El presidente de Argentina, Carlos Menem, expresó su preocupación por la situación judicial del ex dictador de Chile Augusto Pinochet y criticó el fallo del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña, que desconoció su inmunidad.
Menem defendió el principio de "cosa juzgada", lo que hizo evidente su preocupación por la situación de militares argentinos que fueron juzgados y condenados en 1985 por violaciones de derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983). Pinochet, en cambio, nunca fue enjuiciado en Chile.
En tanto, el ex fiscal adjunto en el juicio contra las juntas militares de Argentina, Luis Moreno Ocampo, consideró que la decisión de los lores "es tan histórica como la rendición del régimen nazi o la caída del muro de Berlín".
"Por primera vez en la historia, cada ciudadano del mundo tiene un derecho que es reconocido y hecho valer por cualquier juez del mundo", agregó Moreno Ocampo.
El arresto de Pinochet en Londres y los del ex general Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera en Buenos Aires, estos dos por el secuestro de bebés de desaparecidas, han reavivado el conflicto político y social provocado por las violentas dictaduras latinoamericanas y sus consecuencias.
Poco después de la detención de Massera el martes pasado, se constituyó el Grupo de Almirantes Retirados, que reúne a cien oficiales de la marina preocupados "por la prédica disolvente que se advierte en algunos medios de comunicación social en relación con las instituciones de la Nación".
Así lo expresaron en un comunicado, en el que aseguraron que "nada habrán de hacer que sea considerado como una desviación de los más elevados intereses que constituyen la razón de ser de las fuerzas armadas".
La detención de Pinochet solicitada por el juez español Baltasar Garzón, que investiga las violaciones de los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares latinoamericanas en los años 70 y 80, tiene una connotación especial en Argentina.
En abril de 1996, Garzón inició en Madrid un proceso "por los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y tortura, además de los hechos concretos que integran estas figuras" contra las dictaduras militares latinoamericanas que violaron los derechos humanos en los años 70 y 80.
Garzón ya imputóo a 153 militares y oficiales de las fuerzas de seguridad de Argentina y solicitó la captura internacional de 11 de los máximos responsables de la represión ilegal en ese país.
En diciembre de 1990, Menem indultó a los comandantes de las juntas militares, que habían sido condenados a cadena perpetua en los juicios en los que Moreno Ocampo fue el fiscal adjunto. Entre otros, se beneficiaron con su indulto Videla y Massera, hoy detenidos por el secuestro de hijos de mujeres desaparecidas.
Videla se halla con arresto domiciliario y Massera está solicitando un régimen similar, ya que la ley argentina contempla esa modalidad para los procesados de más de 70 años.
Sin embargo, la jueza que ordenó la detención de Massera, María Servini, no respondió aún al pedido de arresto domiciliario y solicitó la realización de exámenes médicos para verificar si el ex almirante tiene problemas de salud.
A excepción de los comandantes de las juntas que ocuparon el gobierno y de otros altos oficiales responsables de gravísimas violaciones, el grueso de los militares habían sido favorecidos con la sanción, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Los casos por sustracción y cambio de identidad de menores, en su mayoría de bebés nacidos en centros clandestinos de detención y cuyas madres continúan desaparecidas, son los únicos que se pueden seguir contra los represores en Argentina.
Por su parte, el ministro del Interior de Argentina, Carlos Corach, sostuvo que el gobierno de Menem defenderá los principios básicos de "territorialidad, irretroactividad y cosa juzgada", argumentos a los apeló para negarse a colaborar con Garzón.
"Los delitos deben ser juzgados donde fueron cometidos, la ley penal no puede ser retroactiva y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito", agregó Corach, quien en más de una oportunidad calificó a Garzón como un especialista en "shows mediáticos".
Para Moreno Ocampo, en cambio, el fallo de los lores ratificó que "ningún país tiene soberanía para violar los derechos humanos de una persona".
El ex fiscal recordó que cuando se discutió la Carta de las Naciones Unidas, hace 50 años, se acordó respetar los derechos humanos.
"A partir de ese momento, ningún gobierno puede reclamar la soberanía nacional para violar los derechos humanos", indicó, en un artículo difundido el viernes en la prensa de Argentina.
Tras el establecimiento del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad como delitos intenacionales, hubo coincidencia en que "cualquier juez nacional podía aplicar esas leyes internacionales", explicó Moreno Ocampo.
"Garzón fue el primero en hacerlo y la Cámara de los Lores en reconocerle sus facultades. Ningún gobierno que respete el estado de derecho puede oponerse. Por eso es histórico", afirmó.
De acuerdo con el ex fiscal, los juicios y las leyes de amnistía y los indultos tuvieron lugar en Argentina por la aplicación de las normas nacionales.
No obstante, Moreno Ocampo sostuvo que "ninguna de esas decisiones nacionales pueden dejar de lado la aplicación de las leyes internacionales". "Por eso las críticas (del gobierno argentino) a Garzón no tienen fundamento legal sólido", observó.
Las autoridades argentinas se han solidarizado con la posición del gobierno chileno en relación con Pinochet e insisten con el argumento de que la detención del ex dictador afecta "el proceso de reconstrucción de la democracia en Chile".
"Personalmente nos alegramos de cualquier castigo a los represores", aseguró Corach. Pero "todos sabemos cuáles son los principios que deben regir el derecho internacional y cuáles son sus fundamentos", agregó el ministro. (FIN/IPS/va/mj/hd ip/98
