Al cumplirse esta semana el 50 aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos, la humanidad cuenta con una victoria, en compensación por sus innumerables derrotas: el inicio del fin de la impunidad.
A pesar de sí mismo, el ex dictador chileno Augusto Pinochet tiene el privilegio de marcar un precedente que impedirá circular libremente por el mundo a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en el ejercicio del poder.
Ex dictadores como el indonesio Alí Suharto, el haitiano Jean- Claude Duvalier, el ugandés Idi Amin Dada, el uruguayo Gregorio Alvarez, o el etíope Mengistu Haile Mariam, deben estar observando el proceso con cierta justificada ansiedad.
Por decisión del ministro británico del Interior, Jack Straw, Pinochet deberá enfrentar en Londres un juicio por extradición a España, y probablemente luego a un tribunal español, para responder por los crímenes de terrorismo de estado y torturas.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional saludó la decisión como "la apertura de una nueva era" en la defensa de los derechos fundamentales de la humanidad.
La decisión británica, en respuesta a un pedido de extradición formulado por el juez español Baltasar Garzón, es la primera que afirma la preminencia de los derechos humanos como un principio universal.
Tal principio fue establecido formalmente por una conferencia internacional organizada este año en Roma por la Organización de las Naciones Unidas, que aprobó la formación de un Tribunal Penal Internacional, ahora en proceso de adhesión y ratificación.
Aunque el Tribunal no contempla la retroactividad -pese a que ciertos delitos, como el secuestro de personas, no tienen prescripción- fija el principio de la universalidad de ciertos derechos de las personas, que corresponden el espíritu de los firmantes de la Carta Universal de los Derechos Humanos.
El ex dictador argentino Jorge Rafael Videla tiene también una orden internacional de arresto dictada por el juez Garzón, y se encuentra actualmente detenido en su domicilio en Buenos Aires por el secuestro y cambio de identidad de bebés hijos de detenidas políticas.
Sin duda estimulados por los acontecimnientos, dos jueces argentinos están investigando activamente las denuncias en contra de Videla, el ex almirante Eduardo Emilio Massera y otros jefes militares involucrados en el secuestro de niños.
Pinochet está protegido en Chile por una ley de amnistía decretada por él mismo en 1978, y una norma constitucional – tambien establecida por su régimen- que lo nombra senador vitalicio en calidad de ex jefe de Estado, pese a que jamás fue elegido por los ciudadanos.
También en Argentina, las leyes de "Punto Final" y de "Obediencia Debida" aprobadas en 1987, y los indultos dispuestos luego por el presidente Carlos Menem, protegen a los jefes de la dictadura de los delitos de asesinato, desapariciones y torturas.
El secuestro de niños, sin embargo, no forma parte de la protección legal.
Sea cual sea su suerte, por su edad, Pinochet y Videla jamás tendrán que enfrentar la cárcel, pues los regímenes democráticos que los juzgan no contemplan la prisión para ancianos, un privilegio que no existía en sus países cuando ellos los regían.
Con el arresto de Pinochet se empezó también a desenredar rápidamente la madeja de la represión coordinada en los países del Cono Sur latinoamericano en la década de 1970, conocida hasta ahora sólo a retazos gracias a las organizaciones de derechos humanos.
Una jueza suiza pedió la extradición de Pinochet y Videla por el asesinato de un joven ciudadano suizo-chileno, arrestado en Buenos Aires cuando se dirigía a Chile, en 1977.
Alexei Jaccard fue una de las víctimas de la llamada "Operación Cóndor", coordinación represiva de las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
También adquirió, gracias al caso Pinochet, renovado vigor el tema del terrorismo de Estado internacional practicado por el régimen chileno que costó la vida al ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976 y al ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, muerto en un atentado en Buenos Aires en 1974.
El juicio que comenzó el viernes en Londres, mostró las heridas abiertas en los países donde los pactos de democratización se pagaron con impunidad: el Ejército de Chile, el miércoles, no sólo se solidarizó con su ex jefe, sino que reivindicó su régimen.
Estas declaraciones marcan probablemente el inicio de un nuevo proceso político en Chile, donde no hay traza del paradero de 1.500 prisioneros políticos desaparecidos, y donde la mayor parte de los militares identificados como violadores de derechos humanos está en servicio activo o en libertad.
Las ceremonias de conmemoración de la carta de derechos humanos, tuvo lugar el jueves, en diversas partes del mundo, sin duda un contenido a la vez más dramático, en algunas partes amenazador, pero sin duda más real que en otras décadas. (FIN/IPS/ak/ff/hd/98
