Una causa iniciada en 1996 por familiares de víctimas del último régimen militar en Argentina devolvió este año a la cárcel a ex dictadores e inauguró una nueva etapa en la persecución de los violadores de derechos humanos.
La apropiación y el cambio de identidad de los hijos de mujeres desaparecidas durante la dictadura (1976-1983) son los únicos delitos por los que se puede enjuiciar a los responsables de la represión ilegal en Argentina.
En estas causas están puestas las esperanzas de los familiares de las víctimas y de los organismos de derechos humanos, en especial Abuelas de Plaza de Mayo, que presentó la demanda en 1996.
Por tanto, a excepción de las causas que involucran a niños y niñas, el castigo para los autores de crímenes de lesa humanidad sólo será posible a partir de los juicios que lleven adelante jueces de terceros países.
Delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado como asesinato, desaparición forzada de personas, tortura, violación y robo ya fueron amnistiados por leyes sancionadas por un gobierno democrático. Los militares que fueron condenados se vieron, además, favorecidos por indultos presidenciales.
Una de las causas iniciadas en relación con el destino de los hijos de los desaparecidos intenta probar la existencia de un plan sistemático de las juntas militares para apropiarse de los bebés nacidos en centros clandestinos.
Este proceso apunta directamente a los comandantes que dieron el golpe de Estado en 1976 y a quienes los sucedieron en las juntas militares que dominaron Argentina durante casi ocho años.
Las restantes investigan casos concretos de menores secuestrados y entregados a otras personas con identidades falsas, e involucran a muchos oficiales de alta graduación.
Mientras avanzan estos procesos, el Congreso legislativo argentino aprobó por primera vez, luego de 15 años de democracia, la creación de un fondo de reparación histórica para que las Abuelas de Plaza de Mayo puedan continuar la búsqueda de sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos en la dictadura.
El fondo aportará a las Abuelas 25.000 dólares mensuales durante dos años, lo que les permitirá completar el Banco Nacional de Datos Genéticos, estructura indispensable para la identificación de los hijos de los desaparecidos que fueron secuestrados por represores y registrados con nombres falsos.
"Este ha sido un año satisfactorio. Hemos demostrado que hubo un plan sistemático para sustraer niños nacidos en los campos de concentración", dijo a IPS Rosa Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas, quien destacó la importancia del fondo adjudicado ante la reducción de los aportes que recibían del exterior.
Según Roisinblit, "no se puede hablar de alegría y tampoco se trata de venganza". "Creemos que los jueces actuaron correctamente, que no hicieron ningún favoritismo", sostuvo.
Pero a la satisfacción de las Abuelas por el resultado de esos procesos penales se contraponen las dudas de otra organización, Madres de Plaza de Mayo, quienes creen que los genocidas fueron arrestados para obstaculizar los procesos que desarrollan el juez español Baltasar Garzón y otros magistrados.
"Algo es algo, pero no nos deja conformes", indicó a IPS Mercedes Meroño, de la asociación Madres de Plaza de Mayo, organización de derechos humanos que reclama la aparición con vida de los desaparecidos durante la dictadura y el castigo a los responsables de la represión ilegal.
Si bien se alegran por la marcha de esos juicios, las Madres consideran que las detenciones en Argentina del ex dictador Jorge Videla, su compañero en la junta golpista, Emilio Massera, y otros militares se producen "para evitar que Garzón los extradite".
"Es una forma de protegerlos", aseguró Meroño.
"Los genocidas son responsables por 30.000 desaparecidos", recordó Meroño, quien advirtió sobre la utilización que el gobierno de Carlos Menem intenta hacer en el exterior de los juicios y los arrestos por el secuestro de menores.
"Cada vez que Menem viaja al exterior le preguntan por los desaparecidos y esto es una forma de decir que acá se está haciendo algo", agregó.
Roisinblit y Meroño coindieron en lamentar que los violadores de los derechos humanos estén en una "cárcel dorada", ya que a la mayoría se le ha concedido el beneficio del arresto domiciliario por tener más de 70 años o problemas de salud, de acuerdo con la legislación argentina.
En diciembre de 1996, las Abuelas iniciaron un proceso judicial para investigar el destino de más de 200 niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos.
Esos delitos son los únicos que no fueron incluidos en las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que se sancionaron en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, para poner fin a los procesos penales contra los represores.
Tampoco fueron parte de la acusación en los juicios que se llevaron a cabo en 1985 contra las juntas militares y por lo tanto no fueron contemplados en los indultos concedidos por Menem en 1990 a los comandantes de las juntas militares.
La desconfianza de las Madres tiene sus fundamentos. Es cierto que el asunto de los derechos humanos es el que más ha complicado a Menem en el escenario internacional, en especial por su decisión de indultar a Videla, Massera y otros militares.
El gobierno argentino se enfrentó con Garzón por los juicios que lleva contra los militares y se solidarizó con las autoridades chilenas en el caso del ex dictador Augusto Pinochet. detenido en Londres y con pedido de extradición pendiente formulado por ese juez español.
No obstante, para Roisinblit la detención de los militares no implica un impedimento para Garzón, ya que "si cualquiera de ellos se atreviera a poner un pie fuera del país sería apresado de inmediato".
"Están presos en su propio país, están sindicados como genocidas en todo el mundo y para siempre", dijo la vicepresidenta de Abuelas, para quien su agrupación "tiene el triste privilegio de haber conseguido el arresto de algunos comandantes y otros represores".
"Pero los verdaderos protagonistas son nuestros nietos, porque en ellos está la búsqueda de la verdad y la identidad", dijo Roisinblit, que todavía busca a su nieto, nacido en 1978 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Al menos 15 mujeres, entre ellas su hija Patricia, dieron a luz en ese centro clandestino de detención y aún se encuentran desaparecidas. (FIN/IPS/va/mj/hd ip/98
