El ministro británico del Interior, Jack Straw, resolvió que el ex dictador chileno Augusto Pinochet permanezca en Gran Bretaña y enfrente la solicitud de extradición emitida por un juez español.
Un escueto comunicado de Straw indicó el miércoles que el caso del ex jefe de la dictadura militar chilena (1973-90) "deberá ser considerado por la justicia", negando así su retorno a Chile por razones humanitarias o políticas, como lo solicitó el gobierno chileno.
En términos legales, Straw no denegó ninguna petición a favor de Pinochet, sino que "autorizó" a la justicia británica a seguir su curso.
Pinochet se presentó el viernes ante un juez británico, dando inicio al proceso de extradición pedido por el juez español Baltasar Garzón, por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Cerca de 200 partidarios del ex dictador habían llegado a la capital británica en los últimos días para apoyar a su líder, pero ya uno de sus abogados había anticipado que las esperanzas de que Pinochet fuera liberado eran mínimas.
Fuentes judiciales estimaron que los abogados de Pinochet pedirán ahora un revisión judicial de la decisión de Straw.
Fuentes oficiales dijeron a IPS que Straw evitó sistemáticamente en las últimas semanas todo comentario o influencia directa de los miembros del gabinete o de su partido, con el fin de evitar objeciones técnicas en una eventual revisión judicial
El juicio de extradición puede demorar varios meses, y un abogado chileno dijo que el ex general de 83 años estaba conciente de que su retorno con vida a Chile es ahora improbable.
La extradición de Pinochet es también solicitada por tribunales de Francia, Suiza y Suecia, además de España, y es posible que Italia y Alemania se sumen también a la lista en las próximas semanas.
Pinochet fue arrestado el 16 de octubre por la policía británica, cuando se recuperaba de una operación de herina de disco en la London Clinic de Londres.
Inicialmente le fue concedida la inmunidad por una corte británica, en su condición de ex jefe de Estado, pero la decisión fue más tarde revocada por el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores, el máximo organismo judicial británico.
Organizaciones de derechos humanos consideraron que la decisión de los lores representa un hito en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, porque termina con la impunidad de los violadores de los derechos humanos en todo el mundo. (FIN/IPS/ks/ak/98
