Todas las miradas se dirigen ahora al ministro del interior de Gran Bretaña, Jack Straw, quien tiene el poder de liberar al ex dictador chileno Augusto Pinochet y negar a la justicia española la posibilidad de juzgarlo por crímenes contra la humanidad durante sus 17 años de gobierno (1973-90).
El Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores determinó el miércoles pasado que Pinochet no tiene la inmunidad soberana que le había atribuido el Tribunal Superior de Londres por su calidad de ex jefe de Estado, y de esa forma habilitó la posibilidad de la extradición del militar a España.
Straw tiene plazo ahora hasta este miércoles para decidir si da curso al pedido de la justicia española.
El presidente de Chile, Eduardo Frei, envió a Londres a su canciller, José Miguel Insulza, quien pidió directamente a Straw que libere a Pinochet por razones humanitarias, en base a su edad (83 años) y su estado de salud.
Grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales (ONG) advirtieron que Straw podría liberar a Pinochet si, como lo expresó la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, "intereses comerciales e invocadas razones de Estado predominan sobre el derecho internacional y la moralidad pública".
El abogado británico Geoffrey Bindman, en representación de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, señaló el riesgo de que Straw libere a Pinochet por razones "humanitarias o políticas", aunque otros estados europeos presentaron o están preparando sus propios pedidos de extradición.
"El próximo paso corresponde al gobierno británico", destacó Reed Brody, de Human Rights Watch. "Ahora tiene ante sí pedidos de extradición de España, Francia y Suiza".
"Por otra parte", denunció, "el gobierno de Chile presiona al de Gran Bretaña, incluso mediante chantaje comercial. Instamos al gobierno a hacer lo correcto y resistir esa presión. Londres procura tener una política exterior 'ética', y ésta es su oportunidad de demostrarlo".
En una carta escrita el día 16 a Straw, Human Rights Watch señaló que, aunque las leyes británicas sobre extradición le otorgan al ministro facultades discrecionales, debe ejercerlos "de modo razonable".
No sería razonable, se arguyó la carta, que se ignoren "la gravedad de los delitos del general Pinochet, la impunidad de la que seguirá gozando… cuando retorne a Chile, ni las obligaciones de Gran Bretaña con el derecho internacional".
En sus épocas de estudiante, Straw fue un conocido dirigente radical de la Unión Nacional de Estudiantes, tan de izquierda que fue investigado por los servicios de inteligencia británicos.
Ya maduro y al frente de la cartera del Interior, Straw adoptó una actitud más conservadora y tradicional, en línea con el deseo del líder del Partido Laborista, el primer ministro Tony Blair, de convertir al partido en una fuerza de centro-izquierda más "moderada".
Pero varias ONG y expertos jurídicos argumentaron que Gran Bretaña está obligada a permitir el juicio de Pinochet en España o a ordenar su proceso en un tribunal británico.
"Pedimos a Straw que cumpla con su obligación de acuerdo con las leyes internacionales para permitir el proceso judicial en Gran Bretaña o en el exterior", exhortó Sherman Carroll, de la Fundación Médica de Atención a Víctimas de Tortura.
"La Convención contra la Tortura de 1984 obliga a Gran Bretaña a procesar (a Pinochet) en Gran Bretaña. La Convención Europea sobre la Extradición también impone obligaciones" a este país, agregó.
Ahora que se aclaró la cuestión de la inmunidad, el gobierno británico será presionado para que juzgue a Pinochet en este país, sostuvo Bindman. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura declaró el jueves 19 que Gran Bretaña violaría tratados internacionales si no considera esta opción.
El Comité, integrado por 10 juristas independientes que vigilan el cumplimiento de la convención internacional contra la tortura, aprobada por la ONU en 1987, se manifestó luego de considerar un informe presentado por el gobierno británico.
Pero el fiscal de la nación no se muestra receptivo frente a esa posibilidad, dijo Carroll. "Hemos presentado al fiscal una serie de casos en cuatro ocasiones, todas las veces con nuevas pruebas, y todas las veces él respondió que no", dijo Carroll.
Bindman explicó que si Straw permite el proceso de extradición, este se planteará probablemente ante un tribunal superior y posiblemente de nuevo ante los Lores.
Pinochet fue detenido a pedido del juez español Baltasar Garzón el 16 de octubre, mientras se recuperaba de una operación de hernia de disco en una clínica de Londres.
El ex dictador asumió este año, al retirarse del mando del Ejército, un escaño vitalicio en el Senado chileno, como lo facultaba en su carácter de ex presidente la constitución promulgada durante la dictadura. Como legislador, Pinochet goza de inmunidad en Chile.
Un informe del gobierno chileno concluyó que 3.197 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de Pinochet después de que depuso al presidente Salvador Allende en el violento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. (FIN/IPS/tra-en/aw/dc/mom/rj/ml-aq/ip-hd/98
