El respaldo del parlamento de Nicaragua a un eventual bloqueo al transporte comercial, marítimo y terrestre de Costa Rica agravó los problemas diplomáticos suscitados entre ambos países en los últimos meses.
El gobierno costarricense declaró por intermedio del vicecanciller Walter Niehaus que descree que el presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, tenga intenciones de aplicar tal bloqueo.
Este nuevo episodio aumenta las dudas y sospechas sobre una crisis cuyo origen resulta inexplicable para amplios sectores de ambos países.
Luis Guillermo Solís, ex director de Política Exterior de la cancillería costarricense, consideró que el pleito es "fruto de un desencuentro entre los dos gobiernos y de abordar problemas comunes en medio de una relación deteriorada".
"No hay ninguna razón lógica o geopolítica que justifique este deterioro", dijo Solís a IPS.
En realidad, Nicaragua y Costa Rica tienen suficientes problemas bilaterales para montar una crisis perpetua, pero esos inconvenientes se superaron en el pasado con una buena relación política, agregó.
El deterioro de las relaciones se originó el 17 de julio, cuando el gobierno nicaraguense decidió impedir la navegación de policías costarricenses armados por el río San Juan, que es limítrofe.
El río es de soberanía nicaragüense, pero el Tratado Cañas- Jerez y el laudo Cleveland, firmados el siglo pasado, otorgan a Costa Rica el derecho perpetuo de navegación y el deber de vigilancia y cuidado de la vía fluvial.
Costa Rica decidió bajar el tono del conflicto y decidió abastecer los puestos de vigilancia por tierra, con el fin de evitar incidentes que dificultaran una reconciliación entre ambos gobiernos.
El Congreso de Nicaragua aprobó el miércoles la moción sobre el bloqueo al transporte como una forma de "demostrarle al gobierno costarricense que nosotros también tenemos capacidad de ejercer presión", declaró el diputado Enrique Sánchez, del minoritario Partido Liberal Nacionalista.
Al parecer, los diputados votaron la moción en represalia por el pedido de ayuda que formuló Costa Rica a la Organización Internacional de Migraciones (OIM) para legalizar la estancia en el país de unos 500.000 inmigrantes nicaragüenses.
Esta medida permitiría mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses en Costa Rica, porque no se les podría pagar menos del salario mínimo. También los obligaría a pagar los servicios sociales que reciben, igual que los costarricenses.
Pero el primer secretario del Directorio Legislativo de Nicaragua, Noel Pereira, calificó la gestión de Costa Rica ante la OIM de "lamentable" y sostuvo que San José no se comportaba como "hermano vecino".
El planteo a la OIM fue una de las primeras acciones del del presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez, cuyo período comenzó el 8 de mayo, debido a la falta de acuerdo con Nicaragua en materia migratoria.
Solís, que estuvo a cargo del asunto en la cancillería durante varios años, consideró que los nicaragüenses tienen un punto de vista equivocado.
La función de la OIM es defender a los migrantes, en este caso nicaragüenses, explicó. "Si lo que le preocupa al presidente Alemán es que sus conciudadanos estén siendo explotados, tras su legalización van a recibir el salario adecuado y van a cobrar como cualquier costarricense", dijo.
Alemán emitió este miércoles un comunicado en el que expresó su deseo de que los miles de nicaragüenses que trabajan en Costa Rica, y que "son explotados" regresen poco al país.
Funcionarios diplomáticos atribuyen el conflicto al hecho de que los presidentes Alemán y Rodríguez "se aborrecen".
"Sería la única explicación para que ocurran este tipo de jugadas y estos incomprensibles actos de matonismo", afirmó Solís.
El ex funcionario recomendó canalizar el diálogo a través de la Comisión Binacional, integrada por miembros del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y de representantes de las comunidades fronterizas. (FIN/IPS/mso/mj/ip/98
