Una organización estadounidense de defensa de los derechos humanos acusó a empresas multinacionales que operan en zonas francas industriales de México de violar el derecho a la maternidad de trabajadoras y de mujeres aspirantes a empleos.
Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, afirmó que esas empresas, intaladas en su mayor parte a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, obligan a las mujeres que piden trabajo a someterse a exámenes para saber si están embarazadas, y que quienes lo están no son contratadas.
"Se trata de una clara discriminación de sexo que esas corporaciones jamás se atreverían a practicar o defender en su país de origen", sostuvo Regan Ralph, director ejecutivo de HRW.
Entre las compañías estadounidenses denunciadas están Lear, Johnson Controls, National Processing Company y Tico International. El informe acusa también al Grupo Samsung, de Corea del Sur, a la empresa alemana Siemens AG y a la Corporación Eléctrica Matsushita y Sanyo, de Japón.
El documento de HRW, de 82 páginas, señaló que el gobierno mexicano no es capaz de hacer cumplir sus propias leyes laborales en las maquilas, zonas francas donde se procesan productos para la exportación.
El informe, titulado "Un trabajo o tus derechos: Constante discriminación de sexo en el sector mexicano de maquilas", describe los casos de 53 mujeres que fueron sometidas a exámenes de gravidez discriminatorios, al solicitar empleo o en su trabajo, en medio centenar de compañías.
Se afirma que las trabajadoras deben presentar muestras de orina para pruebas de embarazo, y que médicos y enfermeras de las maquilas auscultan el abdomen de las mujeres o les piden información sobre sus períodos menstruales, sus métodos de control de la natalidad o su actividad sexual.
"Cuando las corporaciones dicen que esas prácticas discriminatorias están permitidas por las leyes laborales mexicanas, en realidad se están escondiendo detrás de la negligencia del gobierno de México", expresó el informe de HRW.
Según el documento, el gobierno mexicano no reconoce el alcance del problema y alega que las leyes vigentes contra la discriminación de género no prohiben la realización de exámenes de gravidez, una afirmación que muchos abogados mexicanos rechazan.
Las autoridades de México sostienen también que las normas contra ese tipo de discriminación sólo son aplicables a las personas que tienen un puesto de trabajo, y no a las que buscan empleo.
"La defensa del gobierno mexicano es débil y falsa, reinterpreta la ley como le conviene", afirmó Ralph.
El informe del HRW relata cómo la discriminación contra el embarazo persigue a las mujeres en su trabajo. En algunas maquilas, por ejemplo, se exige a las trabajadoras que se sometan a exámenes periódicos de gravidez, como condición para conservar su empleo.
En las filiales mexicanas de Siemens, Lear Corporation y National Processing Company, las empleadas deben presentarse en la enfermería y mostrar sus compresas higiénicas usadas para probar que no están embarazadas.
"Las autoridades mexicanas han abandonado a las trabajadoras que sufren prácticas discriminatorias. Las mujeres se ven obligadas a elegir entre sus derechos y su puesto, y el gobierno está del lado equivocado", dijo Ralph.
HRW dio a conocer denuncias similares en agosto de 1996, detallando la discriminación de género de la fuerza de trabajo en México. "Sin embargo, dos años después, el gobierno no tomó todavía la menor medida para investigar, condenar o castigar esas discriminaciones", señaló el informe.
"La gravidez es una condición ligada en forma inextrincable y específica a las características biológicas femeninas. Cuando las trabajadoras son tratadas en forma adversa por sus patrones o potenciales empleadores, porque están o pueden estar embarazadas, se las somete a discriminación sexual", agregó.
HRW urgió al gobierno mexicano a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos para combatir la discriminación, garantizar el derecho a la privacidad y a decidir libre y responsablemente el número de hijos que se desea y la frecuencia con que se desea tenerlos.
Tambien reclamó que las autoridades admitan y condenen públicamente la discriminación contra la gravidez, que investiguen decididamente todas las denuncias vinculadas con discriminación de género y que establezcan y apliquen penas para castigar las prácticas denunciadas.
HRW demanda asimismo que se promulgue una ley federal aclaratoria para prohibir explícitamente a las empresas la exigencia, como condición para dar trabajo, de pruebas de embarazo, el uso de anticonceptivos o cualquier información vinculada con decisiones reproductivas y de salud.
El gobierno estadounidense está realizando consultas sobre este tema en el marco del acuerdo sobre derechos laborales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual participa junto a Canadá y México. (FIN/IPS/tra-en/td/kb/ego/mp-ff/hd/99
