El juez español Baltasar Garzón ratificó hoy la orden de prisión incondicional del ex dictador chileno Augusto Pinochet, así como la orden internacional de detención y el pedido para interrogarlo en Londres, donde se encuentra detenido desde el día 16.
En tres autos dictados este martes, Garzón desestimó igual número de recursos presentados por el fiscal Eduardo Fungairiño, por los que pedía la nulidad de las actuaciones del magistrado.
El juez, que actúa en función de una denuncia presentada por familiares de españoles víctimas de la represión ilegal durante la dictadura de Pinochet (1973-89), ratificó asimismo una "comisión rogatoria", un instrumento jurídico por el cual se puede interrogar a detenidos o procesados en otro país.
Fungairiño, calificado por Joan Garcés, representa legal de las víctimas, como "abogado personal y abanderado de Pinochet", apeló las medidas del juez por considerar que en Chile no se produjo genocidio y por entender que los tribunales españoles carecen de autoridad para juzgar al ex dictador.
Uno de los autos firmados por Garzón confirma también los motivos de la detención de Pinochet, por la desaparición de 94 personas.
Por otro lado, el juez recibió copia de un escrito enviado desde Asunción por el cual el abogado Martín Almada, defensor de derechos humanos, urge a la justicia de su país a unir su compromiso "para profundizar la investigación promovida por el juez español Baltasar Garzón sobre el terrorismo de Estado".
El escrito solicita que se libre oficio al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas paraguayas para que remita al juzgado una copia autenticada de un informe sobre la Operación Cóndor, que implicó en la represión a las dictaduras del Cono Sur de América entre 1973 y 1990.
Almada señala que el coronel Francisco Ramón Ledesma Samudio, oficial de enlace del ejército Paraguayo con la Conferencia de Ejércitos Americanos, presentó a sus mandos un informe formal al respecto en julio de 1997.
En España continúan las acciones ciudadanas reclamando que se juzgue a Pinochet. Este martes, 20 organizaciones políticas, sindicales y de defensa de los derechos humanos presentaron un "manifiesto contra la impunidad".
El manifiesto será entregado este miércoles a Siro García, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el jueves deberá resolver sobre la competencia de la justicia española, ya que Fungairiño se dirigió a aquella para impugnar la instrucción que está realizando Garzón.
En el manifiesto se señala que "por encima de las razones de oportunidad política" o de Estado está la justicia, por lo que piden a la Sala que actúe en consecuencia y al gobierno que no interfiera en el proceso judicial en marcha.
Amnistía Internacional, una de las organizaciones firmantes del manifiesto, comenzó a realizar este martes manifestaciones ante los tribunales de justicia de toda España para reforzar la idea de que se está ante un caso jurídico y no político.
En el plano político, el principal apoyo parlamentario con que cuenta el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, la coalición del nacionalismo moderado y mayoritario de Cataluña, se pronunció este martes a favor de que se tramite la extradición de Gran Bretaña, si así lo decide la justicia española.
La principal fuerza de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, se pronunció en el mismo sentido por boca de su secretario general, Joaquín Almunia, desautorizando así de manera expresa a Felipe González, quien dijo que la justicia española es incompetente para juzgar al ex dictador.
Mientras, llegan noticias de toda Europa anunciando manifestaciones reclamando que se juzgue a Pinochet y nuevas denuncias en su contra, en Suecia, Suiza y Francia.
Después de que el jueves se pronuncie la sala presidida por Siro García, Garzón podrá viajar a Londres a interrogar a Pinochet y, al mismo tiempo o inmediatamente después, solicitar su extradición, para juzgarlo en España. (FIN/IPS/td/ag/ip/98
