Activistas y nativos de Malasia suspiraron aliviados el año pasado cuando el gobierno, en reacción a la crisis financiera asiática, archivó el proyecto de la represa de Bakun, de 2.400 megavatios, en el estado de Sarawak, al norte de Borneo.
A pesar del anuncio, la reubicación de 10.000 indígenas continuó, y la áspera controversia sobre los planes de construcción de la mayor represa del sudeste asiático, en el este de Malasia, no se apaciguó.
El último plan de desalojo involucra a 300 familias de la tribu kenyah, perteneciente a la tradicional comunidad malasia de Long Geng. Este grupo es el quinto de 15 comunidades desplazadas por culpa del proyecto que, según el plan original, sumergirá un área de unos 600 kilómetros cuadrados.
El propósito de la construcción de Bakun, a un costo de 4.000 millones de dólares, consiste en proveer electricidad a través del mar de China Meridional hacia Malasia peninsular mediante cables submarinos que habrían sido los más largos del mundo.
La crisis en Asia obligó a detener los planes, y Bakun fue uno de los tantos "megaproyectos" inconclusos del gobierno. No obstante, después que se anunció la interrupción de la obra, muchos funcionarios sugirieron que podría reducirse a 200 megavatios y dar energía sólo a Sarawak.
"Si ése es el caso, ¿por qué existe aún la necesidad de reubicar a los nativos cuando una represa pequeña es más que suficiente?", preguntó Kua Kia Soong, coordinadora de la Coalición de ONG Preocupadas sobre Bakun.
En septiembre, noticias de prensa dieron cuenta de que el primer contingente de familias de Bakun iba a ser desalojado según un plan de reubicaciones. Se trataba de 51 familias de la tribu ukit de Long Ayak y 128 familias de la tribu kayan, de Batu Keling.
En los primeros días de noviembre, más familias de la tribu kayan fueron desalojadas de las aldeas de Uma Daro y Uma Belor, y los activistas ahora se preguntan por qué las comunidades nativas están siendo reinstaladas a pesar de la incertidumbre sobre la represa.
"¿Por qué existe todavía la necesidad de reubicar a los nativos? ¿Se debe acaso a que el contrato para construir nuevos asentamientos ya fue otorgado?, preguntó Kua.
Tres de las 15 unidades de vivienda en el área de instalación están listas para ser ocupada, mientras las restantes se encuentran en distintas etapas de construcción. Todo el esquema de reubicación cuesta 79 millones de dólares, y cada familia realojada deberá pagar 13.000 dólares.
Las comunidades obtendrán ese dinero de las indemnizaciones por desalojo y préstamos gubernamentales que deberán ser pagados después del quinto año de reinstalación, durante un cuarto de siglo.
Los montos son demasiado elevados para los nativos. En la península, donde los niveles de vida son más altos, una casa modesta cuesta el equivalente de 6.648 dólares.
"Ahora, nativos indígenas en el rincon más apartado de Malasia se ven obligados a comprar unidades de vivienda en las areas de reubicación por 13.000 dólares", lamentó Kua.
Agregó que el gobierno estatal de Sarawak debería explicar por qué razón una minúscula unidad de vivienda les cuesta a las familias esa cifra. "Es que podrían quedar endeudados hasta el alma con la compañía contratista de los asentamientos", dijo.
La cuestión de las indemnizaciones ha tenido una historia larga y compleja en el proyecto de Bakun. Desde el principio, la incertidumbre sobre cómo serían calculadas las compensaciones abrumó a los indígenas.
La primera indemnización fue pagada en agosto de 1997 y terminó en un fiasco. Cheques por un total de 135.644 dólares fueron repartidos entre los jefes de las tribus, pero éstos los devolvieron porque aparentemente no sabían cómo fueron calculados.
Además, el costo de vida en el área de reubicación es muy alto, señaló Sem Kiong Angin, coordinador del Centro de Desarrollo de Poblaciones Indígenas. El precio de un kilo de azúcar en la localidad de Belaga, cercana al área de Bakun, es de 53 centavos de dólar, pero llega a 93 en los nuevos asentamientos.
Sem Kiong Angin también señaló problemas sociales entre los reubicados como alcoholismo, juego y falta de oportunidades educativas.
La agricultura tampoco resulta fácil. "Una parte de la tierra adjudicada a los desplazados se encuentra en lugares pantanosos, de modo que plantar es imposible", dijo.
El mes pasado, 50 representantes de 11 de las 15 comunidades del área de Bakun asistieron a una reunión por aquellos que no quieren ser reinstalados. Muchos advirtieron que permanecerán donde están aunque usen la fuerza para desalojarlos.
"Pónganme en la cárcel por el resto de mi vida para que mi pueblo se quede en su lugar", dijo un antiguo residente. (FIN/IPS/tra-en/an/js/mk/ego-ml/pr-hd/98
