El presidente que gobernará Uruguay en los primeros años del próximo siglo será elegido a través de un nuevo sistema electoral y estará salpicado por denuncias cruzadas de corrupción entre todos los partidos políticos.
El nuevo sistema, que contó con el respaldo de todos los partidos político, busca superar una instrumentación viciosa y confusa, por la cual muchas bancas parlamentarias eran ocupadas por personas a las que los ciudadanos no habían votado y a las que, en muchos casos, no siquiera conocían.
La antigua legislación permitía que se formaran cooperativas de votos en las que el candidato que obtenía la mayor votación absorbía los sufragios del resto, lo que le permitía acceder a un escaño en parlamento.
Con ese sistema, cada partido podía presentar más de un candidato a la Presidencia y, también en este caso, el que recibía mayor adhesión capitalizaba los sufragios vertidos dentro del mismo lema.
Pero la nueva ley electoral obliga a los partidos a realizar elecciones internas, que el próximo año tendrán lugar el último domingo de abril, de las cuales surgirá un colegio elector que definirá el nombre del candidato único de cada fuerza.
Esa posibilidad generó enfretamientos en la coalición de izquierda Frente Amplio, que finalmente presentará dos candidatos en las elecciones internas y romperá con la tradición instaurada desde su fundación en 1971 de presentar un único abanderado.
El Frente Amplio, integrado por socialistas, comunistas, ex comunistas, democristianos, independientes y ex guerrilleros Tupamaros, registró desde su fundación un progresivo crecimiento que lo coloca hoy como potencial ganador de las elecciones nacionales, que se celebrarán en octubre próximo.
Si en esos comicios ningún candidato obtiene más de 50 por ciento de los votos, se realizará una segunda vuelta el último domingo de noviembre entre el primero y el segundo. El que resulte resulte electo presidente asumirá el 1 de marzo del año 2000 y ejercerá su mandato durante cinco años.
La lucha interna dentro de cada fuerza ya comenzó y se marca con mayor intensidad dentro del Partido Nacional, del ex presidente Luis Lacalle (1990-1995).
Luego de concluido el mandato de Lacalle, la justicia condenó con penas de cárcel por actos de corrupción a varios integrantres de su gobierno: un ex ministro de Economía y ex presidente del Banco Central, un ex presidente del estatal banco de seguros y un ex asesor presidencial.
Mientras tanto, la justicia continúa investigando otras denuncias contra ex miembros del gobierno de Lacalle, para alguno de los cuales se ha pedido su procesamiento, los que se concretaría al filo de las elecciones internas, en abril próximo.
Dentro del Partido Nacional, los rivales de Lacalle -favorito para ganar las elecciones internas, según las encuestas- lanzan un bombardeo de reproches al ex mantatario, acusándolo de no haber podido controlar a integrantes de su gobierno.
Mientras tanto, sus rivales de la izquierda y del gobernante Partido Colorado, preparan sus baterías para el momento en que comience la lucha interpartidaria.
Pero nadie estará libre de ataques y los partidos se preparan para lanzar durante la campaña revelaciones que "dejarán congelado a más de uno", dijeron a IPS dirigentes políticos.
El director del estatal Instituto Nacional de Oncología, Eduardo Lasalvia, un médico oncólogo que fue dirigente colorado, está a un paso de ser condenado por el delito de conjunción del interés público y privado.
Según el fiscal, Lasalvia recomendó atención médica para pacientes de la institución pública a los que derivó hacia una clínica privada de su propiedad.
En situación incómoda también se encuentra Alfredo Solari ex ministro de Salud del actual gobierno colorado de Julio Sanguinetti, a quien se lo vincula con hechos de corrupción durante su gestión.
El precantidato presidencial del Frente Amplio, el médico oncólogo Tabaré Vázquez, tampoco se salva de ser salpicado por denuncias de corrupción.
Informes parlamentarios en mayoría pideron a la justicia que investigue y determine si Vázquez, en su condi
