Un joven de 25 años resultó muerto en el capital de Venezuela por un grupo de exterminio de presuntos delincuentes, en una alarmante evidencia de que la inseguridad ciudadana rebasó los niveles de tolerancia en el país.
Cuatro miembros del autodenominado Frente Tupamaro asesinaron en la medianoche del jueves a Joen Ibarra, de 25 años y empleado de un hospital infantil, en aparente ejecución de la primera sentencia adoptada por "una sala penal" de ciudadanos del emblemático barrio 23 de Enero, en el oeste de Caracas.
Los familiares de Ibarra aseguraron que los cuatro hombres, que iban encapuchados, dispararon al joven al confundirlo con un delincuente que vive en el mismo bloque de edificios, mientras la mayoría de los habitantes del barrio justificaron la acción.
El ministro de Justicia, Hilarión Cardozo, aseguró que cualquier forma de lucha contra la delincuencia sin respetar la ley "resulta perjudicial". Añadió que los grupos que se autoproclaman defensores contra el delito "utilizan esa bandera para saisfacer sus apetitos de venganza".
La Policía Técnica Judicial reportó este sábado que durante los dos días de festividad navideña fueron asesinadas 25 personas en el área metropolitana de Caracas, entre ellas tres niños, víctimas de "balas perdidas" en las barriadas pobres.
El general Belisario Landis, director de la Policía Metropolitana, aseguró que los integrantes de escuadrones de la muerte, como el Frente Tupamaro, "serán perseguidos como cualquier otro delincuente".
Landis había advertido el mismo día 24 a los integrantes del Frente Tupamaro que la persecución de los delincuentes es una competencia exclusiva de los diferentes cuerpos policiales, tras el anuncio de la conformación del grupo de exterminio.
Un grupo de hombres y mujeres del barrio 23 de Enero se presentaron protegidos por capuchas, a mediados de mes, para informar sobre el frente y anunciar que se dedicarían a combatir la delincuencia mediante ejecuciones públicas.
También aseguraron que los integrantes del escuadrón no reconocerían autoridad civil, policial o militar alguna y que entre sus actividades estaría la de castigar nexos entre directivos policiales y grupos dedicados al tráfico de drogas.
Landis dijo que los grupos que promueven "el hacer justicia por su propia mano", como el Frente Tupamaro, lo único que pueden provocar es el conducir al país a la anarquía y a la virtual guerra civil.
El barrio 23 de Enero, conformado por un gran conjunto de bloques de uniformes y esenciales edificios, situado cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, es famoso por su combatividad social y por su tradicional voto por los candidatos de izquierda.
Pero la agitación social de la barriada construida al final de la última dictadura, que fue derrocada precisamente el 23 de enero de 1958, convive esta década con una cada vez más atosigante actividad delictiva, vinculada al tráfico de drogas.
José Lazo, director de la Policía Técnica Judicial, informó que durante el periodo enero-noviembre su dependencia registró en Venezuela 4.362 homicidios, dentro de 236.387 delitos. En Caracas se produjeron 40 por ciento de las muertes y los demás delitos.
Domingo Peña, padre de uno de los niños asesinados en las jornadas festivas, imploró por justicia al presidente electo, Hugo Chávez, cuando éste visitó la división de emergencia de un hospital público, dentro de sus actividades navideñas.
La imagen del padre de Edickson Peña, de 11 años, arrodillado y abrazado a Chávez, quien lo abraza a su vez mientras trata de consolarlo ante desconcertados escoltas militares, dominó este sábado la primera plana del diario El Universal.
"Dedicaré mis esfuerzos a frenar la delincuencia", prometió Chávez, un teniente coronel retirado de 44 años electo el día 6, al padre que le decía: "lo único que quiero es justicia, señor presidente, me han matado a mi hijo, ?qué hago?".
Chávez, quien asumirá la presidencia el 2 de febrero, aseguró que "es absurda" la violencia que domina las calles de Caracas y otras ciudades de Venezuela.
Residentes del edificio donde vivía el joven muerto por el escuadrón de la muerte aseguraron este sábado que la actividad delictiva los mantiene en condiciones "inhumanas de zozobra e incertidumbre".
Pero añadieron que el surgimiento de los que ya se conocen en el barrio como "los tupamaros" no ha hecho sino empeorar la situación, porque sus integrantes se han dedicado las últimas semanas a amedrentar a todos los vecinos.
"Preferimos que el nuevo gobierno oficialice la pena de muerte, porque cualquier persona, criminal o no, tiene derecho a un juicio", comentó un vecino del 23 de Enero, mientras que otro aseguró que "tenemos más miedo a esa gente que a los propios malandros (delincuentes)".
"No apoyamos estas muertes, pero necesitamos justicia, que en este país no existe, porque la policía se esfuerza poco por detener a los malandros y los que detienen los jueces se encargan de soltarlos", afirmó otra habitante del barrio.
Una vecina explicó que el trabajo de conformación del Frente Tupamaro comenzó con un referendo hecho en algunos sectores del barrio a fines de marzo, en que ganó la idea de que la única manera de acabar "con delincuentes que todos conocen y nadie toca" era mediante un mecanismo propio.
El ministro Cardozo admitió que "el delito se siente envalentonado cuando se cree que hay impunidad", ante comentarios de los habitantes del 23 de Enero de que "los jueces, los abogados, los policías y los jefes de las cárceles viven bien gracias a los delincuentes".
Criminólogos y especialistas coinciden en que en Venezuela "la justicia sólo castiga a quien no puede pagarla", mientras los sondeos muestran que más de 70 por ciento de la población no cree en el poder judicial y piensa que la policía es corrupta o ineficiente.
El escuadrón estaría conformado por obreros, empleados, deportistas y padres de familia, según la prensa local, y en cada sector del barrio actúa una célula que ejecuta "sentencias sin apelación", adoptadas por una "sala penal" de ciudadanos apreciados por la colectividad.
Un hermano del joven asesinado dijo al diario El Nacional que cree que "los ejecutores" iban a matarlo a él, quien sí tendría aparentemente algún problema con la justicia. Pero "para castigarme más" decidieron asesinar al hermano, explicó.
El primer crimen del escuadrón, según los reportes policiales, sigue a seis linchamientos, realizados los últimos 20 meses por habitantes enardecidos de barriadas pobres de Caracas, azotadas por la actividad delictiva, en este país de 23 millones de personas donde la pena de muerte se eliminó en 1870. (Fin/IPS/eg/pr la/98
