Una avalancha de acusaciones judiciales y órdenes de captura comienza a resquebrajar por todos los flancos las líneas de defensa establecidas por los ex dictadores militares latinoamericanos para asegurar su impunidad.
Un juez argentino ordenó este lunes el arresto de un almirante, Antonio Vañek, involucrado en el secuestro de bebés de prisioneros desaparecidos, mientras los allegados al ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres, parecen ya resignados a largo proceso.
Vañek se une asi a su antiguo jefe, Alberto Massera, bajo arresto desde hace dos semanas por la misma acusación.
Al mismo tiempo, la justicia suiza ordenó la captura del ex dictador argentino Jorge Rafael Videla por el secuestro y asesinato en 1977 de Alexei Jaccard, un ciudadano suizo-chileno.
Por esta misma causa, la jueza suiza Christine Junod había ya pedido a Gran Bretaña la extradición del chileno Pinochet, detenido por las autoridades británicas desde octubre.
Jaccard fue detenido y asesinado en Buenos Aires cuando intentaba viajar a Chile con un pasaporte suizo. Su arresto habría sido parte de la llamada Operación Cóndor, que coordinaba en la década de 1970 las actividades represivas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Mas detalles de las actividades de la Operación Cóndor y de la represión en cada pais, están surgiendo de la divulgación de documentos de inteligencia norteamericanos, requeridos por organizaciones de derechos humanos y agregados a los procesos.
Massera y Videla, miembros de la junta militar que tomó el poder en Argentina tras un golpe de Estado en 1976, se encuentran ya bajo arresto por el caso del los bebés, en causas presentadas por la agrupación Abuelas de la Plaza de Mayo, de familiares de detenidos desaparecidos.
El juez Adolfo Bagnasco dispuso la presentacion ante el tribunal esta semana de toda la ex plana mayor de la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA), uno de los mas conocidos centros de tortura y asesinato de la dictadura militar.
Se estima que en la ESMA nacieron al menos 15 niños de madres detenidas, que luego fueron asesinadas y sus cuerpos ocultados hasta ahora.
En Argentina, el secuestro de menores es la única presecución penal posible contra los militares que violaron derechos humanos durante la dictadura (1976-83), debido a las leyes de "Punto Final" y "Obediencia Debida" aprobadas en 1987, y a los indultos concedidos por el actual presidente, Carlos Menem.
En Chile, Pinochet dictó en 1978 una ley de amnistía y luego estableció un esquema constitucional que rige la actual transición democrática, y que le otorga una senaturía vitalicia.
Pero tal protección no abarca los procesos internacionales.
Videla se encuentra también bajo investigación del juez español Baltazar Garzón, por acusaciones de genocidio y tortura, las mismas que permitieron el arresto de Pinochet en Londres y que dieron un vuelco en la jurisprudencia internacional de derechos humanos.
El ministro británico del Interior, Jack Straw, debe decidir esta semana si Pinochet enfrenta el proceso de extradición a España, o es expulsado de regreso a Chile.
Si regresa, aunque allí goza de inmunidad, deberá igualmente presenciar la investigación de 18 casos en su contra, por secuestro, torturas y asesinato, por parte de un juez civil, que el gobierno chileno se ha comprometido a respetar.
Un abogado chileno del ex-dictador dijo en Londres a la prensa de su país que Pinochet, con sus 83 años, está consciente de que probablemente Straw decidirá en contra, y de que tal vez nunca regrese a su país.
El abogado, Fernando Barros, también dijo que Pinochet se encuentra perfectamente lúcido y que preferirá defender su papel histórico antes que declararse un anciano enfermo y derrotado, como lo presentan sus abogados británicos.
En 1996, el juez Garzón abrió una causa por genocidio contra los militares argentinos, en la que ya imputó a 153 altos oficiales, la mayoría de los cuales no puede salir de Argentina a riesgo de ser detenidos por la Policía Internacional (Interpol).
El ex almirante Vañek, de 74 años, uno de los beneficiados por los indultos de Menem, sostuvo este lunes que no sabía que hubo detenidos en la ESMA. «Me acabo de enterar acá», le dijo a Bagnasco.
El desconocimiento alegado por Vañek contrasta con la importancia de las funciones que desempeñó como Jefe del Comando de Operaciones Navales.
En tanto, Massera se negó a declarar ante Bagnasco. Su abogado, Miguel Arce Aggeo, recusó al juez por "prejuzgamiento" a raiz de afirmaciones vertidas por el magistrado en una entrevista periodística.
Rechazada la recusación, Massera se dirigió a su casa, donde continuará bajo arresto domiciliario, beneficio concedido por la jueza María Servini, quien hace dos semanas ordenó su detencioón por el secuestro del hijo de Cecilia Viñas, una desaparecida que dio a luz en la ESMA.
Tanto Massera como Vañek negaron la existencia de un plan sistemático de sustracción de menores y justificaron sus acciones en el marco de «la guerra contra la subversión».
Las Abuelas de Plaza de Mayo, que iniciaron la causa judicial que llevó al procesamiento de Videla, Massera y Vañek, tienen registrados más de 250 casos de menores secuestrados tras su nacimiento en cautiverio, de los cuales 60 fueron localizados.
No obstante, las Abuelas estiman que los niños apropiados por los represores podrían ser entre 400 o 500, pero que no se tienen todavía datos precisos, ya que en el interior de Argentina muchas familias fueron exterminadas y no quedaron sobrevivientes para efectuar las denuncias. (FIN/IPS/va-ak/98
