Casi cuatro millones de estadounidenses no podrán votar en las elecciones del mes próximo debido a leyes estaduales que privan del derecho al sufragio a convictos y ex convictos, denunció hoy Human Rights Watch.
La organización de defensa de los derechos humanos señaló que esas reglas castigan especialmente a los hombres negros: "A uno de cada cuatro hombres negros se les quita el derecho a votar en siete estados. Y en Alabama y Florida, la proporción es uno de cada tres".
Casi todos los estados de Estados Unidos niegan a los reclusos el derecho a votar, pero 14 les quitan ese derecho incluso después que cumplieron sus condenas, denuncia el informe publicado el jueves.
"Esas personas pagaron sus deudas a la sociedad. No hay ningún otro país en el mundo que quite el derecho a votar por toda la vida", observó Jamie Fellner, consejera de Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York.
El informe se titula "Pérdida del voto: Las leyes de privación del derecho al sufragio en Estados Unidos", y es el primer análisis estado por estado de esas reglas en relación con la delincuencia. La organización Sentencing Project también participó en el estudio.
La privación del derecho al sufragio es una práctica que se arrastra de la Edad Media, cuando quienes violaban la ley eran marginados de la comunidad y sufrían una "muerte civil", señala el informe.
Agrega que la práctica fue traída desde Europa a las colonias que luego formaron Estados Unidos y resucitada a fines del siglo XIX por blancos que la usaron junto a otras estrategias para impedir que los afroestadounidenses votaran.
Actualmente, un ciudadano puede perder el derecho al voto por delitos relativamente menores: alguien sentenciado una vez a libertad condicional por vender drogas puede perderlo para siempre, indicó HRW.
"Ningún otro país democrático le niega a tanta gente -tanto en números absolutos como proporcionales- el derecho a votar debido a condenas por delitos mayores", aseguró la organización.
Añadió que estos castigos "parecen singularmente excesivos y racialmente discriminatorios, en violación de los principios democráticos y las leyes internacionales de derechos humanos".
Aproximadamente 3,9 millones de estadounidenses -uno de cada 50 adultos- perdieron de manera permanente el derecho al voto debido a una condena por un delito. De ellos, 1,4 millones ya cumplieron su sentencia, informó HRW.
Unos 1,4 millones de afroestadounidenses perdieron ese derecho, lo cual representa 13 por ciento de la población adulta masculina negra. Entre los hombres negros, la proporción de ciudadanos privados del derecho al sufragio es siete veces más alta que el promedio nacional.
Treinta y seis por ciento del total de personas privadas del derecho de elegir a sus gobernantes son hombres negros.
Hay 10 estados del país en que a uno de cada cinco hombres negros se les quita el derecho a votar, y en siete de esos estados, uno de cada cuatro hombres negros pierde ese derecho para siempre.
El informe advierte que, de seguir la actual tendencia en los encarcelamientos, a tres de cada 10 hombres negros en la próxima generación se les quitará el derecho al sufragio en algún momento de su vida.
En los estados con leyes de votación más estrictas, se espera que a 40 por ciento de los hombres afroestadounidenses se les revoque ese derecho.
"Nuestra democracia se debilita cuando se bloquea el acceso de un sector de la población al proceso de votación", previno el representate demócrata John Conyers, del comité judicial de la Cámara de Representantes y miembro de la Asamblea Negra del Congreso.
La mayor proporción de encarcelamientos y privación del derecho al voto entre los negros se debe en parte a las duras sentencias que se aplican como parte de la "guerra a las drogas", opinaron los autores del informe.
La proporción de negros cada 100.000 personas detenidas por drogas es seis veces más alta que la de blancos.
Si bien el Departamento de Justicia estima que los afroestadounidenses representan entre 13 y 15 por ciento del total de consumidores de sustancias estupefacientes, 36 por ciento de los detenidos por posesión de drogas son negros.
El estudio de HRW informó que en 14 estados los ex convictos pueden perder su derecho al voto para siempre, dependiendo del tipo de crimen cometido. Diez de ellos privan definitivamente de ese derecho a todos los ex convictos que han cumplido su sentencia: Alabama, Delaware, Florida, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nevada, Nuevo México, Virginia y Wyoming.
Arizona y Maryland privan para siempre del derecho al sufragio a aquellos condenados por un segundo delito grave; mientras Tennessee y Washington se lo quitan a los condenados antes de 1986 y 1984 respectivamente.
En Texas, el derecho a votar de un convicto sólo se restaura dos años después de cumplir con su condena o de terminar su libertad condicional.
El informe cita ejemplos de personas condenadas por delitos menores pero que igual perdieron su derecho al sufragio en forma permanente.
A Abran Ramírez se le impidió votar por el resto de su vida en California debido a una condena por robo 20 años atrás, por la cual cumplió tres meses de prisión y 10 de libertad condicional.
A otro ciudadano citado por el estudio se le quitó en Mississippi el derecho a votar para siempre porque admitió ser culpable de librar un cheque sin fondos por 150 dólares.
En teoría, los ex delincuentes pueden recuperar el derecho a sufragar, pero en la práctica es casi imposible: en ocho estados se necesita una orden del gobernador y en dos estados la acción de la junta de perdones, informaron los autores del estudio.
En Virginia, por ejemplo, sólo 404 de 200.000 convictos recuperaron el derecho a votar en los últimos dos años. En Florida, un ex condenado debe esperar 10 años después de completar su sentencia antes de ser elegible para solicitar el perdón gubernamental con el fin de recuperar ese derecho.
HRW concluyó que la privación del derecho al voto constituye "un anacronismo político que refleja valores incompatibles con los principios democráticos modernos".
Reclamó así mismo que el Congreso apruebe una legislación para restaurar el derecho de voto en las elecciones federales, de manera que no sean restringidos por las leyes de los distintos estados.
La organización propuso además que los parlamentos estaduales eliminen las leyes que privan del sufragio a las personas condenadas por delitos graves en sus estados. (FIN/IPS/tra-en/lv/di-ml/hd/98
