El Congreso de Ecuador aprobó hoy una ley de reordenamiento tributario y financiero que impondrá un estricto control sobre la actividad bancaria.
La ley, que entrará en vigencia el 1 de enero de 1999, grava la circulación de capital en sustitución del impuesto a la renta mientras que, en otro artículo, habilita la creación de un sistema de garantía de depósitos como mecanismo de control sobre la banca.
El mecanismo legal instituye que las personas o empresas tributarám uno por ciento en las operaciones de cuenta corriente en moneda local o extranjera. El gravamen es también aplicable al resto de las operaciones bancarias.
La ley establece excepciones para los retiros de cuentas de ahorro, los pagos o cobros realizados por algunas instituciones estatales y de beneficencia.
Otra novedad introducida por la ley aprobada consiste en la anulación del endoso de cheques. También se instituye que el porcentaje de uno por ciento retenido por los bancos deberá ser volcado al fisco en un plazo de dos días.
La ley aprobada incluye la creación de una agencia de garantía para depósitos bancarios, encargada de intervenir los bancos en problemas y sanearlos.
La agencia de garantía estará integrada por el ministro de Finanzas, el superintendente de Bancos, el presidente del directorio del Banco Central y un representante de la sociedad civil nombrado por el Presidente de la República.
Para el fomento del empleo, la ley prevé que aquellos clientes de los bancos que quieran renegociar sus deudas deberán incrementar el número de trabajadores en base a la nómina existente en la última planilla de aportes a la seguridad social.
En medios oficiales se aguarda que el aparato productivo, afectado por el fenómeno climático de El Niño, se recupere una vez que sus deudas se refinancien y mejore la situación económica internacional.
El proyecto aprobado estaba incluido en el plan económico del gobierno de coalición que integran la Democracia Popular, del presidente Jamil Mahuad, y el Partido Socialcristiano (PSC), liderado por Jaime Nebot, redactor de la ley.
El Poder Ejecutivo había enviado la iniciativa al Congreso con carácter de urgente, para asegurarse que su deliberación no superara un plazo máximo de 15 días.
Las bancadas del Partido Conservador, Frente Radical Alfarista y Nuevo País sumaron sus votos a los dos partidos de gobierno para la aprobación de la ley. Los representantes del Partido Roldosista Ecuatoriano, Izquierda Democrática y Pachakutik (indigenista) abandonaron la sala durante la sesión.
Con la sustitución del impuesto a la renta, que recaudaba 370 millones de dólares, el gobierno aguarda embolsar una cifra equivalente a tres por ciento del producto interno bruto, unos 470 millones de dólares, para enfrentar un déficit fiscal estimado en 1.300 millones de dólares.
Los partidos de oposición se han mostrado críticos frente a la nueva ley puesto que, en su opinión, desfavorecerá a los sectores de menores recursos.
La diputada Nina Pacari, segunda vicepresidenta del Congreso y representante de Pachakutik, dijo a IPS que la norma aprobada no es constitucional, ya que no se ciñe al principio de proporcionalidad, según el cual quien más gana, aporta más.
Según la diputada indigenista, la ley afecta especialmente a los sectores populares y a aquellos que no tienen ingresos fijos al sobrevivir en base a pequeñas actividades, muchas veces retribuidas con cheques.
En opinión de Pacari, la ley ha sido aprobada para favorecer a las grandes empresas. "Quienes antes tributaban 25 por ciento sobre sus ganancias, hoy aportarán mucho menos", dijo.
A modo de ejemplo, Pacari mencionó a la empresa Cervecería Nacional que en el anterior marco legal aportaba "32.000 millones de sucres al fisco mientras que, con la actual ley, sólo pagará 3.000 millones".
En el caso las de empresas extranjeras, señaló Pacari, ese ahorro por concepto de aportes ni siquiera permanecerá en Ecuador. "El gobierno cobrará al pueblo ecuatoriano lo que el Estado no recaude por concepto de impuesto a la renta. Indignan desequilibrios de esta naturaleza", dijo.
Pacari afirmó que Pachakutik, partido que agrupa a líderes y simpatizantes de la causa indígena, había propuesto alternativas a la ley aprobada y responsabilizó al PSC de todas las consecuencias que este cambio tributario genere.
La representante afirmó que los funcionarios y aquellos que gozan de un empleo fijo se verán beneficiados porque pagarán menos, no así los que dependen de una actividad comercial que les obligue a continuos movimientos de dinero y cheques.
El analista Washington Herrera dijo a IPS que el impuesto del uno por ciento es inflacionario y añadió que se trata de un sistema obsoleto que fue eliminado hace 30 años en América Latina por injusto y dificultades técnicas.
"La ley hace que la tributación futura descanse sobre los hombros de la población en general, y no sobre los grupos económicos poderosos, incluidos los extranjeros que ya no pagarán impuesto a sus ganancias", dijo Herrera.
El analista afirmó que el salvataje del sistema financiero se hará con dinero del Estado, es decir, "de todos los ecuatorianos", que deberán aportar para evitar la quiebra de instituciones financieras mal manejadas.
Herrera calificó la situación como "injusta" y consideró que "los accionistas de los bancos retiran capital que asignan a sus empresas y, cuando el banco entra en crisis, recurren a la garantía del Estado mientras sus empresas siguen trabajando normalmente con el dinero de los depositantes".
En Ecuador, hasta 60 por ciento del patrimonio técnico de los bancos puede ser prestado a empresas de propiedad de sus accionistas.
La reciente crisis del Banco de Préstamos, originada en un préstamo excesivo dirigido a su grupo económico, hizo que la Cámara de Comercio de Quito haya solicitado una reforma que inhabilite ese tipo de operacioness.
Herrera es escéptico al respecto. "Desde hace seis años este país está tomado por el poder económico. Nada va a pasar en este gobierno que pueda tocar a los intereses de ese poder", afirmó. (FIN/IPS/gm/nc-ag/if/98
