Los nueve ministros de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y sus familias están desde hoy bajo custodia policial reforzada en sus hogares y despachos, tras haber sufrido dos de ellos atentados con bombas molotov y disparos.
El par de miembros del máximo órgano jurisdiccional que no se encontraban en la capital retornaron para unirse a sus colegas, que en la mañana sesionaron de urgencia con el juez de feria, Alcides Corbeta.
La vocera del Poder Judicial, Carmen Vallejos, confirmó que dos bombas molotov fueron lanzadas en la madrugada de este miércoles contra el hogar del ministro Elixeno Ayala, quien se encontraba en el exterior.
El ataque fue perpetrado desde una residencia deshabitada, provocando un incendio que fue sofocado por un guardia privado y policías que rondaban el lugar.
Esta misma mañana, desconocidos dispararon desde una camioneta con vidrios polarizados contra la vivienda del presidente del Poder Judicial, Raúl Sapena Brugada, quien llegó minutos después alertado de la concentración de agentes antibombas.
Sapena comentó que el atentado "fue una cosa alocada sin objetivo, con mecanismos de mafia, pues quieren embretar al presidente (de la Corte) y a todos los jueces".
El juez Corbeta calificó a los hechos como "gravísimos", prometió abrir dos sumarios penales y recordó "a la Policía" que estará "atento a la investigación que haga", según dijo a la prensa.
El presidente Raúl Cubas ordenó al ministro del Interior, Rubén Arias, que refuerce la seguridad del Palacio de Justicia, la residencia de todos los ministros de la Corte y de sus familias, así como sus traslados.
Al igual que Sapena, Arias desvinculó los ataques de las arengas que desde diciembre profirió el ex general Lino Oviedo, "padrino político" de Cubas, quien fue condenado por la Corte a completar 10 años de prisión, pena que el mandatario le había conmutado por tres meses.
Oviedo, ex comandante del Ejército, fue sentenciado en marzo de 1998 por un tribunal militar extraordinario debido a un intento de golpe de Estado en abril de 1996.
En setiembre de 1997, ganó como civil las elecciones internas del gubernamental Partido Colorado, pero en abril la siguiente, la confirmación de la pena por la justicia civil lo inhabilitó como candidato oficialista.
"Ni un plebiscito puede modificar la sentencia establecida" contra Oviedo, dijo Sapena, quien fue acusado de "prevaricador" por los legisladores partidarios del ex general.
Ya en abril pasado, el subsuelo del Palacio de Justicia había sido objeto de un atentado que voló la cuarta parte del piso de la sede, apenas un día antes que la Corte Suprema dictara su primer fallo confirmando la condena del tribunal militar contra Oviedo.
El juicio político pedido por los parlamentarios oficialistas contra los cinco ministros que votaron contra Oviedo no consiguió concretarse en el Congreso.
Sapena señaló que ninguno de los nueve miembros del máximo tribunal piensa renunciar a su cargo.
El presidente del Congreso, Luis González Macchi, se prepara para presentar una nueva demanda ante la Justicia contra el presidente Cubas en nombre de la mayoría parlamentaria, debido a que no ejecutó la sentencia firme de retornar a prisión a su padrino político. (FIN/IPS/cm/dg/ip/99


