Muestras de alegría, condenas a las dictaduras y llamados a la prudencia caracterizaron la reacción en España al fallo de la sala judicial de la Cámara de los Lores británica que negó inmunidad al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La decisión abre la puerta a la extradición de Pinochet solicitada por el juez español Baltasar Garzón, cuya tramitación puede durar un año, según las normas de procedimiento británicas.
El fallo emitido el miércoles pasado sólo niega la imnunidad del acusado, quien permanecerá detenido en Londres. Ahora un tribunal le tomará declaración, escuchará a las partes y determinará si corresponde o no la extradición.
A continuación podría presentarse una apelación, que sería resuelta por un tribunal superior.
Pero esa apelación también podría ser apelada, otra vez ante la Cámara de los Lores. Por último, el Ministerio del Interior británico, en el caso de que el dictamen de la Cámara concediese la extradición, deberá dar su visto bueno y ponerla en marcha.
El ex dictador está retenido en Londres desde el 16 de octubre, por pedido de Garzón, quien lo está procesando por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo.
Ese proceso no se paralizará mientras se tramite la extradición, ya que el juez Garzón se desplazará hasta Londres e interrogará allí al ex dictador con el fin de seguir instruyendo el sumario, señalaron a IPS fuentes judiciales.
Mientras, Gran Bretaña deberá atender las solicitudes de extradición recibidas desde España, Francia y Suiza y decidir a qué país lo envía, sin tomar en cuenta el orden en que ha recibido las peticiones ni la gravedad de los delitos que se le imputan.
Aunque se supone que lo lógico es que sea a España, por haber iniciado esta serie de procesos.
También el miércoles los diputados españoles aprobaron por unanimidad una declaración instando al Poder Ejecutivo a prestar el máximo apoyo a la decisión judicial sobre el caso Pinochet.
Asimismo expresaron su deseo de que se ponga en marcha lo antes posible el Tribunal Penal Internacional para el juzgamiento de violaciones graves de derechos humanos cuya creación se aprobó en julio en una conferencia de las Naciones Unidas en Roma.
El presidente del gobierno de España, José María Aznar, reiteró en rueda de prensa su respeto a la independencia judicial y a la democracia chilena. Asimismo, manifestó que el proceso judicial no afectará la cooperación y las relaciones de todo tipo entre su país y Chile.
El gobierno de Chile dio seguridad de que no habrá problemas para los ciudadanos ni los intereses españoles en el país latinoamericano, dijo el canciller Abel Matutes, quien hizo un llamamiento a la prudencia, para que no haya motivos para conflictos de ningún tipo.
La diputada socialista chilena Isabel Allende dijo en Madrid que el procesamiento de Pinochet demuestra que la humanidad está reaccionando frente a la violación de derechos humanos y de que se está fortaleciendo la conciencia de que esos delitos no deben quedar impunes en ningún país.
"Habrá un antes y un después de este proceso", destacó Allende, hija de Salvador Allende, muerto en ejercicio de la presidencia de Chile en el golpe de Estado dado por Pinochet el 11 de setiembre de 1973.
El Centro Salvador Allende expresó su "profunda satisfacción" y subrayó que la decisión de los Lores "marca un hito histórico en la justicia internacional y en la defensa de los derechos humanos".
En la céntrica y tradicional Puerta del Sol, en esta capital, centenares de personas esperaron ansiosas el miércoles el fallo londinense y lo celebraron con gritos de júbilo y lágrimas de alegría.
El abogado argentino Carlos Slepoy, quien dirige la acusación ante Garzón contra los ex dictadores de Argentina y sus cómplices, estaba entre esas personas, junto al secretario general de la Unión General de Trabajadores de España (UGT), Cándido Méndez.
Slepoy declaró que este juicio marca "una inflexión para la humanidad" y "ejemplifica que hay una solidaridad mundial y que los crímenes de lesa humanidad no reconocen fronteras, como tampoco la justicia para juzgarlos".
No obstante, Slepoy alertó acerca de que los ciudadanos y las organizaciones humanitarias deberán seguir presionando, pues el proceso de extradición es largo y complicado.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Juan Serraller, manifestó su júbilo por el fallo y alertó que las profecías sobre problemas internos en Chile son una maniobra de la ultraderecha.
"El pueblo chileno ya demostró, en un plebiscito, que no apoya a Pinochet y lo volvió a demostrar cada vez que fue convocado a las urnas, votando mayoritariamente a los partidos democráticos", concluyó. (FIN/IPS/td/mj/hd ip/98
