El arresto en Londres del ex dictador de Chile, Augusto Pinochet, ofreció nuevas esperanzas a los enemigos en Indonesia del ex presidente Alí Suharto para juzgarlo por los excesos que cometió durante sus 32 años de dictadura.
Pero hasta el momento sólo se está investigando la riqueza que Suharto habría amasado en forma ilegal y no sus antecedentes en materia de derechos humanos. Aún no existen cargos en contra del ex dictador de 77 años de edad.
El 25 de noviembre, la sala penal de la Cámara de los Lores británica falló que Pinochet, general retirado como Suharto, no goza de inmunidad ante un pedido de extradición de España.
Pinochet, detenido el 16 de octubre, es requerido por los delitos de genocidio, secuestros, torturas y actos de terrorismo internacional. Como senador vitalicio, goza de inmunidad en Chile.
La decisión de los Lores es considerada el caso más importante de este siglo en lo que refiere a los "derechos humanos", y sienta un precedente para que jefes de Estado sean procesados en el exterior.
Quizá la consecuencia más importante del caso es la posibilidad de que un ex jefe de Estado sea procesado en el exterior, si ello es imposible en su propio país.
El caso Pinochet se observa con interés en Indonesia, donde el gobierno anunció la semana pasada la formación de una comisión independiente para investigar los antecedentes de Suharto, junto con una pesquisa en curso de la fiscalía de la nación.
A diferencia de Pinochet, Suharto no goza de inmunidad en su país y permanece en su hogar en Yakarta desde que renunció en mayo.
A pesar del decreto que este mes autorizó la investigación de Suharto, queda mucho camino por recorrer antes de que el ex dictador comparezca ante un tribunal.
La investigación requiere "pruebas, testigos, pistas, documentos escritos y la defensa del sospechoso", explicó el ex juez de la Corte Suprema, Adi Andojo Soetjipto.
"¿Quién tiene estas pruebas secretas y documentos escritos? ¿Quién está dispuesto a ser testigo?", preguntó Soetjipto, quien cree que la solución la dará una medida política y no jurídica.
El presidente Bacharuddin Jusuf Habibie "debe anunciar que el Estado confiscará temporalmente la parte de la riqueza de su ex padrino político que se considera mal habida, hasta que el proceso judicial decida el asunto", recomendó.
La prensa denunció que Suharto tiene 2,8 millones de dólares en cuentas bancarias en este país. Así mismo, la fiscalía informó que la familia del ex dictador tiene 2,44 millones de hectáreas en cuatro provincias.
El organismo nacional de la tierra también indicó que halló 15,5 millones de dólares en tierras y propiedades perteneciente a los Suharto en la provincia de Jambi, y al menos 400.000 hectáreas más en otras provincias.
El abogado de Suharto, Yohanes Yacob, advirtió el fin de semana pasado que cualquier investigación podría "arrastrar al gobierno" a un complicado pleito. Más de 70 por ciento de los actuales ministros y funcionarios fueron designados por el ex dictador.
Pero dadas las dificultades del caso de corrupción, los enemigos de Suharto ponderan otras opciones, como procesarlo por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su régimen.
"Aun sin el caso de Pinochet, ya existían instrumentos de derecho internacional para juzgar a Suharto en el exterior", aseguró Mikeu Komar, experta en la materia en la Universidad de Padjadjaran, de la ciudad de Bandung.
Las posibilidades son aun mejores para este procedimiento si está involucrado un jefe de Estado acusado de genocidio, torturas u otros abusos de derechos humanos, como Pinochet o líderes serbios requeridos por limpieza étnica, explicó.
A Suharto también se lo podría juzgar en otro país por otro tipo de abusos, como la corrupción, siempre que exista la base jurídica para ello.
"Digamos que se sospecha que Suharto tuvo que ver en los negocios turbios de Freeport. Cualquiera puede acusarlo ante una corte de Massachusetts", dijo a IPS, en referencia a la corrupción denunciada en las actividades mineras en este país de la firma estadounidense Freeport McMoran.
Filipinos intentaron conseguir fuera de Filipinas indemnización de la familia del ex dictador Ferdinando Marcos.
Pero ese también es un proceso complicado. Una corte de Estados Unidos anuló un fallo anterior que ordenó el pago de indemnización a la familia de Marcos a unas 10.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos.
De todas maneras, los activistas aseguran que el fallo británico sostiene que existen crímenes contra la humanidad que son inaceptables, aun cuando son perpetrados por un jefe de Estado.
Komar afirma que los habitantes de Timor Oriental -cuya invasión por Indonesia en 1975 provocó la muerte a más de 200.000 personas, la tercera parte de la población- podrían acusar al gobierno de Suharto ante una corte internacional por violaciones a los derechos humanos.
La Organización de las Naciones Unidas no reconoce a Timor Oriental como territorio indonesio, y siguen las denuncias de violaciones contra los derechos humanos en el lugar.
Algunos activistas advierten que si la investigación del gobierno no prueba nada contra Suharto, entonces recurrirán al derecho internacional. Muchos dudan de que Habibie tenga la voluntad de investigar a Suharto, su mentor y amigo.
"Si el gobierno no hace lo que debe, entonces nosotros sí (recurriremos al derecho internacional)", declaró Nezar Patria, dirigente del Partido Democrático Popular. (FIN/IPS/tra-en/ky-js/js/aq/ip-hd/98
