La evolución del derecho internacional permite que algunos de los dictadores de América Latina en los años 70 y 80 sean juzgados, cuando parecía que los caminos para ello estaban cerrados.
La decisión del ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, que dio curso al proceso para la extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, se enmarca en esa tendencia.
Straw comunicó su resolución este miércoles, un día antes del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Si bien en este caso, como en la mayoría de los asuntos jurídicos, hay "dos bibliotecas", un creciente número de especialistas entienden que los dictadores que gobernaron en los países del Cono Sur americano son pasibles de castigo en aplicación de convenciones internacionales.
Similar criterio ha sido aplicado en la constitución de tribunales supranacionales para juzgar los crímenes cometidos esta década en Bosnia-Herzegovina y en Ruanda.
Del mismo modo, desde mediados de los años 90 se dan pasos para constituir un Tribunal Penal Internacional (TPI) que juzgue delitos como el genocidio y otros crímenes contra la humanidad.
Una conferencia aprobó en julio en Roma el estatuto del TPI, en el entendido de que los delitos de lesa humanidad "no pueden quedar impunes" y que es "deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de la comisión de crímenes internacionales".
Fue partiendo de la misma base que el juez español Baltasar Garzón comenzó a actuar en la causa iniciada en Madrid por diversas organizaciones de derechos humanos contra Pinochet, cuya dictadura se prolongó de 1973 a 1990.
En función de diversos testimonios y documentos, Garzón pidió la captura internacional de Pinochet en su calidad de figura principal de la Operación Cóndor, plan que desde 1975 coordinó los aparatos represivos de las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Fue así que el magistrado español expidió también a Interpol la solicitud de detención de otros ex responsables militares argentinos, chilenos y uruguayos involucrados igualmente en el plan de represión conjunto.
Para actuar de esa manera, Garzón invocó diversos tratados internacionales que castigan delitos "imprescriptibles" como el genocidio, el terrorismo de Estado y la tortura.
Entre esos tratados citó la Declaración sobre Crímenes contra la Humanidad, el Convenio sobre Genocidio, de 1948, y la Convención contra la Tortura de 1985, tres instrumentos de la ONU.
Garzón acusa a quienes condujeron la Operación Cóndor, en especial a Pinochet, identificado como "Cóndor 1", de crear "una organización armada, aprovechando la estructura militar y la usurpación del poder para, con impunidad, institucionalizar un régimen terrorista".
Ese régimen condujo un "plan de desaparición y eliminación sistemática" de personas, según el juez.
"Garzón no está solo. Hace esta acusación contra Pinochet luego de que quienes iniciaron las denuncias contra él consultaron a los expertos más prestigiosos de España", comentó el abogado penalista y catedrático uruguayo Gonzalo Fernández.
El magistrado traduce la evolución de mentalidades que se verifica en Europa, en particular entre juristas y "expertos en la cosa pública", y "cita convenciones internacionales contra la tortura y el genocidio que atribuyen jurisdicción mundial a cualquier juez para intervenir", apuntó Fernández.
En la misma dirección, el penalista argentino Eugenio Zaffaroni sostuvo que para juzgar a Pinochet "España es competente" en función de "principios universales del derecho que condenan los delitos de lesa humanidad, cosa que además recogió expresamente la ley española".
"Los pactos de Ginebra dejan la puerta abierta para que cualquier juez del mundo pueda intervenir en casos" como la violación de los derechos de los prisioneros consagrados en el derecho internacional, agregó Zaffaroni.
Ese fue el espíritu que animó también a los algo más de 130 estados que en Roma aprobaron la constitución del TPI.
Grupos como Amnistía Internacional, activos en la campaña a favor del enjuiciamiento "allá donde se pueda hacerlo" de Pinochet y otros dictadores latinoamericanos culpables de delitos de lesa humanidad, vieron un paso muy positivo en la decisión de crear una instancia jurídica trasnacional.
Amnistía Internacional lamenta, no obstante, que el texto de Roma no haya sido refrendado por los gobiernos de países que representan más de la mitad de la población mundial, entre ellos Estados Unidos, China, Turquía, Filipinas, Israel e India.
La organización también percibe como una limitante que el TPI, para comenzar a ejercer su competencia, deba contar con el permiso del Estado del que es ciudadano el sospechoso de haber cometido un delito o del Estado en que se produjo el crimen.
De todas maneras, Amnistía Internacional considera que el paso dado hacia la creación de la corte supranacional representa la derrota de quienes, por ejemplo, negaban potestad a Garzón para procesar a personas acusadas por delitos ocurridos en otro país.
En cambio, los cuatro países del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y sus asociados Chile y Bolivia) entienden que la ley penal no debe tener aplicación extraterritorial.
Los presidentes de esos seis países, reunidos en Río de Janeiro, emitirán este jueves una declaración en la que reivindican la universalidad de los derechos humanos pero, al mismo tiempo, rechazan la extraterritorialidad de las leyes nacionales, en alusión a la decisión británica.
"Hay principios básicos del relacionamiento internacional entre los Estados que no pueden soslayarse", advirtió el canciller uruguayo Didier Opertti, presidente de la Asamblea General de la ONU.
"La extradición es el máximo grado de cooperación internacional entre los Estados, no puede fundamentarse en una norma unilateral de un país", agregó Opertti, especialista en derecho internacional, al cuestionar la competencia de Garzón para solicitar a Londres la entrega del ex dictador chileno.
"Es cierto que hay un vacío jurídico en el que se ampararon hasta ahora los dictadores, pero también es cierto que hay tratados internacionales que marcan una tendencia a favor de la internacionalización de ciertos delitos y de su juzgamiento en cualquier lugar del mundo", respondió el abogado uruguayo Javier Miranda.
Integrantes de las Madres de Plaza de Mayo de Argentina declararon a su vez que "la extradición de Pinochet y su enjuiciamiento serían un triunfo para todos aquellos que reclaman que de una vez por todas se ejerza justicia con personajes que han logrado escapar hasta ahora al castigo que se merecen".
"Las normas judiciales internacionales se están adaptando poco a poco a esos reclamos y eso hay que saludarlo. Más vale tarde que nunca", proclamaron. (FIN/IPS/dg/mj-ff/ip hd/98
