La extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, detenido en Londres a pedido del juez español Baltasar Garzón, depende en última instancia de una decisión política del gobierno del centroderechista José María Aznar.
Garzón investiga delitos de genocidio, terrorismo y torturas, e implica al ex dictador en la desaparición de 80 personas en Chile.
Garzón amplió el lunes los cargos contra Pinochet, en un auto en que calificó de "imprescriptibles" los crímenes de los que acusa al ex dictador. Los responsables de esos hechos "no disfrutan de inmunidad diplomática ni pueden obtener el estatuto de refugiado ni asilo político", advirtió.
Además, "todos los Estados del mundo están obligados a perseguirlos y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros estados", agregó.
La extradición de Pinochet a España es ahora una cuestión de tiempo y de política "compleja".
El tiempo lo determina la legislación británica, ya que los tratados respectivos establecen que el gobierno del país al que se le pide la prisión del acusado tiene la obligación de retener durante 40 días a éste, a la espera del pedido judicial de extradición.
En este caso, el plazo comenzó a correr el viernes 16, día en el que fue arrestado Pinochet en Londres. En cuanto a la cuestión política pasará, en última instancia, por la mano de Aznar.
El gobierno británico ya ha dicho por activa y por pasiva que se limitará a cumplir lo que determinen los jueces, y el chileno, aunque se opone frontalmente a la extradición y al juicio, no tiene ninguna posibilidad de decidir, ya que todo lo que ocurre y puede ocurrir está fuera de su jurisdicción.
Eduardo Fungairiño, fiscal jefe de la Audiencia Nacional Española, uno de cuyos seis juzgados de instrucción está a cargo de Garzón, afirma que el gobierno español está facultado para oponerse a la extradición.
El gobierno de Aznar podría hacer suya la posición de Fungairiño, con un alto costo político interno y externo.
Podría también, actuar con el "silencio administrativo", es decir dejar pasar el tiempo hasta que transcurran los 40 días, sin cursar el pedido de extradición. En ese caso, las autoridades británicas estarían obligado a dejar en libertad al ex dictador.
Al respecto, el catedrático de derecho penal Enrique Gimbernat dijo a IPS que si el gobierno no cursara el pedido de extradición, incurriría en el delito de prevaricación. Es decir, de actuar injustamente a sabiendas y en el ejercicio de funciones propias de su cargo.
Aznar declaró este martes que espera para tomar decisión el final de los recursos y que "a lo mejor, el gobierno ni se tiene que pronunciar".
Eso último sería así si una instancia superior a Garzón revocara el auto de detención y el pedido de extradición, que el juez actuante cursará antes del viernes, según fuentes judiciales.
La principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, advirtió que el gobierno no sólo no puede inhibirse, sino que "debe mojarse" (involucrarse) y defender el interés público, con un apoyo explícito a la extradición de Pinochet.
El presidente de Cuba, Fidel Castro, de visita en España, dijo este martes que el auto dictado por Garzón "es moralmente justo, legalmente cuestionable y políticamente complejo. porque pone en peligro la unidad de las fuerzas progresistas chilenas".
El escritor Manuel Vázquez Montalbán, de ideas izquierdistas, predijo en su habitual columna en el diario El País que el gobierno español no pedirá la extradición, "porque lo políticamente correcto es no complicar las relaciones de Estado con Chile".
Vázquez Montalbán comentó que en el mundo globalizado ya no queda soberanía en economía, ciencia, técnica, información, cultura ni estrategia, "pero en represión, sí".
Por eso pidió que el gobierno de Aznar demore 42 días en decidir su posición, para que "el anciano verdugo se pudra en su jaula 42 días, pago mínimo por los miles de años y sueños que ha quitado a sus víctimas". (FIN/IPS/td/ff/ip/98
