente constitucional, se siguen violando los derechos humanos, agregó Llorentty Soliz.
El activista mencionó en ese sentido el asesinato en 1998 de 13 campesinos y las heridas que sufrieron por balazos otros 102 a manos de la policía, "que continúa aplicando la tortura de manera sistemática".
Uno de los documentos aportados a Garzón, que lleva el rótulo de "secreto", lleva la firma de Banzer y está fechado en marzo de 1972. Se trata de una directiva del Consejo de Seguridad Nacional a los comités de seguridad departamental y provincial.
Entre los objetivos indicados en el documento figuran "aniquilar a todo elemento extranjero (del) que se compruebe su participación en actividades subversivas" y "a todo exiliado castrista que retorne al país con fines subversivos".
Esas actividades y otras mencionadas en el escrito estaban bajo un mando único "que radica en el Excmo. Presidente de la República".
Llorentty Soliz entregó a Garzón testimonios sobre el secuestro en Bolivia de chilenos y argentinos que fueron entregados a las dictaduras de esos países, y de bolivianos capturados en Chile y Argentina.
El chileno Julio Tránsito Valladares Caroca fue detenido en la ciudad boliviana de Cochabamba en 1976 y estuvo preso en el Panóptico Nacional de La Paz hasta agosto de ese mismo año.
El periodista Antonio Peredo Leigue testimonió ante la APDHB que Valladares Caroca fue retirado una madrugada de ese hospital y trasladado a Chile. Hasta hoy está desaparecido.
El médico boliviano Jorge Villavicencio, quien estuvo preso en su país, partió al exilio en Argentina. Fue apresado en 1979 en la provincia argentina de Tucumán y asesinado en el penal de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires.
Llorentty Soliz entregó a Garzón copia autenticada del certificado de defunción y del certificado de que los familiares del asesinado recibieron sus pertenencias en la cárcel.
La dictadura argentina informó que Villavicencio se suicidó, pero testimonios de otros presos, así como la ausencia de certificado médico y de autopsia, convencieron a su familia de que fue asesinado.
En total, en Argentina fueron detenidos y desaparecidos 23 ciudadanos bolivianos, en su mayoría estudiantes en las ciudades de La Plata, Salta, Tucumán y Buenos Aires.
Uno de los casos más conocidos, también presentado por Llorentty Soliz, es el de Graciela Rutilo Artés y su hija Carla, de tres años, detenidas en Bolivia en 1974.
Ambas fueron trasladadas a Argentina. La madre está desaparecida, si bien existen testimonios de que fue asesinada durante su cautiverio, y su hija fue entregada en adopción a un oficial del Ejército argentino.
Tras varios años de búsqueda, la madre de Graciela Rutilo Artés, Matilde Artés, localizó y recuperó a su nieta. Ambas viven juntas hoy en Madrid.
Llorentty Soliz señaló que la APDHB respalda la competencia de la justicia española para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países, "pues los derechos humanos no reconocen fronteras" y "tampoco deben existir fronteras para juzgar a quienes los violan".
La APDHB, fundada en 1976, recibió en 1988 el premio de la Unesco y en 1993 el Premio a los Derechos Humanos otorgado por la Asamblea General de la ONU. (FIN/IPS/td/mj/ip hd/99
